Los familiares de Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada por Hermes Ávila Vázquez tras su excarcelación irregular, demandaron el lunes al gobierno de Puerto Rico por $41 millones ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
“La sangre de una inocente mancha las manos de un sistema que, en su negligencia, permitió que un asesino confeso volviera a circular libremente por nuestras calles”, reza el documento legal radicado por la abogada criminalista Mayra López Mulero.
La demanda alega que Ávila Vázquez, convicto por asesinato, secuestro y agresión sexual, fue liberado en abril de 2023 bajo un pase extendido al amparo de la Ley 25-1992, a pesar de no cumplir con los requisitos médicos ni legales para esa excarcelación.
Dos días después asesinó a Meléndez Vega, cuyo cuerpo fue encontrado degollado y con múltiples heridas en Manatí.
El recurso legal imputa negligencia a más de 30 funcionarios públicos y personal médico, incluyendo a la exsecretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar Pabón, y a la empresa contratada para servicios de salud correccional, Physician Correctional.
En la demanda se acusa a la doctora Deborah Arús Rosado y a un panel de médicos de avalar la salida del convicto sin realizar evaluaciones presenciales.
Según la demanda, la liberación de Ávila fue autorizada con diagnósticos no corroborados, sin entrevistas a las víctimas ni seguimiento adecuado, en incumplimiento de los reglamentos vigentes.
En agosto de 2024, el confinado fue sentenciado a 102 años de cárcel tras confesar el feminicidio.
La demanda solicita una compensación de $20 millones por daños compensatorios, $20 millones por daños punitivos y $1 millón por honorarios de abogado.
Los demandantes son los hijos, padres y hermanos de Meléndez Vega, quienes alegan que el Estado y los demandados violentaron sus derechos civiles y actuaron con negligencia grave.
La familia merece lo que pide.
Descabellada e irresponsable decisión el dejar a un loco como éste en libertad. El Gobierno y González son totalmente responsables.