Siguen olvidadas las comunidades del norte de Ponce tras huracán y temblores

“Con esta negligencia lo que se está buscando es el desalojo forzoso de las comunidades pobres del norte de esta ciudad”, denunció el líder comunitario Ernie Rivera Collazo.

Foto archivo

En las comunidades pobres en el norte de Ponce, palabras como “progreso”, “esperanza” y “calidad de vida” han desaparecido del léxico. Ahí, en el olvido absoluto y bajo la sombra de la negligencia gubernamental, solo se aspira a sobrevivir.

A ocho meses del terremoto del 7 de enero, aún hay familias viviendo en casetas o estructuras agrietadas e inseguras en el sector Sonadora de Ponce.

Peor aún, al cumplirse tres años del azote del huracán María, todavía es posible ver a familias ponceñas viviendo bajo toldos azules en los sectores Aguacate, San Patricio y Guaraguao.

Ni siquiera el insaciable afán por pescar votos en la antesala electoral ha sido capaz de movilizar a los políticos y al aparato gubernamental para atender las necesidades apremiantes de las comunidades en el norte de la ciudad.

“Lo que había justo después del terremoto de enero, es exactamente lo que hay ahora. No ha cambiado nada. No se ha ayudado en nada. Las comunidades estaban olvidadas antes y están olvidadas ahora”, denunció Ernie Xavier Rivera Collazo, líder comunitario de Tibes y otros sectores de la zona rural ponceña.

Según explicó, el estado deplorable de las carreteras -destruidas por hoyos, asechadas por la maleza y con poca o ninguna iluminación- sigue siendo ignorado, a pesar de incontables reclamos públicos.

El agrietado puente en el kilómetro 23.4 de la carretera PR-139 en La Carmelita -una amenaza latente para la seguridad de miles de ponceños que aún transitan por él diariamente- lleva tres años en idéntico estado, desde el huracán María en el 2017.

Aun así, los residentes esperan por acción del Departamento de Transportación y Obras Públicas o alguna gestión proactiva del gobierno municipal.

“El puente está peor. Ellos saben que la comunidad tiene que seguir usando ese puente, pero no han hecho absolutamente nada. Esperando que ocurra una desgracia”, sentenció Rivera Collazo.

“En nuestras comunidades se necesitan vados, arreglar puentes y carreteras, construir desagües para que las calles no se dañen. Hay que arreglar la iluminación y ayudar a personas que perdieron sus casas y aún viven en casetas. Pero aquí se ha perdido el tiempo por años”.

Asimismo el deshierbo, abandonado por completo por las autoridades municipales y estatales, es atendido por los propios residentes.

En casi irónica respuesta, legisladores de la zona han entregado podadoras a habitantes para que sean ellos quienes se encarguen de la tarea que, en cualquier otro lugar de Ponce y el país, le corresponde al gobierno.

“En las urbanizaciones el municipio va y realiza deshierbo, cuando se acuerda. Acá, como les queda lejos y la gente es pobre, pues que se encarguen ellos mismos”, lamentó Rivera Collazo.

“El municipio trata de desvincularse del asunto, diciendo que son carreteras estatales. Pero los residentes de aquí son ponceños y les están pidiendo ayuda hace rato”, continuó.

En días recientes, la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, anunció la firma de un contrato con una constructora para gestionar un programa relámpago de mejoras, financiado por la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA, en inglés).

Las obras, que comenzarán la semana próxima, se concentrarán en instalaciones recreativas y carreteras, y deberán ser completadas en 60 días o menos, justo a tiempo para las elecciones generales.

Las obras anunciadas, empero, no incluyen a La Carmelita, Sonadora y otras comunidades del norte de la ciudad.

Heridas abiertas

Sin embargo, el peor saldo del abandono de estas comunidades se centra en la desesperanza de personas que se quedaron esperando por una mano amiga que nunca llegó, tras el desastre del huracán María y los temblores de este año.

Entre ellas resalta Zory Méndez Laracuente, líder comunitaria del sector La Carmelita, cuya vivienda sufrió daños por los sismos de enero. Aun así, tuvo que regresar a la estructura por falta de opciones y ayuda.

Aunque durante meses durmió en una caseta de campaña junto a su familia, las fuertes lluvias de la tormenta Isaías dañaron su carpa y le obligaron a regresar a su vivienda insegura.

Hasta el cierre de este reportaje, duerme en la sala de su residencia, por temor a más temblores.

Mas a pesar de esto, Méndez Laracuente se canta afortunada. Según explicó, cerca de su casa un matrimonio joven y una menor de dos años aún vive en una caseta tras perder su vivienda el pasado 7 de enero.

La escena se repite en el sector Sonadora.

Allí Ruth Hernández Feliciano, una madre de 23 años de edad, continúa refugiada en una casucha improvisada de 12 pies de largo y ocho pies de ancho, junto a su esposo y dos hijas.

Su precaria situación fue reseñada en las páginas de La Perla del Sur el pasado mes de febrero. Sin embargo, la ayuda del gobierno nunca llegó. El único auxilio recibido provino de familiares y ciudadanos conmovidos por su odisea.

“A los que vivimos en los campos se nos da las sobras, si es que sobra algo. Yo no pretendo que el gobierno venga a resolvernos todo, pero caramba, nosotros también somos ponceños. ¿Será que nos ignoran porque no hay suficientes votos aquí?”, criticó Méndez Laracuente.

“Me da coraje, porque ahora la alcaldesa anda por ahí anunciando todos los proyectos que supuestamente van a hacer antes de las elecciones. ¿Cómo es posible que en todo el cuatrienio no hizo nada y ahora, de momento, hay dinero para ayudar en ciertas áreas y aquí no?”, puntualizó frustrada.

Con los dedos cruzados

Por último, Rivera Collazo denunció que las recientes tormentas dejaron al descubierto el precario estado de la red de distribución eléctrica en la zona, presuntamente rehabilitado a un costo multimillonario luego del huracán María.

De hecho, las lluvias y ráfagas que causaron horas de interrupciones en el servicio eléctrico del área urbana de Ponce, resultaron en apagones de hasta una semana en varias comunidades de la ruralía.

Como era de esperar, la situación abrió innecesariamente las heridas de un trauma que los angustió durante meses. De igual modo, reavivó su más hondo temor: que otro temporal los azote durante las semanas pico de la temporada de huracanes.

“Nos quieren sacar de aquí arriba, así que para ellos (AEE) no es prioridad venir a reforzar el sistema. Y aquí cuando se va la luz, el agua no llega. La idea es que nos vayamos, para simplificarles la vida”, argumentó el líder comunitario.

“Con esta negligencia lo que se está buscando es el desalojo forzoso de las comunidades pobres del norte de esta ciudad”, continuó Rivera Collazo.

“Nosotros aquí no estamos preparados para enfrentar otro huracán. No nos queda remedio que cruzar los dedos”, concluyó.

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