Un gran jurado federal acusó a cuatro personas de participar en una conspiración de soborno y fraude electrónico para defraudar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Los imputados fueron identificados como Juan Carlos Cruz-Hernández, Verónica Forte Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario.
La acusación incluye 17 cargos y fue anunciada este jueves por W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico.
Tres de los acusados fueron arrestados y comparecerán ante el juez magistrado Marcos López en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Nancy Báez-Flores está pendiente de arresto.
Según los documentos del tribunal, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario eran empleadas del DTOP asignadas a los centros de servicio al conductor (CESCO) en Caguas y Carolina, responsables de acceder a información de conductores y vehículos, y de eliminar multas.
Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig negociaron y realizaron pagos de sobornos a Báez-Flores y Figueroa-Rosario a cambio de actos oficiales, incluyendo el acceso a información del DTOP-CESCO, obtención de documentación duplicada y eliminación de multas.
Desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Nancy Báez Flores recibió más de $62 mil en sobornos de Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig. Desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Josselyn Figueroa Rosario recibió más de $7 mil en sobornos de los mismos individuos. Muchos de los pagos se realizaron directamente a través de ATH-Móvil.
Si son declarados culpables, las penas máximas incluyen cinco años de prisión por violación del 18 U.S.C. § 371, diez años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 666(a)(2) y (a)(1)(B), y veinte años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 1343, 1346, 1349. Un juez del tribunal federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencias de Estados Unidos y otros factores legales.
Esta investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional. La fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy está a cargo del caso.
Una acusación es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
