Reacciona representante al veto del Gobernador a la Resolución Conjunta de la Cámara 88

“Queda demostrado que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia no es un líder de palabra, ni cumplidor del juramento que hizo de proteger los intereses de nuestro pueblo", dijo el representante

foto: Cybernews

EL CAPITOLIO – Luego que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia impartiera este miércoles, su veto a la Resolución de la Cámara Conjunta 88, para que el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma Energy pospusieran la entrada en vigor del mismo hasta enero de 2022, de forma que se pudieran renegociar enmiendas al contrato, el representante Luis Raúl Torres Cruz reaccionó.

“Queda demostrado que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia no es un líder de palabra, ni cumplidor del juramento que hizo de proteger los intereses de nuestro pueblo. Él dijo en julio del 2020 que el contrato de la AEE con LUMA Energy, firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se hizo a espaldas del pueblo; que representa peligro para el cumplimiento de la política pública energética de cambiar de fuentes de combustibles fósiles a energías renovables; que generará aumentos al costo de la energía eléctrica y que no protege los derechos de los servidores públicos de la AEE. Ahora, defiende férreamente el contrato y los intereses de LUMA Energy por encima del bienestar de nuestro pueblo y de proteger nuestro sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica”, puntualizó Torres Cruz en comunicación escrita.

“Estaré cursando una petición formal al Presidente de la Cámara de Representantes y al Presidente del Senado para que se considere pasar por encima del veto impartido por el Gobernador a la RCC 88 lo antes posible”, señaló el representante Torres.

En su veto, el gobernador expone que la medida de por sí es inconstitucional, pues menoscaba obligaciones contractuales vigentes. 

El primer ejecutivo señala además que la medida es significativamente inconsistente con los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

También, sostiene que la pieza legislativa es innecesaria ya que las protecciones que pretende implementar se encuentran en el estado de derecho y que es inconsistente con la transformación del sector energético que el gobierno y el pueblo exige. En su veto el gobernador expresa que si fuera estrictamente necesario evaluar enmiendas al contrato ya existen los mecanismos para negociarlo.  

“Entiendo que no existe causa justificada para posponer la ejecución del contrato de Luma a enero de 2022 o alguna fecha posterior, ya que todos los requisitos para dar comienzo a dicha ejecución se han cumplido o se espera que se cumplan en o antes del 1 de junio de 2021. Reitero mi apoyo al modelo de alianzas público-privadas para lograr modernizar y restaurar la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico con el fin de que mejore el servicio a nuestro pueblo, se provea energía más accesible y barata, y se promueva la diversificación de nuestras fuentes de energía. Asimismo, entiendo que no es necesaria la aprobación de esta Resolución Conjunta ya que, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la AEE estarán en posición de negociar cualquier enmienda al contrato de Luma que sea beneficiosa para el interés público”, expresó el gobernador en comunicación escrita.  

El gobernador reiteró que su posición ha sido clara en cuanto al contrato de Luma.

“Siempre dije que el contrato tenía que garantizar varios asuntos, como que no se soliciten aumentos en la tarifa eléctrica para compensar gastos administrativos de Luma y que se cumpla con la Ley 120-2018 para que se garantice que los empleados de la AEE sean considerados para empleo con Luma con los mismos beneficios que recibían en la Autoridad o mejores, incluyendo el plan de pensión al que Luma como patrono deberá ahora aportar. En la alternativa, que se les garantice un puesto en el gobierno, ya sea en la AEE u otra agencia”, expresó el gobernador.  

De igual forma, el gobernador había indicado que el contrato tiene que cumplir con los estándares de servicios y de mejoras al sistema conforme a la política pública establecida en la Ley 17-2019, que existan medidas que eviten conflictos de intereses en la otorgación de contratos, y que se establezcan y se cumplan con las métricas claras y específicas de cumplimiento y desempeño.   

“Para velar porque estos asuntos se cumplan, tan pronto comencé mi gobierno firmé la Orden Ejecutiva 2021-012 que creó el comité timón presidido por el secretario de Estado, Larry Seilhamer. Ese comité podrá también evaluar y recomendar posibles enmiendas. Todos queremos un sistema eléctrico robusto y resiliente, y mi gobierno está comprometido con la transformación energética que encamina a Puerto Rico hacia la energía renovable. Continuar haciendo lo mismo no es una opción. Siempre estoy enfocado en lo mejor para nuestro pueblo y mis acciones así lo demuestran”, sentenció Pierluisi.