Cenizas de AES: Reclaman acción desde alcaldes hasta ecologistas de la zona sur

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La presencia de arsénico, cromo, selenio y molibdeno en el agua y suelo bajo la montaña de cenizas de carbón de AES en Guayama ya no es lo único que preocupa.

Ahora alcaldes y ecologistas reclaman al unísono que se investigue a fondo si las millones de toneladas distribuidas desde hace más de una década sobre una decena de municipios del país han provocado similar o peor contaminación.

Como revelaron este mes La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), un estudio pagado por AES Puerto Rico desveló que el monumental vertedero de cenizas situado al sur de su solar industrial está liberando elementos tóxicos y cancerígenos al subsuelo, y que esa contaminación ya migra del lugar.

La montaña de sobre 100 pies de alto acumulaba hasta el pasado mes de julio alrededor de 430 mil toneladas del desecho industrial, de acuerdo a documentos de la propia empresa.

No obstante, a partir del año 2004 otras dos millones de toneladas terminaron como relleno en proyectos residenciales, comerciales y viales de 12 municipios de la isla: más de la mitad en los pueblos de Guayama, Salinas, Arroyo, Santa Isabel y Coamo.

Esa cifra cuadruplica el monto de cenizas de carbón que AES acumula en Guayama desde al menos cuatro años, sin cubierta alguna y a la intemperie, en violación a disposiciones de su contrato de venta de electricidad con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El mismo establece que la empresa no almacenará este desecho industrial en el país por más de 180 días, entre otros requisitos.

“El estudio arroja resultados alarmantes, pero vemos que la respuesta del gobierno no refleja la importancia y la urgencia del asunto”, alertó el veterano biólogo y exguardabosque del Bosque Seco de Guánica, Miguel Canals Mora.

“¿Cómo es posible que no se esté tomando acción ante una contaminación de esta naturaleza? Aquí no estamos hablando de niveles un poquito por encima de lo normal, estamos hablando de niveles bastante altos. El silencio es misterioso”, añadió Canals Mora.

El biólogo cuestionó además la tímida reacción de las agencias reguladoras a los hallazgos de contaminación y destacó la urgencia de encaminar una investigación sobre el efecto de estas cenizas en los pozos y suelos de las zonas densamente pobladas donde el material reposa desde hace años.

A tres días de publicarse el reportaje de La Perla del Sur y el CPI, la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez Rivera, se limitó a solicitar a AES la entrega de todos los documentos relacionados al estudio que realizó la firma DNA Environmental, bajo amenaza de imponer multas de hasta $25 mil diarios, si AES no cumplía la orden en diez días laborables.

“Aquí, responsablemente, lo que procede en primera instancia es evaluar la calidad del agua en los pozos cercanos a otras áreas residenciales donde se han tirado cenizas”, añadió Canals Mora. “Esto no es algo tan costoso y hay el personal. No toma mucho tiempo tomar unas muestras y hacer los análisis”.

“Que respondan los que dieron permiso”

Entretanto, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, reclamó a la JCA y la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA en inglés) que inicien de inmediato estudios para determinar si las descargas de cenizas efectuadas en su municipio durante el año 2009 están exponiendo a riesgo a sus habitantes.

Según datos oficiales de AES, 46,266 toneladas de cenizas de carbón fueron depositadas en Coamo ese año.

En opinión del alcalde, todas fueron a parar a una hacienda privada en el sector San Ildefonso, donde se utilizó como material de construcción de varios caminos. En estos casos, es común que el desecho se utilice como base y se recubra con tierra.

Tanto La Perla del Sur como el CPI ya han constatado numerosos casos en los que, en pocos años, las cenizas vuelven a quedar expuestas al sol, sereno, lluvia y erosión.

“Sería menester de las mismas agencias que dieron permiso revisar cada uno de los sitios donde se depositó, dado los resultados que han salido a la luz pública”, sostuvo García Padilla.

“Si en Guayama se determinó que se contaminó, las agencias que han dado permisos diciendo que (las cenizas) no contaminaban son las que están llamadas ahora a tomar acción”, agregó.

Incredulidad en Santa Isabel

Entretanto, el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, respondió con incredulidad a documentos oficiales de AES que certifican que en su municipio se depositaron 69,695 toneladas de cenizas entre los años 2006 y 2011.

Según recalcó, su administración no ha avalado el depósito de este material en su territorio. Si se prueba lo contrario, insistió que se hizo de forma ilegal y que debe ser removido inmediatamente.

A modo de ejemplo, relató que en el año 2006 fue él quien frenó que se emplearan cenizas de AES en la construcción de la Égida Santa Isabel. Tras prevalecer en los tribunales, obligó a la constructora a remover todo el material descargado.

Aún así, documentos de la carbonera confirman que solo en el año 2006 se depositaron 11,809 toneladas de cenizas en Santa Isabel. Otras 10,368 toneladas terminaron en esa localidad en el 2008 y 47,518 toneladas adicionales en el 2011.

Además, un Aviso de Intención de Demanda radicado por la organización Public Justice en septiembre de 2012 identifica mediante fotos y coordenadas la existencia de un monumental depósito de cenizas en la cercanía de las urbanizaciones Villa Serena, Brisas del Prado y Prados del Sur de Santa Isabel.

Tanto la JCA, como la EPA y los departamentos de Justicia de Puerto Rico y los Estados Unidos fueron incluidos en ese recurso legal.

“Si en otras áreas de nuestro pueblo han depositado (cenizas), esta administración no lo aprobó y, si lo han hecho, lo han hecho de forma ilegal”, declaró el alcalde. “En Santa Isabel yo dudo que ellos hayan logrado depositar todo eso”.

La Perla del Sur solicitó entrevista con el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, municipios donde se trasladaron al menos 1,021,010 y 609,608 toneladas de cenizas, respectivamente, entre los años 2005 y 2011. No obstante, ninguno respondió a la solicitud de entrevista de este semanario.

Reclamará remoción en Ponce

Por otra parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Legislatura Municipal de Ponce, Justiniano Díaz Maldonado, adelantó que tan pronto como la semana próxima radicará un proyecto para exigir a AES que detalle dónde están las miles de toneladas que esa empresa envió a la ciudad, incluyendo el vertedero, solares residenciales y vías de rodaje.

Asimismo, explicó que la pieza legislativa también exigirá a AES que remueva sus cenizas de la jurisdicción ponceña.

Según documentos presentados ante la Cámara de Representantes en el año 2012, AES avaló que se trasladaran a Ponce 10,668 toneladas entre los años 2004 y 2007.

Esta suma, a juicio Díaz Maldonado, “se queda corta” ante la real.

Proactiva ante los hallazgos

Por último, la presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico, Solmarie Borrero Mejías, exhortó a las comunidades preocupadas por esta situación a aproximarse a la institución y solicitar asesoría técnica.

“Nuestra misión y visión institucional está en el apoyo a nuestras comunidades, en el educar a nuestras comunidades. Así que el Colegio siempre tiene las puertas abiertas”, planteó Borrero Mejías.

Los interesados pueden llamar al 787-763-6070 o escribir a través de su portal web www.cqpr1941.com.