Proponen implementar política pública de cero embargos por deudas a ayudas sobre el COVID-19

Foto: Suministrada

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció el lunes la radicación de una resolución conjunta dirigida a establecer que mientras dure la emergencia creada por la pandemia del COVID-19, todos los bienes de los ciudadanos estarán protegidos de embargo, gravamen, y congelación en caso civiles de ejecución de sentencia, o presentaciones de peticiones de quiebra ante el Tribunal Federal de Quiebras.

La pieza legislativa tiene como coautor al presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez.

“Es imperativo que esta Asamblea Legislativa se mueva en la dirección correcta y le brinde una protección al consumidor, en la cual se pueda apoyar y remediar en la medida de lo posible los embates que provoca una ejecución en tiempos de crisis económica, de manera que pueda retener algunos bienes imprescindibles para su subsistencia. Esta es la política pública que consideramos justa y necesaria, y lo que los tiempos de crisis reclaman”, sentenció Méndez Núñez en comunicación escrita.

“En este momento que atravesamos una crisis económica sin precedentes no puede haber espacio para el embargo de estas ayudas federales por parte de agencias federales. Esto se trata de una cuestión de vida o muerte para miles de puertorriqueños. Por eso estamos buscando legislar para proveer esa protección”, dijo por su parte Navarro Suárez.

Durante la vigencia de esta Resolución Conjunta, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año, se estarán observando las siguientes normas sobre la protección de embargo contra acreedores: viviendas, equipo de trabajo, todo mobiliario y enseres del hogar, los ingresos del deudor, beneficios económicos de asistencia pública, seguros médicos, instrumentos financieros y planes de retiro, entre otros.

Para atender los efectos de esta crisis económica en Estados Unidos, el gobierno federal aprobó el CARES Act, el Congreso el 23 de marzo de 2020. Esta legislación federal dispone que las ayudas económicas de 1,200 dólares por individuo y 500 dólares por menores dependientes estarán exentas de pago de impuestos y no pueden considerarse como ingreso en un procedimiento de quiebra. Además, dicho estatuto federal no exime estos ingresos o ayudas económicas federales de embargos a cuentas bancarias que ya hayan sido aprobadas por un tribunal con anterioridad a la pandemia.

“Por tanto, cualquier persona que previo a la pandemia tuviera una orden de embargo emitida por un Tribunal en contra de su cuenta de banco, corre el riesgo de perder el dinero federal que va a estar recibiendo, ya que en todo caso que la orden de embargo este vigente, el banco no tiene otra opción que no sea transferir cualquier deposito que se reciba en la cuenta al acreedor que tiene una orden de embargo a su favor. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones nacionales de protección al consumidor”, comentó el presidente de la Cámara en la Exposición de Motivos de la medida.

“Lo antes descrito cobra mayor relevancia si consideramos que el Gobierno de Puerto Rico ha estado haciendo gestiones para poder hacer los pagos del incentivo federal de las arcas del Gobierno local, para luego ser reembolsado por el gobierno federal. Sin embargo, como hemos explicado, este dinero no se encuentra debidamente protegido de embargos previos o hasta futuros: los que se puedan obtener cuando los tribunales reabran”, añadió el líder cameral.