La Policía de Puerto Rico puso en vigor ayer la Orden Administrativa 2024-01, que según el comisionado Antonio López Figueroa tiene el objetivo de mejorar el manejo de los casos de violencia doméstica.
Estas nuevas guías surgen luego del asesinato en Yauco de Linnette Morales Vázquez, su madre Lissette Vázquez Vélez y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, a manos de Wilfredo Santiago Figueroa, quien luego se suicidó.
López Figueroa dijo que estas guías buscan uniformar el tratamiento de las querellas por violencia doméstica que llegan a los cuarteles policiacos.
“Buscamos, además, recalcarles a los agentes que sus acciones serán centradas en la víctima, que deben proceder con diligencia, premura y observando los más altos estándares de respeto, sensibilidad y empatía hacia estas”, indicó López Figueroa mediante comunicado de prensa.
Se informó que la orden incluye atender sin dilaciones a la víctima, documentar detalladamente su situación y orientarla sobre los servicios que brindan otras agencias, como la Oficina de Procuradora de la Mujer, o los departamentos de Justicia o de la Familia, según sea el caso.
Igualmente, instruye a notificar cada caso a la División de Violencia de Género del área policiaca correspondiente, a gestionar un intercesor y corroborar si existen incidentes previos u órdenes de protección.
De observarse o sospecharse que hubo una agresión física, se ordena transportar a la víctima a una institución hospitalaria. El comisionado mencionó que esa instrucción está previamente establecida en los protocolos de la Policía, pero que se enfatizó en esta orden.
También se indicó que la orden expresamente prohíbe enviar a la víctima a recibir servicio en otra dependencia, documentar el incidente bajo la clasificación de «Otro servicio» (PPR-621.2) y despachar el asunto o sustituir la investigación criminal con una orientación sobre orden de protección.
De igual forma, dispone que cada vez que una víctima solicite servicios, no importa cuántas veces acuda a una instalación policiaca, se generará la querella correspondiente y se canalizará conforme a las políticas aplicables y estas guías.
Además, recalca que ningún policía puede desalentar a la víctima, ni emitir juicios o llegar a conclusiones durante el proceso de investigación. Por el contrario, se les instruye a consultar los casos, sin excepciones, con los fiscales del Departamento de Justicia, para que estos determinen si existen los elementos constitutivos de delito, aun si la parte perjudicada manifieste falta de interés, se retracte o cambie de versiones.
En cuanto a las órdenes de protección, dijo López Figueroa, se especifica que las prohibiciones aplican solo al victimario. Esto, porque la víctima no es quien viola una orden de protección, sino aquella persona contra quien fue emitida la misma.
“Las guías son una herramienta que pondremos en vigor con miras a reforzar la protección de los derechos de las víctimas a una vida digna y sin violencia y la aplicación del derecho vigente”, expresó el comisionado.
