Representantes preocupados por la seguridad y condiciones de cárceles

El representante Jesús Manuel Ortiz González, le sugirió al Secretario del DCR a que dimita de su puesto ante “unas grandes fallas administrativas de su parte”

EL CAPITOLIO – El representante Rodríguez Aguiló, preguntó por las intervenciones del cabildero Elías Sánchez en los procesos de contratación de los servicios de alimentos. A lo que Erik Rolón Suárez aclaró que no tienen conocimiento que Sánchez represente alguna compañía de alimentos.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Lassalle Toro, cuestionó sobre la falta de oficiales en las instituciones carcelarias. Rolón Suárez mencionó que espera reclutar alrededor de 500 oficiales, 250 que comiencen a laborar en diciembre de este año y otros, 250 entre los meses de marzo a abril de 2020.

No obstante, el Secretario del DCR dejó saber a la Comisión que espera que 400 oficiales se retiren de la agencia.

Más tarde, en el turno de preguntas, el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, le sugirió al Secretario a que dimita de su puesto ante “unas grandes fallas administrativas de su parte”.

Ortiz González, expuso que existen varios cuestionamientos sobre decisiones del Secretario, tales como número de agentes que tiene asignado a tareas fuera de las cárceles, “de individuos que tienen serios cuestionamientos para ocupar la posición y el manejo del presupuesto”.

Los miembros de la Comisión solicitaron al Secretario a que entregue un desglose de los puestos ocupados en cada cárcel de Puerto Rico y el personal destacado en otras agencias gubernamentales.

Por otro lado, los líderes de la Alianza Correccional Unida (ACU) y la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico – Local 1199-SEIU (UGT), Pedro Del Valle y Gerson Guzmán, denunciaron la problemática que los oficiales correccionales se enfrentan día a día.

La oficial correccional del Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, Jessica Martínez Santos, presentó a los Miembros de la Comisión sus reclamos, exigiendo “justicia laboral para continuar motivados a cumplir nuestro deber magisterial”.

“Ya no queremos escuchar que se pronuncie nuestra profesión de esa forma despectiva. Queremos que se nos vea con admiración y cualquier ciudadano sienta que ser parte del cuerpo de oficiales correccionales de nuestro país es un privilegio”, ponderó Martínez Santos.