Sombría la realidad fiscal de municipios a partir de julio próximo

“Vienen cambios”, puntualizó Villamil. “Se habló por años, pero creo que este es el año fiscal en el que vamos a ver muchos municipios repensando su plantilla, con reducciones notables”.

Foto archivo

Los estragos causados por los terremotos, el cierre comercial por la pandemia y la eliminación de la Ley 29 se han transformado en la “tormenta perfecta”: la fuerza que amenaza con poner en jaque a alcaldías de la zona sur, tan pronto como el próximo 1ro. de julio.

Justo ese día, entrará en vigor el año fiscal 2020-2021 y un panorama plagado de mermas en ingresos, acumulación de deudas y un ineludible ambiente de incertidumbre e inviabilidad en múltiples ayuntamientos.

Como anticipa el economista José Joaquín Villamil, el próximo año fiscal traerá consigo recortes sustanciales en los presupuestos municipales y con ellos, despidos en plantillas de empleados, así como la eliminación de servicios a la ciudadanía.

“La situación fiscal de casi todos los municipios, desde antes de la eliminación de la Ley 29, ya era precaria. Cuando tú ahora le sumas el efecto económico de los temblores y la pandemia, muchos simplemente no tendrán la capacidad para sostener sus operaciones, como las han llevado hasta ahora”, afirmó Villamil.

“Vienen cambios”, puntualizó además. “Se habló por años, pero creo que este es el año fiscal en el que vamos a ver muchos municipios repensando su plantilla, con reducciones notables”.

Según explicó, la incertidumbre económica acentuada por la pandemia hará imposible que las alcaldías realicen proyecciones de ingresos confiables, lo que podría redundar en déficits presupuestarios y fiscales aún más profundos.

Asimismo, pronosticó que la eventual eliminación de servicios a los ciudadanos podría tener el efecto de despoblar los pueblos más empobrecidos.

“Los municipios que no puedan brindar los servicios a los que la gente ya está acostumbrada, van a ver cómo su población emigra a los pueblos donde sí puedan recibir servicios. Eso ya está pasando desde hace un tiempo, pero se puede acelerar. Podríamos terminar con algunos municipios con muy poca gente y poca actividad”, opinó.

Sin embargo, Villamil reconoció que algunos alcaldes podrían optar por posponer la implementación de recortes de personal y servicios, hasta pasadas las elecciones de noviembre o hasta que se estabilice la caída económica por la pandemia.

“En años de elecciones, la lógica cambia. Pero también hay que ver que hay un costo social. Despedir empleados en las circunstancias que estamos es algo bien difícil”, dijo.

Aunque restó mérito a las proyecciones de cierres de ayuntamientos y la consolidación de municipios, indicó que muchos pueblos pequeños tendrán que colaborar entre sí para garantizar algunos servicios.

“La estructura municipal en Puerto Rico se hizo hace 200 años y quizás para entonces hacía sentido que cada uno operara aisladamente, pero con la situación fiscal presente y futura, vamos a tener que reexaminar eso y hacerla más adecuada para nuestros tiempos”, opinó.

Ley 29 y arbitrios de construcción

Por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, reconoció que la forma en que finalmente se manejen los pagos que compensarán la eliminación de la Ley 29 será determinante en su próximo presupuesto.

“Lo más importante será el efecto que pueda tener la eliminación de la Ley 29 y si el gobierno no logra un acuerdo con la jueza Taylor Swain. De ahí es que vamos a ver cuánto ajuste hay que hacer en los presupuestos. Es de las cosas que más nos tienen preocupados”, reconoció.

En días recientes, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, recalcó que los municipios tendrán que devolver el equivalente al tres por ciento de sus presupuestos, como parte de la anulación de la Ley 29. En total, la junta reclama a los municipios $198 millones por el pago a los pensionados y la reforma de salud (PayGo).

Entretanto, el alcalde villalbeño reconoció que la merma en ingresos por concepto de patentes será sustancial en su municipio, por lo que tendrá que ser conservador en su nuevo presupuesto fiscal.

Aun así, descartó despedir empleados a corto plazo y cifró sus esperanzas en un repunte de ingresos por arbitrios de construcción.

“Ya están empezando a reflejarse algunos de los proyectos de reconstrucción por el huracán María y muchos municipios, incluyendo Villalba, van a tener proyectos desarrollándose durante el nuevo año fiscal. Esperamos que eso ayude a crear un poco de balance con la pérdida de las patentes”, sostuvo.

Junta pospone recorte

Por otra parte, el pasado viernes la JCF anunció que este año no reducirá la asignación anual al Fondo de Equiparación, del cual dependen decenas de municipios para subsistir, por lo que se mantendrá en su nivel actual de $132 millones anuales.

De acuerdo al Plan Fiscal Certificado del 2019, a partir del 1ro. de julio se contemplaba una reducción de $44 millones en el Fondo de Equiparación. La ayuda, además, se eliminaría por completo para el año 2024.

Municipios sureños como Villalba, Guayanilla y Guánica figuran entre los ayuntamientos que más dependen del Fondo de Equiparación para subsidiar sus operaciones.