Proponen estudiar incidencias de violencia en escuelas de la Región Norte Central

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SAN JUAN – Los representantes Michael Quiñones Irizarry y Brenda López de Arrarás radicaron recientemente una resolución para realizar una investigación sobre los protocolos de seguridad, incidencias de violencia e imputación de delitos menos graves y graves en las escuelas públicas del municipio de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.

También buscan investigar la capacidad del personal en el planteles escolares para detectar situaciones de peligrosidad y/o prevención y su capacidad de detección de riesgos para el mejor bienestar de los menores.

“Recientemente, ha llegado a nuestra atención investigaciones de hechos donde se imputa maltrato institucional y alegaciones que podrían constituir agresión sexual. En particular, se nos ha informado sobre un caso de maltrato institucional en la escuela Segunda Unidad Francisco Jordán de Utuado en la que se investiga un conserje de dicha unidad escolar”, denunciaron en la Resolución de la Cámara 1603.

“El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene las herramientas legales para establecer los mecanismos necesarios para que los estudiantes tengan un ambiente seguro y libre de violencia”, aseguraron los autores de la medida en la exposición de motivos.

La política pública sobre la protección y seguridad de los estudiantes propició la aprobación de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985, sobre el Cuerpo de Seguridad Escolar. Mediante esta legislación se ordenó al Secretario de Educación a crear un cuerpo de orden público para la protección de estudiantes, maestros, empleados y propiedad escolar en las escuelas y sus alrededores. El servicio sería provisto, de manera prioritaria, a las escuelas con mayores problemas de vandalismo e incidencia criminal. El Cuerpo de Seguridad Escolar está adscrito al Departamento de Educación, pero su personal es entrenado y asignado por la Policía de Puerto Rico.

Por otro lado, la Ley Núm. 110 del 31 de mayo de 2006, conocida como “Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas”, esboza la importancia del envolvimiento de todos los componentes de la comunidad escolar y el gobierno en mantener la seguridad de las escuelas. Además, en su inciso (g) del Artículo 3.01 dicta que: “las autoridades escolares tendrán la responsabilidad de coordinar con la Policía de Puerto Rico la instalación de dispositivos de seguridad, tales como: cámaras de video y sistemas de alarmas, en aquellas escuelas declaradas no seguras por el Departamento de Educación”.