Rehúyen investigaciones legislativas sobre las cenizas de AES

Esta semana, la presidenta de la JCA, Tania Vázquez Rivera, minimizó la peligrosidad de las cenizas producidas por AES y afirmó que un estudio de contaminación sería una investigación muy “abarcadora” y “costosa” para su agencia.

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Entre los meses de julio y agosto de 2017, los enfrentamientos por el traslado de miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón a Peñuelas acapararon la atención del país, reactivaron la discusión pública sobre su peligrosidad y reavivaron en comunidades los reclamos por el derecho a la salud.

Todo esto, cambió con la llegada del huracán María.

El demoledor fenómeno atmosférico, sin embargo, cobró una víctima no contemplada. Como evidencia el récord legislativo a un año del huracán, una decena de medidas radicadas para fiscalizar el manejo de las cenizas en la isla quedó fuera de la “agenda apremiante” de representantes y senadores, sin explicación alguna.

El contrato AES-AEE

Entre ellas resalta la investigación legislativa que escudriñaba la enmienda contractual entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y AES Puerto Rico que desde el 2015 le permite a la carbonera descartar en la isla -cada año- sobre 200 mil toneladas de cenizas de carbón.

Como desveló La Perla del Sur en agosto de 2017, para entonces la AEE ya llevaba meses arrastrando los pies para no entregar datos requeridos por la Comisión de Gobierno del Senado, entidad legislativa que investigaba el asunto.

No obstante, como detalla el Segundo Informe Parcial de la Comisión que se radicó el 7 de diciembre de 2017, el patrón de obstrucción no solo continuó, si no que se agravó en meses sucesivos.

El mismo detalla cómo a lo largo del 2017, la AEE incumplió reiteradamente con peticiones de documentos y minutas, ignoró comunicaciones escritas y telefónicas, y proveyó respuestas evasivas e incompletas a preguntas directas de los legisladores.

“A esta fecha (diciembre de 2017), la Comisión no ha recibido ni un solo documento, ni información adicional alguna”, precisa la crónica senatorial obtenida por La Perla del Sur.

Al cierre de esta edición tampoco se había rendido un informe final de los hallazgos, ni se había fijado responsabilidad alguna a la gerencia de la AEE por incumplimiento temerario.

Únicamente, el Senado optó por aprobar la Resolución 541 que extiende el periodo de vigencia de la investigación hasta el final de la séptima sesión ordinaria, que concluye el 30 de junio de 2020.

Al momento, la Comisión tampoco ha coordinado una segunda vista pública para dar continuidad al proceso.

Más investigaciones inconclusas

Por otra parte, La Perla del Sur constató que al menos 10 proyectos legislativos vinculados al manejo de las cenizas de carbón en Puerto Rico no han sido atendidos por comisiones de Cámara y Senado, a pesar de que algunos de ellos fueron radicados hace 19 meses.

Ejemplos son la Resolución Conjunta de la Cámara 61 y la Resolución Conjunta del Senado 63, presentadas en febrero de 2017 por los legisladores independentistas Denis Márquez Lebrón y Juan Dalmau Ramírez.

Ambas medidas pretenden crear un inventario de los lugares en la isla donde se han descartado cenizas de carbón. No obstante, han sido ignoradas por casi dos años en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara, y en la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado.

Márquez Lebrón y Dalmau Santiago también radicaron hace 15 meses sendas resoluciones para investigar la manera en que se han dispuesto las cenizas de AES después de aprobada la Ley 40: estatuto que presuntamente prohibe el depósito de este desecho en la isla.

Sin embargo, el pedido no ha sido atendido en la Cámara, mientras que en el Senado se logró un informe positivo el pasado mes de agosto, que aún espera por votación en la Comisión de Reglas y Calendario del Senado.

“Esto lo que demuestra es la absoluta falta de voluntad que hay para atender el tema de las cenizas de carbón. El huracán les ha dado la excusa para seguir ignorando esto”, declaró en entrevista Márquez Lebrón.

Otros intentos para que se enmiende la Ley 40, se aclare su lenguaje y se establezcan parámetros más estrictos para el depósito de cenizas en la isla, como proponen el Proyecto de la Cámara 1160 y el Proyecto del Senado 600, tampoco han encontrado padrinos en la legislatura.

El pasado mes de julio, el vicepresidente del Senado y autor de la ley 40, Larry Seilhamer Rodríguez, aseguró estar abierto a la posibilidad de reexaminar ese estatuto a la luz de reportajes de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en los que se constata la contaminación de acuíferos en el solar industrial de AES Puerto Rico y la exportación de sobre 80 mil toneladas de cenizas a Jacksonville por parte de la carbonera en Guayama.

No obstante, al cierre de esta edición ningún nuevo proyecto legislativo para enmendar la Ley 40 ha sido radicado.

En su lugar, la investigación senatorial para indagar sobre el Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de AES y el transporte de cenizas al estado de Florida permanece en el limbo.

La Resolución del Senado 727, de la autoría de Seilhamer Rodríguez y aprobada en voto unánime el pasado 16 de marzo, ordenó a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado que atendiera ese asunto y que presentara sus conclusiones dentro de un plazo de 90 días.

No obstante, caducado ese término no se ha celebrado una vista pública del tema, ni se ha rendido un informe parcial o final.

Obvian los estudios de salud

Otras tres medidas para realizar estudios de salud e impacto ambiental en las comunidades próximas a la carbonera de Guayama y al vertedero en Peñuelas tampoco han prosperado en la asamblea legislativa.

De estas resalta la Resolución Conjunta de la Cámara 52, radicada en febrero de 2017 por los representantes José Meléndez Ortiz, Víctor Torres González, Juan Morales Rodríguez y Samuel Pagán Cuadrado.

La pieza pedía al Departamento de Salud y a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que realizaran estudios para determinar si los alrededores de la planta de AES en Guayama y el vertedero de Peñuelas están contaminados con metales pesados u otras sustancias noscivas a la salud.

Luego de 19 meses de espera, la medida provocó una vista pública el pasado lunes, para sorpresa de varios legisladores, incluyendo el representante independentista Márquez Lebrón.

En ponencia escrita, la presidenta de la JCA, Tania Vázquez Rivera, minimizó la peligrosidad de las cenizas producidas por AES y afirmó no estar de acuerdo con el estudio de contaminación, por considerar que se trata de una investigación muy “abarcadora” y “costosa”.

“Investigaciones como estas requieren cantidades millonarias de dinero, con los cuales no cuenta la JCA”, escribió la titular de la agencia, cuya encomienda principal es velar por la salud pública y el ambiente. El Departamento de Salud, por su parte, no envió representante a la vista.

“Cuando se trata de proteger a las comunidades, siempre hay una excusa burocrática o económica por parte del Gobierno de Puerto Rico”, ripostó Márquez Lebrón.