Gabriel Febres Benítez, de 23 años, murió por un disparo en la cara. Estaba desarmado.
Quien haló el gatillo fue un oficial de la Policía Municipal de Guaynabo que en la noche del pasado 9 de agosto comenzó una persecución vehicular desde el Expreso Martínez Nadal hasta Bayamón, luego de que presuntamente el joven, quien conducía un auto color gris, hiciera caso omiso a un alto de agentes municipales.
Aunque el informe policial apuntó que la víctima “falleció” al final de la persecución, que durante el trayecto provocó daños a cuatro vehículos y que en el interior del auto se encontraron sustancias controladas y dinero en efectivo, la Policía Municipal de Guaynabo, al igual que la Policía de Puerto Rico, se han negado a revelar el nombre del agente que emitió el disparo fatal, reiteró Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, una organización que documenta casos de uso excesivo de fuerza policial.
Desde el pasado 12 de agosto, Mari Narváez ha reclamado en comunicaciones oficiales y públicas que se divulgue la identidad del oficial municipal. Sin embargo, tras varios pedidos, la Oficial de Información del Municipio Autónomo de Guaynabo, Franchesca Huertas Vergara, respondió el jueves pasado que el suceso está bajo investigación del Departamento de Justicia, “por lo que no podemos brindar información relacionada”.
“Mire, yo no estoy pidiendo información sobre la investigación. Yo solamente estoy pidiendo el nombre del agente”, exclamó a viva voz la activista de derechos civiles, durante entrevista con La Perla del Sur.
“Todos los días en este país, cuando arrestan a personas cuyos casos sí se investigan, divulgan todo, toda la información de la persona, si tiene antecedentes criminales, quién es, dónde vive, ponen fotos. Entonces, ¿cómo que no vamos a tener el nombre del agente?”.
“Eso es completamente irracional. ¿Qué están ocultando o qué pretenden ocultarnos?”, cuestionó además.
Según expuso Mari Narváez, el nombre del agente es medular para determinar su historial en la uniformada. También, para aclarar si posee récord de querellas administrativas y cómo se resolvieron, si fuera el caso.
“¿Esta persona tenía otros casos? ¿Ha matado a otras personas o ha ejercido la fuerza de manera excesiva en otros casos? Eso es bien importante saberlo para la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, describió.
“Todas las instituciones públicas tienen que estar sujetas a la rendición de cuentas, tienen que proveer la información con unas prácticas de transparencia, tienen que responsabilizarse por sus negligencias, por sus errores, por sus abusos. Y aquí no ocurre ni lo mínimo que es, coño, proveer el nombre de ese agente”, puntualizó, “Eso es lo básico”.
Sobre cómo procederá ante la reiterada negativa a su petición, Mari Narváez adelantó que pedirá esta semana una reconsideración con argumentos sobre transparencia “que me parece un poco ridículo que uno tenga que explicar esto, y si eso no tiene éxito, voy entonces a hablar con los abogados de la Clínica de Acceso a la Información, para presentar una demanda y conseguir ese nombre”.
Más incongruencias
Simultáneamente, advertirá a la alta jefatura de la Policía que en el panel virtual o dashboard donde la uniformada está divulgando sus estadísticas oficiales “mienten a la ciudadanía sobre la cantidad de personas que han muerto por el uso de fuerza policial en el país”.
“Nosotros lo vimos y ya en febrero le estábamos llamando la atención a ellos, directamente. O sea, les dimos el beneficio de que lo corrigieran”, declaró la directora de Kilómetro Cero.
“Pero ellos están subregistrando dramáticamente (las muertes) y no es la primera vez que lo hacen”, continuó.
Mari Narváez precisó que mientras el portal indica que entre los años 2023 y 2024 cuatro muertes fueron ocasionadas por agentes, Kilómetro Cero ha constatado 10 fatalidades por disparos policiales, desde el 2022.
Asimismo, han identificado dos feminicidios y tres suicidios perpetrados por policías con sus armas de reglamento; dos muertes por colisiones vehiculares que no fueron persecuciones; y al menos dos muertes provocadas por agentes de FURA, al desestabilizar una embarcación que transportaba a decenas de inmigrantes.
“¿Por qué ocultar estos datos?”, preguntó La Perla del Sur.
“Pues, definitivamente, creo que es una forma de ellos protegerse, de ellos ocultar información sobre lo nefasto que es su ejercicio policial en el país y que es parte de la cultura de impunidad que ellos perpetúan”, respondió Mari Narváez.
“Estas muertes son lo que se llama ‘ejecuciones extrajudiciales’, porque no son legales y están fuera del sistema judicial. No es porque exista la pena capital, pero en la práctica, pues sí estamos viviendo una especie de pena de muerte, porque estos agentes utilizan la fuerza de una manera tan negligente y tan impune que básicamente están asumiendo el rol de jueces y de fiscales y de verdugos al mismo tiempo”.
Con sus denuncias, explicó además, Kilómetro Cero pretende “purificar” al organismo, “profesionalizarlo y que, sí, como toda institución pública, rinda cuentas sobre sus acciones y omisiones”.
Historia en desarrollo. Pendiente a más actualizaciones.
