Rechazan proyectos de Libertad Religiosa y Terapias Reparativas

"Este proyecto dejaría en manos de cualquier persona que se autodenomine pastor o pastora la salud mental y emocional de niñas, niños y jóvenes que tampoco podrían ser protegidos por el Estado porque se está validando como buena una práctica que realmente es maltrato infantil”, dijo Burgos

Foto: EFE / Thais Llorca

SAN JUAN – Varias organizaciones que apoyan los derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas y personas comprometidas con una agenda nacional de equidad rechazaron el lunes, los proyectos de ley presentados la semana pasada por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevárez en torno a los temas de libertad religiosa y terapias reparativas para personas de las comunidades LGBTQ.

El grupo fue convocado por el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

“En la mañana de hoy queremos expresar ante el país nuestro más contundente rechazo al Proyecto del Senado 1253 de Libertad Religiosa y al Proyecto del Senado 1254 de Terapias Reparativas que la semana pasada se presentaron ante el país bajo la premisa falaz e incorrecta de que ambos son el resultado de un alegado consenso entre comunidades LGBTQ y el sector religioso conservador de la Isla”, expresó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, uno de las portavoces de CABE en comunicación escrita.

“La idea de por sí es descabellada. Es imposible que nuestras comunidades LGBTQ acepten dos proyectos que atentan directamente contra sus derechos, su dignidad y su calidad de vida y eso es precisamente lo que ocurre con ambos. Debemos denunciar que no solo el proceso de redacción de los proyectos fue poco transparente, sino que además el proceso en la Legislatura ya inició con el pie izquierdo y el intento de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de limitar la participación en las vistas públicas sobre los mismos”, añadió.

“El estado de derecho actual ya protege la libertad religiosa. Sin embargo, el proyecto presentado crearía un sistema legal alterno para ciertos sectores religiosos que estarían exentos de las normas anti-discrimen que aplican al resto del país. ¿Queremos un país en el que cualquier idea discriminatoria pueda ser validada usando como excusa una etiqueta que la convierta en creencia religiosa? Porque eso es lo que este proyecto logra al indicar que ni siquiera podría cuestionarse la razonabilidad de una creencia que se identifique como religiosa. Imaginen las posibilidades y los grupos que estarían en peligro. No sólo las comunidades LGBTQ, sino las personas negras, las personas con uso problemático de drogas, con diversidad funcional y las mujeres, por mencionar solo algunos”, explicó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, otra de las portavoces de CABE y directora de Proyecto Matria.

Ésta también explicó que aunque el proyecto se ha anunciado como uno que solo aplicaría en el ámbito gubernamental, contiene cláusulas que extenderían la protección al sector privado. Las entidades que reciban fondos del gobierno mediante donativos o contratos podrían mantener actividades religiosas con fondos públicos y discriminar en la contratación de empleados. “Es decir, ustedes y nosotras pagaríamos contribuciones para que el gobierno pase nuestro dinero a manos privadas que luego nos discriminarán en el ofrecimiento de servicios”, puntualizó.

Por su parte, Burgos explicó que, el Proyecto del Senado 1254 de Terapias Reparativas (también conocidas como de Conversión) sólo se las prohíbe a los profesionales de la salud mental según definidos en la Ley 408 de salud mental. Pero además, exime expresamente de la prohibición al sector religioso mientras autoriza a madres y padres a decidir si aplican las mismas a sus hijas e hijos menores de edad.

“Las personas LGBTQ no están enfermas. Las organizaciones que agrupan a profesionales de la salud mental saben y han reconocido que las personas LGBTQ no necesitan ser reparadas, curadas ni convertidas. Las terapias reparativas siempre han sido una práctica dañina que nace de la homofobia y de la falta de aceptación y respeto hacia las personas LGBTQ. Este proyecto dejaría en manos de cualquier persona que se autodenomine pastor o pastora la salud mental y emocional de niñas, niños y jóvenes que tampoco podrían ser protegidos por el Estado porque se está validando como buena una práctica que realmente es maltrato infantil”, dijo.

Durante los pasados días, múltiples organizaciones se han expresado en contra de ambos proyectos y en la conferencia de prensa era evidente la presencia de colegios profesionales como el de Trabajo Social, la Asociación de Psicología, el Colegios de Abogados y grupos profesionales relacionados con la salud mental de la niñez. Éstas expresaron que sus códigos de ética, así como la literatura sobre ambos temas, impiden que apoyen proyectos que como estos atentan contra la integridad física, mental y emocional de las poblaciones más vulnerables del país.

“Estas terapias marcaron mi vida para siempre y es algo que debe erradicarse de nuestro país y de todos los países del planeta”, expresó Kery Santiago, quien fue secundado por Alejandro Santiago, otro hombre que experimentó las llamadas terapias de conversión.

“Definitivamente nosotros preferimos que no se apruebe ningún proyecto como este si lo que traerá consigo es dar permiso a que más niñas, niños y jóvenes tengan que someterse a estas terapias que no son otra cosa que una tortura”, dijeron.

También se dieron cita colectivos religiosos, así como organizaciones que atienden o han destacado en temas LGBTQ. En la misma participaron, además, decenas de personas en carácter individual. Entre ellas, sobrevivientes de terapias de conversión quienes indicaron que están sorprendidos con las expresiones de algunos representantes que alegan desconocer de la existencia de esas prácticas en la Isla.

Las organizaciones destacaron los siguientes puntos sobre ambos proyectos:

1- No son medidas de consenso. No hubo consultas ni negociaciones con organizaciones de        derechos humanos o a favor de las comunidades LGBTQ.

2- El de Libertad Religiosa refuerza la idea de que cualquier creencia religiosa, cuya razonabilidad no podría ser cuestionada, es suficiente para pedir acomodo razonable en el gobierno y sus agencias. Esto no considera situaciones reales que definen la actualidad de nuestro gobierno tales como la falta de personal en agencias claves del gobierno tales como la Policía, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y agencias públicas de salud.

3- El proyecto extiende la protección a organizaciones, asociaciones y corporaciones. No hay que ser persona natural para acogerse a la protección de esta ley.

4- Explícitamente establece que si una entidad PRIVADA recibe fondos del gobierno, puede usar su libertad religiosa para realizar actos proselitistas o discriminar al contratar empleadas o empleados.

5- El proyecto de Terapias Reparativas sólo prohíbe a los profesionales de la salud mental según definidos en la Ley 408 de salud mental aplicar las terapias. Sin embargo, si esos mismos profesionales lo hacen cobijados por las instituciones religiosas o bajo el ejercicio de patria potestad de los padres, no lo prohibiría.

6- No prohíbe las terapias a otros profesionales. Tampoco se les prohíbe a pastores ni a cualquier persona que prometa “curar” a personas LGBTQ. El proyecto es tan deficiente que no tendría consecuencias para aquellos “reparadores” cuyas disciplinas no estén cobijadas por Juntas Examinadoras.

7- Aunque dice que prohíbe las terapias a menores de 18 años, autoriza a madres y padres a decidir si se las aplican a sus hijos e hijas. El efecto de esta disposición es que pueden llevar sus niñas, niños y jóvenes a terapias reparativas sin que se considere ilegal ese acto de maltrato. No olvidemos que jóvenes mayores de 18 años, pero menores de 21 años, siguen estando bajo la patria potestad de madres y padres y no les protegería la prohibición que se intenta establecer en el proyecto.