“Puerto Rico tiene ante sí una gran oportunidad de reinventarse”

Hoy, académicos tomaron la discusión sobre cuál será el rol de los educadores de cara a la inminente transformación del Departamento de Educación.

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PONCE – En el marco del inminente cierre de 179 escuelas públicas en Puerto Rico, académicos tomaron la discusión sobre cuál será el rol de los educadores en las aulas que reciben diversidad de estudiantes, incluyendo a los alumnos de educación especial.

El consenso es que “si todo madura como pinta”, el sistema de educación sufrirá grandemente, a juicio del licenciado José E. Torres Valentín, uno de los abogados del pleito de clase Rosa Lydia Vélez. Sus expresiones se dieron durante la tercera Bienal de Educadores del Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), que tomó el tema de Educación Especial.

Por un lado, de cara al problema laboral que suma la transformación del Departamento de Educación a los maestros transitorios, las expectativas se alinean en una “zona de penumbra totalmente desconocida”, apuntó Torres Valentín.

Mientras, el exsecretario de Educación Rafael Aragunde Torres, afirma que con los recortes al presupuesto del Departamento “el sector educativo va a sufrir más que otros sectores”. No obstante, trajo a la mesa una visión positiva del problema. “El país tiene una gran oportunidad de reinventarse. El debate es cómo”, apuntó.

El otrora rector del Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico, planteó que de una parte surgen propuestas para privatizar los servicios a manera de remediar el golpe económico; por otra parte, nacen iniciativas que proponen la participación colectiva de manera creativa para atender esta crisis evidente, señaló.

Según dijo, Puerto Rico tiene un reto de asegurar que en estas circunstancias, la discusión y la toma de decisiones estén en función de una visión de país que atienda los valores colectivos.

Subrayó que la crisis es de carácter moral, ético y valorativo y que es momento de crear espacios de participación colectiva para asegurar la calidad humana y no estar balanceando la chequera personal.

Basándose en estimados de economistas y peritos, anticipó que “en los próximos cinco años, por lo menos, vamos a sufrir de estas limitaciones (económicas). Tenemos que reinventarnos; buscar la manera de ser efectivos”, reiteró el educador de corte hostosiano.

“Cerrar escuelas, en sí no es malo”, dijo. “Hay escuelas que realmente merecen ser cerradas porque la planta física deja de ser segura. Pero el norte, la brújula no debe ser una estrictamente económica. Tienen que haber unas consideraciones de corte académico antes de enumerar escuelas (para cierre), etc.”, insistió.

Tanto Aragunde Torres como el licenciado Torres Valentín formaron parte del panel plenario sobre Educación Especial en Puerto Rico: Necesidades de formación profesional del magisterio, donde además participaron la profesora Ada Hernández Guadalupe y la Dra. Yolanda González Román, integrantes de la Fundación SM en Puerto Rico, entidad que condujo un estudio bajo el mismo nombre para conocer el dominio que tienen los maestros en el salón de clase.

Ante la crisis fiscal, los recortes al presupuesto, la obligada reorganización del Departamento de Educación y la desaparición de algunas plazas de maestros transitorios, muchos los sectores de la sociedad anticipan que el caos se avecina.

Para la profesora Hernández Guadalupe, directora de la Unidad de Estándares y Assessment del Departamento de Educación, “el susto y el miedo no es lo que nos ayuda”, dijo. Empero, apostó a los maestros que se abran a la oportunidad de reinventarse. “Siempre va a haber una alternativa”, acotó, mencionando las alianzas colaborativas, las comunidades y los grupos de interés, como la Academia, que se sientan en la mesa a buscar soluciones.

Entretanto, el defensor de la causa de estudiantes de educación Especial, insistió en que “el derecho a la educación tiene rango constitucional”.

Un doble esfuerzo

Torres Valentín puso en perspectiva el hecho de que ahora Puerto Rico es regido por la Junta de Control Fiscal, integrada por siete personas que han solicitado grandes recortes presupuestarios; a esto se añade la llegada de la jueza federal Laura Taylor Swain, del Distrito Sur de Nueva York, designada por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos para atender el proceso de quiebra del gobierno central y restructurar la deuda pública bajo la Ley PROMESA.

“La Junta y sus integrantes tienen que reflexionar… el Tribunal también (sobre) qué clase de sociedad va a ser Puerto Rico”, puntualizó Torres Valentín respecto al derecho de los niños a desarrollarse, cobijado por la Constitución de Puerto Rico, sobre todo en la etapa primaria.

El abogado destacó que “el Tribunal debe tomar aquellas decisiones que fomenten preservar y mantener el sistema educativo en Puerto Rico”, acotó.

Por su parte, la Dra. Yolanda González Román, especialista en Educación Especial y Diferenciada, estimó que la Academia verá una reducción en la matrícula de estudiantes que deseen formarse como maestros, quienes a su vez requerirán más recursos para su formación ante una perspectiva de clase diferenciada.

“Las universidades tenemos que trabajar mucho en el sentido de capacitación, actualización de profesionales, promover las certificaciones y ampliar el ofrecimiento”, puntualizó, también apostando a la creatividad del Director Escolar, que ponga al recurso humano a valer la Ley que rige la Educación en Puerto Rico.