Representante condena silencio del secretario de Corrección

Además, le solicita detalles sobre caso previo de oficial involucrado en asesinato

Foto: EFE / Michael Reynolds

El Capitolio – El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González condenó el martes “el silencio” del secretario de Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, tras el trágico caso que culminó con el asesinato de tres personas y el suicidio del alegado responsable de los mismos; un oficial correccional.

Ortiz González emplazó a Rivera Juanatey a que revele y muestre evidencia del trámite que se utilizó para devolver el arma de fuego al oficial Pedro Montes, luego de haber sido desarmado por un incidente con una de las víctimas el pasado 26 de octubre de 2019 y tras escuchar declaraciones del propio Montes a través de un video que está circulando públicamente.

“En octubre de 2019 funcionarios del DCR desarmaron al oficial Montes tras un incidente con su pareja consensual en lo predios del Centro de Detención en Salinas. Tres meses más tarde se tomó la determinación de devolverle el arma de fuego. ¿Cuál fue el criterio para tomar esa decisión? ¿Se realizó una investigación administrativa? ¿Se hizo alguna evaluación emocional de los involucrados? ¿Quién tomó la decisión de devolverle el arma? El Secretario tiene que contestar esta y otras preguntas sobre un proceso que levanta muchas interrogantes y mostrar evidencia de las acciones tomadas. El silencio del DCR ante una tragedia de esta magnitud es inaceptable e irresponsable”, indicó el legislador en comunicación escrita.

El Reglamento de la Junta de Portación de Armas de DCR establece que un funcionario de la institución (Director Regional, Superintendente, Comandante de la Guardia o su representante) podrá retener el arma cuando existan motivos fundados, ya sea por información o creencia de que el Oficial Correccional podría hacer uso inadecuado del arma de reglamento.

El documento establece además un proceso que inicia con un informe del Superintendente de la institución y un referido a la Junta de Portación de Armas dentro de los 5 días de los hechos que dieron lugar a tal acción.

“El país, las familias de las víctimas y los compañeros del DCR merecen conocer las acciones del DCR al atender un caso de la seriedad del que nos ocupa y así descartar cualquier consideración política en un evento de esta magnitud”, concluyó Ortiz.