Evaden, manipulan y mienten para que las cenizas se queden en la Isla

El informe final de la Comisión de Salud Ambiental del Senado no delatará a los funcionarios y empresarios que durante las vistas públicas omitieron información clave e, incluso, mintieron ante los legisladores, con clara intención de inducirlos a error.

Foto archivo

En las próximas horas, la Comisión de Salud Ambiental del Senado deberá emitir un informe donde recomendará que se prohíba o no el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico.

El documento, sin embargo, no delatará a los funcionarios y empresarios que durante las vistas públicas manipularon u omitieron información clave e, incluso, mintieron ante los legisladores, con clara intención de inducirlos a error.

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El testimonio del presidente de AES Puerto Rico, el ingeniero Manuel Mata, fue un claro ejemplo.

Durante su ponencia el pasado 28 de febrero, el ejecutivo intentó engañar a la opinión pública al declarar que el Gobierno de la República Dominicana había derrotado por escrito “toda la teoría” sobre los daños que causaron las 50 mil toneladas de cenizas de carbón que produjo su empresa en Puerto Rico y que fueron abandonadas en los municipios dominicanos de Arroyo Barril y Manzanillo entre los años 2003 y 2007.

No obstante, Mata fue desmentido días más tarde tanto por el Procurador Adjunto de la Procuraduría General de ese país, Ramón Madera Arias, como el presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas Medina.

En declaraciones a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, ambos confirmaron que el informe aludido por Mata fue declarado nulo por la Suprema Corte de Justicia dominicana, tras comprobarse que no había incluído prueba contundente sobre la toxicidad de las cenizas llevadas a esa nación y los daños que aquel “desecho radioactivo” había provocado a reservas naturales.

La exposición del presidente de AES Puerto Rico, empero, no fue la única viciada durante las vistas públicas de la Comisión. El recien nombrado secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, también omitió datos puntuales en su ponencia.

Allá sí: acá no

Aunque el pasado 24 de mayo admitió públicamente que los metales pesados presentes en los residuos de la combustión de carbón han contaminado suelos y acuíferos “en otros países”, y que “elementos tóxicos presentes en las cenizas volantes” como el arsénico pueden ser absorbidos por el cuerpo humano con “efectos detrimentales para enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias y accidentes cerebrovasculares”, Rodríguez Mercado minimizó ante senadores las consecuencias que puedan tener en la isla.

Para llegar a su conclusión, empero, el secretario obvió que más de dos millones de toneladas de cenizas de AES ya han sido descartadas sobre suelo virgen de Puerto Rico, en ocasiones sobre acuíferos, en zonas inundables y sin ningún mecanismo de control. También ignoró un estudio epidemiológico elaborado por la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, institución de la que él fue rector entre los años 2010 y 2013.

Esta investigación, ratificada el pasado año por la American Public Health Association, concluyó que las féminas en edad reproductiva de las comunidades Puente de Jobos y Miramar en Guayama -colindantes a AES- tienen hasta seis veces más probabilidad de sufrir un aborto espontáneo que las mujeres de los barrios Santa Isidra y Rafael Bermúdez de Fajardo, grupos de comparación elegidos para el estudio.

Asimismo, comprobó que la población adulta en Guayama tiene hasta nueve veces más predisposición a padecer bronquitis crónica y enfermedades de la piel que los habitantes de las comunidades fajardeñas evaluadas.

“Y contrario a lo que ha dicho el secretario, los médicos que trabajamos en el área de Guayama sí hemos notado, no solo una mayor incidencia, sino una mayor severidad de condiciones y episodios de insuficiencia respiratoria”, recalcó en entrevista el doctor Gerson Jiménez Castañón, internista con 35 años de experiencia en el cuidado de pacientes en la zona.

“A nosotros no nos cabe duda de eso”, puntualizó.

“El secretario de Salud incluso contradice la información disponible del Departamento de Salud”, planteó por otra parte Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del colectivo Diálogo Ambiental.

