Transición: larga la lista de interrogantes que Meléndez Altieri deberá responder

Entre los temas que deberán discutirse resalta el uso que la administración municipal dio a decenas de millones de dólares en préstamos contraídos entre los años 2010 y 2014,
cuando el ayuntamiento aún gozaba de margen prestatario.

Foto Archivo

A lo largo de los 12 años de mandato de la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, peticiones para la divulgación de información pública -formuladas por periodistas, legisladores municipales de minoría y hasta gremios sindicales- fueron reiteradamente ignoradas o rechazadas por la administración municipal.

La negativa del ayuntamiento para divulgar información puntual sobre el manejo de las finanzas públicas, su nómina de empleados y la contratación de empresas externas, incluso, ha resultado en pleitos legales y acciones concertadas para no rendir cuentas.

No obstante, a solo horas de que inicie la transición oficial a una nueva administración municipal, La Perla del Sur repasa algunos de los tópicos que aguardan por transparencia y, potencialmente, aflorarán durante la auditoría forense que el alcalde electo, Luis Irizarry Pabón, se comprometió a realizar.

La deuda a largo plazo

Entre los temas principales resalta el uso que la administración municipal finalmente dio a decenas de millones de dólares en préstamos contraídos entre los años 2010 y 2014, cuando el ayuntamiento aún gozaba de margen prestatario.

En ese periodo, Meléndez Altieri autorizó un total de 13 empréstitos, por la suma de $79.5 millones, sin contar los intereses. De esos, cuatro por la suma global de $52 millones, o el 65 por ciento de los créditos aprobados, se tramitaron para “actividades operacionales”, según consta en informes de auditoría (Single Audit).

Como ha reseñado La Perla del Sur desde entonces, por años la administración ha asumido la dañina práctica de tomar prestado para cubrir gastos operacionales recurrentes.

A modo de ejemplo, en septiembre de 2013 este semanario divulgó cómo la administración de Meléndez Altieri se disponía a utilizar un préstamo de $10,040,000 para abonar a deudas contraídas con una larga lista de agencias y suplidores.

Entre ellas, $3.2 millones para la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y otros $712 mil para los pensionados de la ASR.

Asimismo, $2 millones adeudados por incumplimiento de pago a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), $2.8 millones a Consolidated Waste Services, $140 mil a la firma de contabilidad López-Vega CPA, $135 mil a Almacenes Peña, $49 mil a la Puerto Rico Telephone Company, $43 mil a Microsoft Caribbean y $30 mil al bufete McConnell Valdés LLC.

Y aunque semanas atrás Meléndez Altieri alegó en conferencia de prensa que ya había saldado los préstamos que adoptó durante su administración, la auditoría externa (Single Audit) de 2018 evidencia que a ese momento la alcaldesa no había liquidado ninguno de los 13 préstamos.

De hecho, añade que todos sus empréstitos tienen fecha de vencimiento entre los años 2025 y 2038, y que nueve de ellos caducan entre el 2035 y 2038.

Según consta en las auditorias del propio ayuntamiento, 12 de los 13 préstamos tienen tasas de interés de entre 6.0 y 7.5 por ciento, sumando millones en pagos de intereses a los largo del contrato.

Deuda con suplidores y agencias

Otro tópico carente de transparencia se centra en las deudas por incumplimiento de pagos a varias de agencias gubernamentales.

Por años, la administración municipal acumuló deudas por este concepto, para luego gestionar planes de pago con los que comprometió ingresos futuros. Esta práctica fue particularmente común con la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y la AAA, resultando en deudas millonarias.

Por no remitir a la ASR millones de dólares que retuvo a cientos de empleados municipales de Ponce, en junio de 2019 la alcaldesa fue referida al Departamento de Justicia -Estatal y Federal- por la Junta de Control Fiscal.

Poco después de conocer la noticia, el ayuntamiento gestionó –a toda prisa- un pago de $4.2 millones para Retiro.

Sin embargo, para agosto de 2016 su deuda total con la ASR escaló hasta los $14.2 millones, mientras que su deuda con la AAA superaba los $10.6 millones.

Al cierre de esta edición, el balance de estas deudas no se ha divulgado.

