El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, cuestionó la rapidez con que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) refirió al Departamento de Justicia el expediente médico del presunto feminicida Hermes Ávila Vázquez.
“Hemos tenido conocimiento a través de los medios de prensa de las alegaciones de la empresa UtiCorp, quienes afirman haber identificado lo que consideran ‘inconsistencias o discrepancias’ en el diagnóstico del recluso Hermes Ávila Vázquez”, dijo Villalobos en declaraciones escritas.
“Nos sorprende que se haya evaluado un expediente que contiene casi 20 años de documentación médica, con la participación de más de una docena de médicos, y hallazgos en varias entidades, incluyendo el Fondo del Seguro del Estado, quien otorgó una incapacidad total permanente, en un período tan corto”, prosiguió.
“Igualmente, nos llama la atención que no se haya procurado el beneficio de entrevistar a los médicos que tuvieron contacto directo con el paciente”, añadió Villalobos.
Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de cárcel por asesinato, pero fue liberado el año pasado al amparo de la Ley 25 de 1992 por tener paraplejía, según le fue diagnosticado por médicos de Physician Correctional.
Las autoridades le imputan matar a Ivette Joan Meléndez Vega el pasado 22 de abril en Manatí. Desde que fue arrestado, no ha mostrado signos de discapacidad.
“La ley que protege la confidencialidad de los datos médicos del paciente nos impide proporcionar información detallada sobre el historial y el examen físico que llevaron a los médicos a confirmar el diagnóstico de paraplejía. Cuando se nos permita presentar nuestra posición ante los foros competentes, demostraremos los elementos que respaldaron el diagnóstico clínico de nuestros médicos”, señaló Villalobos.
