SPU radica cargos de supuesta práctica ilícita contra el Departamento de la Familia ante la Comisión Apelativa del Servicio Público

Borges criticó que “el Departamento fue ingenioso para lograr que el personal gerencial se beneficiara de dicho dinero, proveniente de fondos federales, y no lo fuera para lograr justicia salarial para todos

foto: Cybernews

SAN JUAN (CyberNews) – Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95-AFSCME, radicó este lunes, cargos de supuesta practica ilícita contra el Departamento de la Familia, por violaciones al convenio colectivo vigente y a la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

“El Departamento de la Familia cometió dos errores muy serios. El primero fue no sentarse con la unión a discutir el escenario de contar con recursos económicos para dar aumentos. Si lo hubiese hecho, estamos seguros de que hubiéramos buscado la manera de lograr justicia salarial para todos los trabajadores, y no solamente para un sector de los unionados y los gerenciales. El segundo error, estriba en crear diferencias entre los trabajadores, al otorgarles aumentos a unos sí y a otros no. SPU no está en contra del aumento que recibieron los trabajadores de ADFAN y Secretariado, ya que ellos se merecen el aumento, lo que ocurre es que el mismo debió ser para todos los trabajadores del Departamento de la Familia, que son tan merecedores de dicho aumento como los de ADFAN y Secretariado. Con la información adecuada y la oportunidad de negociar, tal vez hubiésemos podido llegar a una alternativa más justa para todos los miembros de las unidades apropiadas”, explicó Benjamín Borges, síndico y portavoz oficial de SPUPR en declaraciones escritas.

Detalló que los cargos de practica ilícita se fundamentan en que el patrono, luego de conseguir acceso a fondos federales para la nómina, decidió implantar unilateralmente y sin negociar con la unión, un aumento salarial a trabajadores de dos administraciones de la agencia y a personal gerencial, dejando sin ningún aumento a todos los trabajadores de las otras tres administraciones bajo el Departamento de la Familia. Específicamente, el Departamento de la Familia otorgó aumentos salariales de 600 dólares a empleados de la Administración de Familias y Niños y del Secretariado, sin haber negociado y ni siquiera notificar su intención al representante exclusivo, hecho que violenta el convenio colectivo, la Ley 45 y otras aplicables, dejando afuera a los empleados de ADSEF, ASUME y ACUDEN.

Borges criticó que “el Departamento fue ingenioso para lograr que el personal gerencial se beneficiara de dicho dinero, proveniente de fondos federales, y no lo fuera para lograr justicia salarial para todos. Les hemos solicitado que nos provean la información sobre la asignación de los fondos federales utilizados para estos aumentos y las normas y códigos aplicables a los mismos, pero, el departamento por alguna razón continua evadiendo compartir esta información. No nos están dando las herramientas para nosotros poder ser ingeniosos y lograr justicia salarial para todos”.

El representante sindical explicó que la Ley 45-1998, según enmendada, establece que los salarios, los términos y condiciones de empleo son materia para negociar entre el representante exclusivo y la agencia, y dicho derecho es violentado por el Departamento de la Familia de manera crasa. “El estado de derecho vigente requiere que se negocien y establezcan los beneficios y condiciones de empleo sin fraccionar las unidades apropiadas. Y la agencia violentó este derecho, y hoy lo estamos exigiendo ante la CASP.”

Por otro lado, también se radicaron cargos de practica ilícita fundamentados en que el Departamento de la Familia ha realizado una serie de subcontrataciones de empleados para realizar funciones de la unidad apropiada. Sobre este aspecto, Borges manifestó que: “Los convenios colectivos vigentes entre las partes recogen lo negociado sobre el aspecto de subcontratación en el artículo VIII en ambas unidades apropiadas.

“El Departamento de la Familia ha estado subcontratando técnicos de asistencia social y familiar para la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y otro personal para la División de Integridad Programática, cuyas funciones son iguales que las que realiza un  unionado, supuestamente para aliviar la carga de trabajo actual. Esta acción ha generado un gran malestar porque ese nuevo personal subcontratado gana un salario mayor que el de la mayoría de los trabajadores técnicos de ADSEF con muchos años de experiencia y realizando menores tareas que las de un unionado. Aquí no hay forma de justificar esta acción. Lo que debe hacerse es contratar personal regular como cualquier otro trabajador unionado. Este tipo de acciones se prestan para favores político partidistas”, finalizó el portavoz de SPU-AFSCME.