Sargento de la Policía de Ponce demanda a su ex jefe, a la Superintendente y al Estado

Su representante legal radicó la demanda por daños y perjuicios y violación de derechos civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce.

El capitán Daniel Justiniano Mercado. (Foto: Jason Rodríguez Grafal)

PONCE – Alega que se dirigieron a él con palabras soeces, que utilizaron su firma sin consentimiento, que aprisionaron un menor en contra de su voluntad e intentaron obligarlo a acatar directrices ilegales. Semanas después lo trasladaron.

Así lo alega el sargento de la Policía Edhard Vázquez Morales, quien narró que cuando llegó a su oficina en la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, se percató de que sus pertenencias estaban distribuidas por un pasillo angosto; que habían deshabitado su área de trabajo sin previa notificación. Intentó abrir la puerta con su llave, mas la cerradura era distinta. La habían cambiado. Luego, le reasignaron su vehículo a otro agente y lo desarmaron con la justificación de que ingería medicamentos recetados para veteranos.

Ayer, miércoles primero de marzo, a la 1:17 de la tarde, Vázquez Morales radicó una demanda por daños y perjuicios y violación de derechos civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce en contra del entonces director de la División de Drogas de Ponce, Daniel Justiniano Mercado, y su esposa; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced; la superintendente de la Policía, Michelle M. Hernández de Fraley; y otro agente y su pareja identificados en el documento como John Roe y Susan Roe.

El texto de nueve páginas exige que cada una de las partes demandadas pague una compensación de $75,000. También esboza uno a uno los supuestos atropellos que sobrevivió este supervisor de la Policía de Puerto Rico en presencia de sus homólogos. Detalla que el capitán Justiniano Mercado “instigó, presionó e impartió instrucciones ilegales al sargento Vázquez Morales para que, contrario al Acuerdo –la Reforma de la Policía-, se violaran derechos constitucionales de los ciudadanos”.

Expone que el uniformado de alto rango ordenó que se brindara información falsa a fiscales; que mantuvo 17 personas en dos diminutas celdas sin servicios sanitarios; que mandó a registrar transeúntes sin que cometieran ilegalidades; y que encomendó un allanamiento sin prueba delictiva.

Asimismo, que al demandante negarse a seguir semejantes instrucciones y reportar las irregularidades ante la División de Asuntos Internos, cometieron represalias en su contra como trasladarlo a la División de Drogas de Guayama, desarmarlo, referirlo a psicólogos, evaluarlo perjudicialmente, y, posteriormente, asignarlo a la División de Operaciones de Campo.

“La única razón para trasladar al demandante fue brindar información sobre actos delictivos en área de trabajo”, lee uno de los argumentos.

La parte demandante sostiene que como consecuencia a las “actuaciones culposas y negligentes de la parte demandada” sufrieron “daños emocionales, daños a su reputación y honra en total violación a sus derechos civiles, el demandante ha sido tratado de manera inferior a una persona por motivos ilegales, injustos y estereotipados”.

Hubo previo aviso

Ya hacía más de un mes, el 19 de enero de 2017 específicamente, que representante legal de Vázquez Morales, licenciado Armando Felipe Pietri, había enviado una misiva a la secretaria de Justicia con copia a la coronela y al asesor de cumplimiento técnico (monitor), Arnaldo Claudio, con el aviso de que se avecinaba una demanda. Empero, según el abogado, la parte demandada no emitió ningún comentario.

Tras la radicación de la demanda, ayer, la parte demandada será emplazada en un término de 179 días. Mas, si el Tribunal así lo determina, el término puede reducirse a 45 días. Seguidamente, los demandados tendrán 60 días para responder la demanda como determinan las reglas de procedimientos civiles.

Ninguno de los demandados respondió hoy a la solicitud de entrevista con este medio.