“Si tomamos la información del Registro Central de Cáncer, veremos que entre los años 2002 y 2014 los pueblos del área sur, entre Patillas y Ponce, están por encima del promedio ajustado de todo Puerto Rico en incidencia de cáncer digestivo”, añadió. “Y si miramos sólo el número de casos, en algunos pueblos la incidencia va en aumento”.

“Además, asegurar, como dijo el secretario ante el Senado, que en la isla no se puede confirmar de forma científica que las cenizas impliquen un riesgo directo a la salud es manipular la verdad. Ellos no han hecho un estudio específico sobre el efecto directo que tienen en las personas del área y, por lo tanto, no pueden afirmar ni descartar que nada esté ocurriendo”, agregó Alvarado Guzmán.

Manos afuera de la JCA

No obstante, uno de los testimonios más polémicos tras el proceso de vistas públicas ha sido el de la nueva presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez Rivera.

En una ponencia escrita presentada ante el Senado el pasado 27 de abril, la funcionaria concedió que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de prohibir “válidamente la disposición y uso de los residuos de la quema de carbón” dentro de los límites territoriales del país.

Sin embargo, Vázquez Rivera no mencionó que la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por siglas en inglés) concede también esa potestad a las agencias estatales ambientales, como es el caso de la JCA.

Como recalcó Carmen Guerrero Pérez, directora de la división caribeña de la Región 2 de la EPA el pasado 7 de abril en un Simposio del Colegio de Químicos efectuado en Mayagüez, “Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones, puede muy bien tener estándares o requisitos mucho más estrictos o iguales a los que han establecido estos estándares federales”.

“La EPA está limitada dentro su rango de jurisdicción. Nuevamente, todo lo que tiene que ver con el manejo de desperdicios sólidos es la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico y, en este caso, la Junta de Calidad Ambiental”, aseguró.

Las expresiones de Guerrero Pérez coinciden, incluso, con declaraciones que el pasado año ofreció Judith Enck, pasada administradora de la Región 2 de la EPA, para la serie investigativa Bomba de tiempo: las cenizas de carbón.

Sin embargo, a preguntas de este medio la presidenta de la JCA insistió que es “el legislativo quien tiene la potestad de establecer si se quieren depositar los residuos en Puerto Rico” y no la agencia que timonea.

Asimismo, alegó que la opinión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston que recientemente declaró inválidas las ordenanzas que prohíben el depósito de cenizas de carbón en 49 municipios de la isla, le impide a ella ser más restricta.

“Entonces, a juicio de Tania Vázquez, ¿la Junta de Calidad Ambiental no puede ser más restrictiva?”, se le preguntó.

“A juicio de Tania Vázquez no, a juicio del Primer Circuito de Boston. A juicio del Primer Circuito de Boston”, respondió.

Esta postura, sin embargo, es equivocada, puntualizó el veterano abogado Martín González Vázquez.

“La Junta puede ser más exigente que la EPA en este asunto y así lo establece la propia agencia federal”, explicó. “Ese no es campo ocupado”.

“Ahora bien, al decir que el Tribunal del Primer Circuito le impide actuar demuestra que entró a ejercer sus funciones sin conocer nada sobre la controversia de los residuos de combustión de carbón o, sencillamente, la señora no quiere tomar ninguna postura y quiere pasarle la controversia a las cámaras legislativas”.

“Si ella es abogada, como dice que es, está evadiendo el tema. No creo que pueda ser tan ignorante. Y si es ignorante, creo que no está capacitada para el puesto”, sentenció.

Fue González Vázquez quien en marzo de 2013 logró junto a una batería de abogados que el Tribunal de Ponce declarara insconstitucional la Ley Tito Kayak.

“El problema es que la presidenta de la Junta dice que ella no tiene ninguna autoridad o jurisdicción sobre el manejo de las cenizas, porque la EPA ocupó el campo al establecer su reglamentación. Eso no es cierto”, expresó por otra parte a la organización Diálogo Ambiental el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Luis José Torres Asencio.

“La misma reglamentación federal dice que nada impide que los estados y los territorios adopten reglas más estrictas. La EPA establece unos parámetros o estándares mínimos. La Junta sí tiene jurisdicción”, confirmó Torres Asencio.