De igual forma, el ayuntamiento se ha rehusado a revelar el balance de las deudas que arrastra con una larga lista de suplidores locales: situación que ha obligado a la alcaldía a recurrir a empresas fuera de la región para contratar servicios.

Tan temprano como el 27 de septiembre de 2013, La Perla del Sur ya solicitaba, tanto a Meléndez Altieri como a su equipo asesor, una lista detallada de los suplidores a quienes el ayuntamiento adeudaba pagos, pero desde entonces la alcaldesa ni sus ayudantes han respondido a la solicitud.

Transferencias de fondos restrictos

Por otra parte, durante el mandato de Meléndez Altieri han aflorado denuncias sobre trasferencias ilegales de fondos públicos, entre cuentas restrictas y cuentas corrientes en el ayuntamiento, sin que la alcaldesa rinda cuentas por las mismas.

En septiembre de 2013, La Perla del Sur evidenció cómo la administración transfirió $3.3 millones de fondos restringidos a varias cuentas corrientes del ayuntamiento. Esto, en un periodo de 15 días previo a las elecciones generales del 2012.

Los mismos habían sido asignados por la Legislatura Estatal para obras en diversas comunidades ponceñas.

Las transferencias irregulares coincidieron con denuncias hechas por el entonces representante novoprogresista Luis “Tato” León Rodríguez, quien reveló que la administración municipal había incumplido con múltiples obras para los cuales él había asignado cientos de miles de dólares en fondos legislativos.

El hallazgo, posteriormente fue confirmado en una auditoría externa (Single Audit). Sin embargo, el asunto nunca fue investigado por la Oficina del Contralor, ni el Departamento de Justicia.

Según supo este semanario, dicha práctica fue parte de un esquema que se gestionaba desde la Oficina de Finanzas Municipal, para cubrir insuficiencias de fondos en caja y para sufragar costos operacionales recurrentes.

Movimientos de la nómina

Otro tema que se prevé estará en discusión durante el proceso de transición es el manejo de la nómina municipal durante los pasados 12 años.

A pesar del recorte de 50 por ciento de jornada y sueldo que la alcaldesa ha mantenido durante años, a su administración se le imputa haber seguido reclutando personal, contrario a legislación que ella misma ordenó.

Incluso, denuncias sobre el reclutamiento de empleados transitorios en la antesala a periodos electorales, por consideraciones estrictamente políticas, trascendieron más de una vez a la prensa, por lo que en abril de 2015 el entonces legislador municipal y hoy alcalde electo acudió al tribunal para reclamar la entrega de información pública sobre la nomina municipal.

Dos años después, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una orden “final y firme” para que la alcaldesa entregara los documentos requeridos sobre la nómina municipal. Aun así, durante meses arrastró los pies para cumplir, al someter listas incompletas y sin nombres de empleados.

Tras recibir la información solicitada, Irizarry Pabón realizó una investigación que concluyó que decenas de empleados habían sido contratados de forma ilegal.

Asimismo, en diciembre de 2019 la Oficina del Contralor publicó los resultados de una investigación de su Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal, donde se determinó que la alcaldesa nombró de forma ilegal a ocho jefes de dependencias municipales, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.

Como resultado, se declararon nulos los nombramientos y se ordenó a Meléndez Altieri a gestionar el recobro de los salarios devengados, suma que alcanzó los $174,723 en pagos indebidos.

Al cierre de esta edición, aún se desconoce si el dinero ha sido recobrado.

El número real de las contrataciones

Otra interrogante que deberá ser respondida es el gasto real incurrido en contrataciones de servicios externos, incluyendo relaciones públicas, propaganda y asesoría.

Por años, La Perla del Sur ha documentado la incesante contratación de figuras externas para resaltar la imagen de la alcaldesa, y para agraciar a aliados políticos y donantes de campaña.

Legisladores de minoría y sindicatos de los empleados municipales han denunciado reiteradamente la redundancia de muchas de estas contrataciones, al existir estructuras paralelas con personal municipal capacitado para realizar los trabajos subcontratados.

Pese a esto, el ayuntamiento no ha divulgado datos confiables sobre la totalidad de estas contrataciones, como tampoco pormenores sobre las funciones realizadas y cuánto le han costado al erario.