Repudian proceso de paralización en tribunales de la vista de desacato al DE

“Saben que están en desacato y por eso corrieron a pedir la paralización de la vista de hoy", denunciaron integrantes de la Mesa Social

foto: Cybernews

SAN JUAN – Integrantes del grupo Mesa Social repudiaron el miércoles, el proceso de paralización en los tribunales de la vista de desacato al Departamento de Educación (DE).

“Saben que están en desacato y por eso corrieron a pedir la paralización de la vista de hoy. Pusieron en pausa el proceso judicial, pero ¿se puede poner en pausa el hambre de la gente?”, expresaron en una comunicación escrita los integrantes de la Mesa Social, quienes acudieron frente al Departamento de Educación.

“Hace un mes el Tribunal Superior de San Juan emitió una sentencia en la que ordenó al Gobierno de Puerto Rico la distribución de alimentos a toda persona que lo necesite. Al día de hoy, tenemos evidencia de que el Gobierno está en desacato porque no ha abierto suficientes comedores y tampoco ha brindado alimentos a mayores de 18 años. El propio Gobierno ha suplido esa evidencia de manera pública y consistente a través de sus publicaciones en redes y en su página web, así como con los documentos que han presentado en distintas instancias”, declararon.

La Mesa Social fue enfática en que el Gobierno tiene múltiples fuentes de fondos federales y estatales que le permiten cumplir con la sentencia del 22 de mayo y que su negativa no tiene fundamentos reales.

“Están usando tácticas dilatorias con la esperanza de que el caso se vuelva académico. Pero si eso no fuera suficiente para que un Tribunal les encuentre incursos en desacato, hay más cosas que decir. Las organizaciones demandantes y otras organizaciones aliadas pueden testificar sobre los esfuerzos de su personal y de sus participantes de servicios para tratar de identificar centros de preparación y distribución de alimentos en los diferentes municipios a través de Puerto Rico y lo que han encontrado es un laberinto en el que una persona debe hacer múltiples llamadas para que al final le digan cosas como las siguientes: (1) La distribución de alimentos terminó la semana pasada; (2) Solamente hay una escuela y debe venir a recoger los alimentos; (3) No se separan alimentos, es por orden de llegada; (4) No estamos dando comida caliente. Estamos dando las cajas del USDA; (5) No tenemos información; (6) La persona que tiene esa información no tiene teléfono; (7) Cerraron la escuela por COVID19. No. No hay otra escuela disponible en el municipio”, añadieron.

 

Según la Mesa Social, esta información es grave si se contrasta con el perfil de las poblaciones que podrían estar requiriendo el servicio de alimentos.

 

“Hablamos de personas y familias que no tienen teléfono o las destrezas para hacer este tipo de investigación, personas que viven en zonas alejadas de los pocos centros de distribución de alimentos existentes y que no tienen auto para llegar, personas sin acceso real a redes sociales para estar buscando qué dice quién en páginas de agencias. Y luego nos preguntamos por qué en algunos lugares sobran almuerzos. No sobran almuerzos, sobra insensibilidad y negligencia. Porque con cada almuerzo que se prepara sin la intención real de llegar a las comunidades, una persona de ese pueblo se queda con hambre”, expresaron.

La Mesa Social mencionó, además, que la Sentencia de Mandamus sigue vigente y que su implantación no fue detenida.

Dicha sentencia obliga no solo al Departamento de Educación de Puerto Rico a proveer los alimentos. También obliga al Gobierno de Puerto Rico que fue demandado, emplazado y está sujeto a la orden de la Sentencia.

“Nos preocupa el discurso clasista e insensible que el Gobierno promueve al tergiversar la situación real de los comedores y alegar que sobra comida en los que han abierto. No solo es un esfuerzo para negar la existencia de la pobreza en Puerto Rico, sino una estrategia para ocultar su ineptitud y su negligencia criminal. Les recordamos que en Puerto Rico cerca de UN MILLÓN de personas necesita alimentos y hay datos del Kids Count y el Censo que lo prueban. Nuestras organizaciones siguen siendo testigos del hambre de las familias que atendemos o que nos han solicitado servicios”, dijeron.

Según señalaron, el Gobierno debe proveer mínimamente 562,742 comidas diarias si quiere satisfacer la necesidad de alimentos de menores de 18 años y de jóvenes hasta 24. Al 2018 había 581,000 menores viviendo en zonas de alta pobreza en Puerto Rico y al menos 48,000 menores viven en casas sin automóvil. Cerca de 1,364,000 personas viven bajo nivel de pobreza en Puerto Rico y podrían estar necesitando acceso a comida. Este cálculo no incluye las familias o personas que quedaron desempleadas y que aún no reciben beneficios del PAN o desempleo.