Proponen en abril celebrar semana contra la pena de muerte en Puerto Rico

foto: EFE / Mariano Constanzo

SAN JUAN – El senador popular Ramón Ruiz informó este viernes que presentó el Proyecto del Senado 363, para declarar la última semana del mes de abril como “La Semana Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico”.

La Constitución de Puerto Rico de 1952 deja claro que la pena capital está prohibida en la isla.

No obstante, el tema salió a relucir recientemente por el caso del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo como el presunto asesino de Keishla Rodríguez, de 27 años, con quien mantenía una relación extramarital y esperaba un bebé con ésta.

Verdejo, además de ser acusado de asesinato, se le imputan cargos por secuestro y “carjacking” (robo de un automóvil a mano armada).

Junto a Verdejo participó en este suceso Luis Antonio “Tony” Cádiz Martínez.

Por todas estas acusaciones, tanto Verdejo como Cádiz, podrían enfrentar la pena capital, según han informado las autoridades federales en Puerto Rico.

“La pena de muerte ha sido un tema donde la gran mayoría del pueblo puertorriqueño se expresa en contra, y así se ha fijado en leyes como la número 42 del 26 de abril 1929, que especifica dicha prohibición, así como la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tal como reza el Artículo II, Sección 7”, detalló Ruiz.

“Aunque a nivel de la fiscalía federal la intención ha sido aplicar la pena de muerte en Puerto Rico en contra de las intenciones de la mayoría de nuestro pueblo, al momento no se ha aprobado en ningún caso, aplicándose otros tipos de pruebas”, abundó.

Al momento, 16 de los 50 estados de Estados Unidos se prohíbe la pena de muerte.

El legislador aseguró que en la práctica se ha demostrado que la pena de muerte no es un disuasivo, ni es efectivo en manejar el problema del crimen.

“De hecho, es totalmente contrario al principio de la rehabilitación, sin mencionar que ha habido casos donde se aplica la pena de muerte y con el paso del tiempo se resuelven los casos donde se descubre que quien fue condenado, en realidad era inocente”, argumentó.

La medida promueve además, que tanto el Departamento de Estado como la Comisión de Derechos Civiles, el Colegio de Abogados, las universidades y las escuelas, promuevan el valor de la vida humana, como parte del marco constitucional de Puerto Rico.