Sobre la mesa sentencia de muerte para el motor de la montaña

“Si le cortas los subsidios... los agricultores pequeños de la costa y la montaña sencillamente van a ir desapareciendo”, afirmó el exalcalde de Ponce y agroempresario, Francisco Zayas Seijo.

Foto archivo

De aprobarse el nuevo Código de Incentivos Industrialesy su dramático recorte a los subsidios agrícolas, cientos de agroempresarios puertorriqueños perderán el oxígeno económico que les quedaba y quedarán maniatados para operar, colocando en jaque a la más antigua industria nativa del país.

El Proyecto del Senado 1013, impulsado por La Fortaleza y en discusión ante la Comisión de Hacienda del Senado, contempla recortar en casi $25 millones los incentivos asignados a la industria agrícola, justo cuando el sector intenta reponerse de los embates del huracán María, las pérdidas por recesión económica y la indiferencia gubernamental.

Asimismo, propone transferir del Departamento de Agricultura (DA) al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) el manejo de los subsidios restantes, una suma que ronda los $20 millones.

Fue precisamente un estudio del DDEC el que recomendó la eliminación de numerosas ayudas en el propuesto Código de Incentivos Industriales, al considerar que no representaban un “retorno de inversión” aceptable para el gobierno.

Entre ellos incluyó la Ley del Bono Anual a los Trabajadores Agrícolas, la Ley para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultores Elegibles, la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas, y la Ley del Programa para el Financiamiento de la Investigación y del Desarrollo de la Tecnología Agrícola de Alimentos.

La controversial medida ante la consideración del Senado cuenta con el rechazo unánime del sector agrícola, con la notable excepción del secretario de Agricultura, el adjunteño Carlos Flores Ortega, quien favorece el proyecto de administración.

“La industria de agricultura norteamericana es una de las más subsidiadas del mundo. La leche, el maíz, la soya, todo está subsidiado, pero aquí nos creemos que subsidio es una mala palabra”, puntualizó en entrevista con WPAB 550 AM el expresidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara y el exalcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo.

“Esos $25 millones (que quieren recortar) vienen del impuesto que se le pone al café importado por una ley de 1930. Lo que estamos haciendo es quitándole a la agricultura para darle a alguien más”, planteó el también agroempresario.

“Para el gobierno la solución es cortar los $25 millones porque es lo más fácil de hacer, pero eso va a destrozar la agricultura”, añadió. “Esto es el golpe de gracia para la industria del café, del plátano, el guineo y la china en la montaña”.

Llueve sobre mojado

El propuesto recorte de incentivos surge cuando estimado oficiales ubican las pérdidas en producción agrícola en el renglón de los $245 millones, y en cerca de $1,800 millones las pérdidas de estructuras agrícolas.

Prácticamente la totalidad de las cosechas de café se perdieron, mientras que las siembras de plátano y guineo fueron arrasadas, por lo que tardarán años en recuperarse, describió Zayas Seijo.

“Antes llegaron a haber sobre 400 vaquerías en Puerto Rico, ahora hay menos de 300 y la mitad de ellas están al borde de irse a quiebra. La industria de la leche, que estaba casi en quiebra antes del huracán María, ahora está peor”.

“La industria del café debe tener su peor cosecha en los últimos 25 años”, continuó. “El café que tu empieces a sembrar ahora, te va a empezar a producir un poquito de grano al tercer año y no va a ser económicamente viable hasta dentro de cinco años, y eso es esperando que no venga otra tormenta”.

Entretanto, en el sector del pollo solo 85 de las 220 granjas comerciales en el país se reactivaron después del fenómeno atmosférico, según datos de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.

Del mismo modo, en una vista pública de la comisión de Hacienda del Senado realizada la semana pasada, el secretario de Agricultura informó que la capacidad de producción local de alimentos se ha reducido de 15 por ciento a poco más de cuatro por ciento.

Flores Ortega aceptó, además, la vulnerabilidad extrema de esta industria, al no estar lista para la temporada de huracanes que comenzó el pasado 1ro. de junio.

“El proceso de recuperación ha sido uno lento y atropellado, al punto que volver a lo que éramos antes de los huracanes requerirá una inversión que ronda los $500 millones”, reconoció el funcionario en su comparecencia ante la comisión senatorial.

Sentencia de muerte para la montaña

Por otra parte, Zayas Seijo advirtió que un recorte sustancial en los subsidios agrícolas desencadenará el colapso del principal motor económico en zonas históricamente marginadas y desatendidas por el gobierno central.

“Si le cortas los subsidios a los agricultores, estoy seguro que los grandes como Monsanto van a sobrevivir. Para ellos eso es un regalo. Pero los agricultores pequeños de la costa y la montaña sencillamente van a ir desapareciendo”, afirmó.

“A menos que pueda mercadear su propio café, el productor pequeño de la montaña va a desaparecer y eso es un 30 a 40 por ciento del dinero que se corre en la economía de los municipios como Adjuntas, Maricao, Las Marías, Jayuya y Utuado. Estamos hablando del café, el plátano y el guineo, pero ahora aparentemente eso no importa”, continuó.

Agricultura en las manos de contables

Por último, la presidenta del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Aida Maldonado Quiñones, criticó la propuesta transferencia de la administración de los incentivos al DDEC, como una movida que busca excluir a los agricultores de las decisiones que afectan directamente a la industria.

“El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio carece de conocimiento sobre agricultura, poniendo en peligro la evaluación justa de los incentivos y subsidios para los agricultores y agroempresarios”, sentenció.

“Basta ya de decir que la agricultura carece de retorno de inversión. La agricultura no se puede medir igual que los demás sectores por su aporte económico y social en la producción de alimentos”, continuó.

“Tal como está redactada esta ley, es la estocada final para el pequeño y mediano agricultor”, concluyó.