Act 20/22 Society se defiende ante palabras de representante sobre la pobreza infantil

"Resulta indignante que un grupo pequeño de los beneficiados por esta ley, no quieran aportar una cantidad mínima dirigida a combatir la pobreza de nuestros niños, nuestro principal recurso de cara al futuro”, dijo Soto.

foto: Cybernews

Puerto Rico – En días recientes el representante Antonio “Tony” Soto catalogó como una necesidad primaria el defender los recursos de las organizaciones sin fines de lucro para combatir la pobreza infantil en la Isla. Esto ante las expresiones realizadas por el presidente del Act 20/22 Society, el señor Rob Rill de que intentarán impugnar el Código de Incentivos aprobado el pasado año.

El representante Soto incorporó una enmienda al Código de Incentivos que requiere que las personas acogidas a la Ley 22 realicen un donativo de 5,000 dólares anuales a alguna entidad sin fines de lucro cuyos planes de trabajo estén dirigidos erradicar la pobreza infantil, fortaleciendo los siguientes pilares: la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo económico y la vivienda del núcleo familiar de los niños.

El representante planteó en comunicación escrita que “por primera vez, el Gobierno de PR prioriza un problema emergente que impacta y afecta a miles de niños y jóvenes en nuestra isla. La pobreza infantil limita la posibilidad de que nuestros niños y jóvenes tengan un desarrollo integral, que tengan la oportunidad de superarse y progresar y de que logren romper el ciclo en el que ha estado inmersos”.

Sin embargo, La Perla del Sur entrevistó al representante legal de Act 20/22 Society, el licenciado Pedro Ortiz Álvarez y este aseguró que están comprometidos con erradicar la pobreza infantil y en aportar a otros sectores necesitados de la sociedad. 

“Este grupo tiene un compromiso social con eliminar las condiciones de pobreza en Puerto Rico, para eso hace gustosamente la aportación que requiere la ley, no hay ningún problema con eso. Este grupo hace aportaciones que van más allá de las aportaciones requeridas por Ley, entre otras cosas, sus actividades en Puerto Rico consiguen o adelantan un objetivo fundamental que es crear empleos. Aquí se creó la Ley 22 como un instrumento de crear riquezas al país y traer al país empleos; ese es un gran compromiso que tiene esta sociedad”, manifestó el licenciado Ortiz Álvarez. 

Según explicó el licenciado, ha habido una confusión con este pleito en el que aseguró que ninguno de los beneficiarios de Ley 22 -que él conoce- cuestionan el requisito de hacer aportaciones para actividades caritativas. 

“Lo que ocurre es que recientemente se aprobó una Ley que tiene el efecto de subir una cuota que se pagaba a $300, la sube a $5,000 y la forma redacción de la Ley y es lo inevitable del proceso de aprobación, es que eso es una contribución, porque los $300 va al DDEC y los otros $4,700 van al Fondo General y entonces es que ahí entramos en la naturaleza de este pleito”, explicó el licenciado. 

Señaló que se supone que los beneficiarios de la Ley 22 tienen un decreto de que no van a pagar contribuciones por un número de años, entonces el Gobierno ha cambiado la regla y está imponiendo una contribución que no es compatible con el contrato. 

“En la actualidad, cerca de dos mil seiscientas (2,600) personas se benefician anualmente de las disposiciones de la Ley 22, sumándose muchos más todos los meses. La gran mayoría de este sector empresarial ha manifestado su interés por mejorar los entornos y la calidad de vida en la isla, y han estado dispuestos a invertir cantidades considerables en mejorar los mismos. Evidentemente, los beneficios contributivos que la Ley 22 provee, exceden por mucho la donación de 5,000 dólares adicionales requerida en el Código. Resulta indignante que un grupo pequeño de los beneficiados por esta ley, no quieran aportar una cantidad mínima dirigida a combatir la pobreza de nuestros niños, nuestro principal recurso de cara al futuro”, dijo Soto.

Datos específicos de estudios recientes del Instituto para el Desarrollo para la Juventud ubican a Puerto Rico en la posición número 23, de peor a mejor condición, cuando se compara con otros estados de la Nación, de acuerdo con el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud.

En particular, el nivel de pobreza en menores en PR se ha mantenido constante, pero con una tendencia al aumento de 58 por ciento a 60 por ciento, aunque en algunos municipios pudiera alcanzar hasta un 84 por ciento. Los efectos del huracán María sobre Puerto Rico recrudeció aún más esta situación y aún más la pandemia vigente del COVID-19.

Dicho estudio arrojó, que el 40 por ciento de los hogares con ingresos anuales menores de 15,000 dólares indicaron tener dificultades con el pago de agua y luz, con la compra de alimentos (38 por ciento), medicamentos (16.1 por ciento) y materiales educativos para sus hijos (20.5 por ciento). Obedeciendo a esto se ha considerado, inclusive, la extensión del Child Tax Credit a familias de uno y dos niños, ya que la seguridad económica de muchas familias fue socavada aun mas durante la pandemia.

La isla también registró el primer lugar con la mayor cantidad de hogares con menores que reciben ayuda del programa de asistencia nutricional (PAN) con 44.7 por ciento, reflejando la vulnerabilidad económica de las familias puertorriqueñas que dependen de este beneficio. Además, Puerto Rico obtuvo el por ciento más alto de menores que viven en familias monoparentales, con un 62 por ciento.

“Lamentablemente, estos números evidencian que una gran mayoría de nuestras familias con niños y jóvenes, están sumidos en el ciclo de la pobreza. Ante esta cruda realidad, es inminente defender el que los recursos legislados lleguen a las organizaciones sin fines de lucro para que estas puedan poner en efecto sus planes de trabajo y que trabajemos juntos para erradicar la pobreza infantil”, expresó el representante Antonio “Tony” Soto.

Actualizada el 20 de junio de 2020