Responsabilizan a Justicia y a la Policía por incidentes con Uber

Foto Archivo

SAN JUAN– El presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Juan De León censuró el jueves los actos de violencia contra choferes de Uber, y responsabilizó a la Policía y al departamento de Justicia por los incidentes lamentables que ocurran.

“Voy a responsabilizar a la Policía de Puerto Rico y al secretario de Justicia de cualquier suceso lamentable que ocurra y sigo llamando a la cordura. Esto es como que tú tienes un negocio y todos los días te roban y la Policía no hace nada. Esto es como que llegan a tu casa, invaden tu morada y la Policía no hace nada. Oye, tiene que haber indignación. Hay un sector oprimido”, dijo De León en entrevista radial mientras reclamaba acción inmediata de ambas agencias.

Varios incidentes se han reportado desde que la empresa Uber inició operaciones en la isla recientemente. Uno de los más recientes ocurrió la tarde del martes en las inmediaciones del Restaurante Metropol ubicado en Isla Verde en Carolina, donde dos taxistas ocasionaron daños a un vehículo registrado en la plataforma Uber.

Por estos hechos, el secretario de Justicia, César Miranda, informó el miércoles la radicación de cargos contra Jadiel Hernández Alberty y Yamil Rivera Navarro, por daños y por Ley de Armas.

Hernández Alberty y Rivera Navarro se allanaron ante la determinación de causa para arresto en su contra y el juez Wilfredo Viera Garces, del Tribunal de Carolina, les fijó una fianza de 1,000 dólares en cada cargo por violar la Ley de Armas. El magistrado pautó la vista preliminar para el 9 de agosto.

“Al igual que Justica radicó cargos contra un supuesto chofer de taxi, estoy en espera de que igual Justicia radique cargos los choferes que están violando claramente la ley, porque la Ley 22 es una ley igual a todas y en el artículo 16.03 dice claramente que cualquier persona sin los correspondientes permisos, brinde servicios de transportación, sea carga o pasajeros, tiene una multa de 5 mil dólares y hasta la cancelación de su licencia”, reclamó el líder de los taxistas.

“Estamos viendo solamente un lado de la moneda y déjame decirte claro que para nada yo justifico la violencia. No voy a respaldar a ninguna persona que esté involucrado en ningún acto de violencia. Estos son casos aislados”, agregó.

Entretanto, De León alegó que los taxistas han sido entrampados en los incidentes. “Ayer (jueves) vi un video en el que la persona se baja en un área de taxi y dice: ‘vengo a recoger un turista’. Está grabando el proceso. Los taxistas se le acercan, le explican que no se supone que esté ahí. Luego el teléfono se cae y él dice que lo agredieron y las personas están a 100 metros. Se ve el entrampamiento que se está preparando”, alegó el portavoz de los taxistas.

Por su parte, Julie Robinson, gerente de Comunicaciones de Uber en la isla, también censuró los ataques a socios conductores de la empresa y reaccionó a las expresiones de De León sobre un supuesto entrampamiento a los taxistas.

“Me duele bastante que digan que nosotros estamos provocando agresiones. Muy por el contrario, nosotros estamos brindándole oportunidades al pueblo puertorriqueño y a las personas para que tengan, uno, una opción para movilizarse y dos, otra opción de cómo generar ingresos. Muy por el contrario, deberían estar apoyándolos en lugar de agredir a nuestro socios conductores”, indicó Robinson durante una entrevista.

Detalló que al momento se han recibido 10 notificaciones de incidentes de agresión y que están en seguimiento con las autoridades para dar con los responsables. Además, señaló que Uber está asumiendo los gastos de los socios conductores que han tenido daños en sus autos.

Por otra parte, Robinson negó que la expansión del servicio a Caguas y Toa Alta sea una provocación hacia los taxistas. Aseguró que seguirán operando en la isla a pesar de la determinación del Tribunal Apelativo que dejó sin efecto el permiso provisional que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió a la empresa para regular su operación.

“El hecho que se haya anulado el permiso provisional que dio la DTOP, eso no nos obligó a nosotros a hacer un cese de las operaciones. Como dije cuando llegamos a Puerto Rico, nosotros laborando legalmente dentro de Puerto Rico. Lo que estamos es en espera de una regulación permanente que es lo que se va a suscitar y es en lo que estamos trabajando ahorita mismo para estar 100 por ciento regulados, pero nosotros estamos trabajando legalmente”, dijo al indicar que esperan la decisión del Tribunal de San Juan con respecto a la jurisdicción del DTOP y de la Comisión de Servicio Público (CSP).