Tiran la toalla: Fiscalía archiva cargos contra peñolano opuesto a las cenizas de carbón

El pasado viernes, la fiscal Jackeline Pizarro reconoció en el Tribunal de Ponce que el ministerio público “no estaba listo, ni estará listo en el futuro” para presentar su caso contra el activista Jimmy Borrero Costas, quien fue arrestado durante una manifestación el 1 de agosto de 2017.

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Luego de más de un año de dilaciones y maniobras legales que prolongaron el caso, la Fiscalía de Ponce pidió archivar los cargos que 15 meses atrás radicó contra Jimmy Borrero Costas, uno de los líderes comunitarios peñolanos opuestos a las cenizas de carbón.

En una vista celebrada el pasado viernes en la Sala 402 del Tribunal de Ponce, la fiscal Jackeline Pizarro reconoció en corte -en representación de la fiscal Marjorie Gierbolini- que el ministerio público “no estaba listo, ni estará listo en el futuro” para presentar su caso.

Borrero Costas fue arrestado durante una manifestación cercana al vertedero de Peñuelas el 1 de agosto de 2017, por alegadamente agredir a un policía, un delito grave según el Artículo 245 del Código Penal. La imputación conllevaba una condena fija de tres años de cárcel.

La solicitud de la Fiscalía para archivar los cargos, empero, provocó la indignación del abogado de la defensa, Martín González Vázquez, quien sorprendió a los presentes con su opocisión a la moción.

En su lugar, reclamó que se desestimaran los cargos y se declarara “no causa”, para así limpiar el récord y el nombre de su cliente, ante la admitida incapacidad de la Fiscalía para evidenciar sus imputaciones.

“Aquí no había caso. Esto fue una fabricación de caso en contra de Jimmy Borrero para sacarlo de la línea de piquete”, recalcó González Vázquez.

“El ministerio público puede pedir que se archive un caso y el acusado no tiene nada que decir. Este es el segundo caso que yo tengo en 44 años que yo me opongo a un archivo”, añadió.

Tras escuchar los argumentos de la defensa, la Fiscalía se opuso a esta petición, reiterando su moción para archivar el caso.

Por su parte, la jueza Zaira Torres Moro denegó la petición de “no causa” y procedió a archivar los cargos, como solicitó la Fiscalía.

“Yo le tengo mucho respeto a la jueza, pero se equivoca. Si no hay prueba, tiene que determinar no causa”, insistió González Vázquez.

“La desestimación equivale a una absolución, el archivo no. Un archivo es que el ministerio público tiene la potestad de no seguir el caso, sin dar una explicación”, abundó.

“Como quiera, es una victoria para Peñuelas y el pueblo de Puerto Rico y es un ejemplo a seguir. Aquí una comunidad ha sacado la cara por todo Puerto Rico”, añadió el abogado.

Denuncia esfuerzo coordinado

Por otra parte, González Vázquez acusó al Gobierno de utilizar a la Policía de Puerto Rico para beneficiar a AES Puerto Rico, mediante el arresto de Borrero Costas. Asimismo, culpó a la Fiscalía de Ponce por alargar el proceso legal, sin pruebas para su caso.

El veterano abogado en Derecho Ambiental planteó además que el arresto de su cliente sigue “el libreto utilizado por la uniformada” para desarticular movimientos de protesta, arrestando selectivamente a sus líderes y formulándoles cargos como mecanismo de intimidación.

En la mayoría de estos casos, las imputaciones terminan archivadas o desestimadas por falta de evidencia, argumentó.

“Esto es algo que tiene que conocer el pueblo”, sentenció. “No se puede quedar aquí en esta sala. La gente tiene que saber lo que las autoridades están haciendo”.

“Esto raya en la irresponsabilidad”

Por su parte, el portavoz del Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, José Manuel Díaz Pérez, arremetió contra la Fiscalía de Ponce y la acusó de mezquindad, al alegar que utiliza el sistema para castigar a opositores de las cenizas.

“Más que la determinación de la jueza, hay que ver la actitud de la Fiscalía. La fiscal Gierbolini ni siquiera se presentó a la sala y envió a otra persona para admitir que no están preparados para sustentar sus acusaciones e, incluso, para decir que en el futuro tampoco van a estar preparados”, planteó.

“Esto es una falta de respeto. Han invertido tantos recursos y dinero del erario para un caso que vienen arrastrando desde el 2017 y ya casi estamos en el 2019, para ahora admitir que nunca tuvieron evidencia para encausarlo. Esto raya en la irresponsabilidad”, continuó.

“Esta es la justicia en este país. Gozan de una total impunidad”, sentenció.