Rechazan en vistas públicas aumentar penas en delitos tipificados en la Ley 54

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EL CAPITOLIO – La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes discutió este lunes un proyecto de ley que busca aumentar las penas en una serie de delitos tipificados en la Ley 54 de Violencia Doméstica bajo el alegato de una cuestión de justicia retributiva y prevención.

El Proyecto de la Cámara 791 (PC 791) – radicado por petición de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) – igualmente persigue limitar las instancias en las que estará disponible el desvío del procedimiento estatuido y añadir de manera no discrecional la condición de supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al amparo de la ley.

La medida recibió el rechazo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), tras señalar que el lenguaje en la exposición de motivos se aleja de los principios de prevención, educación y rehabilitación con una visión “altamente punitiva”.

A juicio de la organización, en la propuesta legislativa pesa más la justicia retributiva que la justicia restaurativa.

“Esta promueve los modelos de castigo y la mano dura, intentos fallidos del pasado para proponer enmendar la Ley de Violencia Doméstica, alejándolos así del propósito preventivo que lleva su nombre”, expresó la entidad jurídica en una ponencia firmada por el director ejecutivo Félix Vélez Alejandro y la licenciada Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia.

La SAL reiteró su posición en contra de medidas que promueven el castigo y que, “lejos de adelantar el interés legítimo que pueda tener el Estado, no atiende de manera adecuada la situación existente con la violencia doméstica”.

Asimismo, denunció que el PC 791 no fue redactado y analizado en conformidad con el estado de derecho vigente.

Expresiones de SAL

La pieza legislativa propone establecer como delitos graves las tipificaciones en la Ley 54 y las penas incrementarían los años de reclusión.

El Artículo 3.5 impondría la mayor pena con 50 años de reclusión a toda persona que cometa el delito de agresión sexual conyugal.

“¿Cómo hacemos la Ley 54 menos punitiva y más rehabilitadora?”, preguntó la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.

“Tenemos que dejar de visualizar que la cárcel es el lugar donde se resuelve el problema no solo del convicto por Ley 54, sino el problema de la criminalidad”, respondió Colón Rodríguez, quien representó a la SAL durante la vista pública.

“Tenemos que dejar de visualizar que mientras más aumentemos las penas; más restrinjamos las penas alternas a la reclusión; más separemos a las personas o al núcleo familiar; más abogamos por la creación de registros que perpetúan o dan continuidad a una pena… todo ha sido para gravar la situación de la persona que es procesada, olvidándonos de que tenemos un derecho constitucional a la rehabilitación”, agregó la licenciada.

Aunque abogó por la necesidad de reevaluar la Ley 54, destacó que ese proceso se debe llevar a cabo mediante la integración de un grupo multisectorial que analice las distintas vertientes.

“Amerita una revisión ponderada de la Ley de Violencia Doméstica, pero donde haya participación de muchos sectores involucrados con el ámbito social, con representatividad de las víctimas y los grupos que apoyan y defienden sus causas. También por parte de las entidades que están involucradas en el procedimiento penal”, sostuvo.

Con la postura de la SAL coincidió la socióloga Lina Torres Rivera, quien consideró que el PC 791 no recoge los planteamientos básicos de las corrientes penológicas contemporáneas respecto a asumir posturas cónsonas con el derecho penal mínimo.

En su turno como deponente, la también criminóloga defendió la educación como arma principal contra la educación.

“Yo creo mucho en la educación. Para mí, la educación es lo más importante”, manifestó Torres Rivera, en referencia a la educación con enfoque en derechos humanos y equidad de género. Como parte de sus recomendaciones, la socióloga también mencionó la necesidad de explorar acercamientos críticos de la criminología feminista y la criminología cultural.

Al igual que la SAL, Torres Rivera compartió la preocupación de que se violenten principios fundamentales, como el derecho a la no autoincriminación y la presunción de inocencia. Además, que se someta a una persona acusada por violencia doméstica a un proceso de coacción para que “admita” o “acepte” de los actos sin la certeza de que los haya cometido o que no haya sido probado más allá de duda razonable.

“Es hora de que el Estado comience a relacionarse con el lenguaje de los sistemas de justicia restaurativa. Algunos estados de Estados Unidos ya han empezado a imponerlo. Algunas otras jurisdicciones en América Latina, incluso, en Europa. De ahí podríamos retomar un poco ese tipo de lenguaje no violento del derecho penal”, sugirió la criminóloga.

“Ver las instancias del derecho donde se integren también alternativas de resolución de conflictos y, obviamente, que se ataje la problemática desde antes de llegar al derecho penal. Hay alternativas”, argumentó.