Proponen crear programa para monitoreo, evaluación, investigación, educación y asesoramiento en prevención de suicidio

En Puerto Rico se estima que cada 26 horas alguien se quita la vida, y que cada 40 minutos alguien lo intenta

foto: Archivo

EL CAPITOLIO – La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, realizó el martes, una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 306, radicada por la representante Lydia Méndez Silva, que dispone crear el “Programa para el Monitoreo, Evaluación, Investigación, Educación y Asesoramiento en Prevención de Suicidio”, y derogar la Ley 227-1999, según enmendada.

“El suicidio es la manifestación más extrema de la violencia autoinfligida. Es la violencia contra sí mismo y contra los demás. En Puerto Rico, el suicidio es la tercera causa de muerte violenta. Ocurre en todas las edades, en todos los grupos sociales, niveles económicos, educativos, independientemente de creencias y valores filosóficos, políticos o religiosos”, sostuvo Burgos Muñiz en comunicación escrita.

En Puerto Rico se estima que cada 26 horas alguien se quita la vida, y que cada 40 minutos alguien lo intenta.

El promedio anual de muertes por suicidio es de 311 personas. Los estudios indican que uno de cada cinco adolescentes entre las edades de 13 a 19 años está considerando suicidarse seriamente y que el 17.3% de los adolescentes, principalmente féminas de noveno a duodécimo grado, han intentado suicidarse.

La directora interina de la Comisión de Prevención del Suicidio (CPS) del Departamento de Salud, Nayda Román Vázquez indicó que “a pesar de las limitaciones presupuestarias, la CPS ha podido integrarse en esfuerzos de investigación sobre comportamiento suicida a través de distintos espacios, como el Comité Asesor del Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas en Puerto Rico a cargo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. También, en la asesoría a estudiantes subgraduados y graduados en proyectos de investigaciones, tesis o disertación sobre el comportamiento suicida en Puerto Rico”.

La CPS se crea bajo el Artículo 3 de la Ley 227 del 12 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de Suicidio” con la meta de prevenir el comportamiento suicida en Puerto Rico.

Esta agencia está adscrita al Departamento de Salud.

Según los datos provistos por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, en el año 2015 hubo un total de 250 suicidios; en el año 2016- 211 suicidios; en el año 2017 un total de 260 suicidios; en el año 2018 – un total de 243 suicidios; en el año 2019 – un total de 177 suicidios; y en el año 2020 con un total de 167 suicidios.

Desde el 2015 hasta el presente, la CPS ha mantenido un acuerdo colaborativo con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a través del cual se han capacitado miles de empleados gubernamentales que han tomado el taller titulado “Respuesta Rápida ante Situaciones de Comportamiento Suicida”, que la CPS ofrece semanalmente.

“Actualmente, este taller está incluido en el calendario académico de la OEG y se ofrece de forma virtual a través de la plataforma Zoom cada dos semanas”, expresó Román Vázquez.

Por su parte, el administrador auxiliar de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMA), Juan Rivera Meléndez, mencionó que entre los servicios que ofrece la agencia se encuentra servicio telefónico y “chat” de 24 horas, los 7 días de la semana para atender a toda la población, incluyendo personas con comportamiento suicida.

En el mismo se orienta, se interviene, se coordinan servicios y se ofrece servicio de posvención.

A su vez, añadió que se ha estado trabajando en el fortalecimiento de los procesos evaluativos para identificar personas con comportamiento suicida e incorporación de modelos basados en la evidencia en procesos de tratamiento de la ASSMCA.

“Actualmente, la ASSMCA se encuentra colaborando en el desarrollo de campañas publicitarias para atender la problemática; y en el desarrollo de alianzas y colaboraciones con Municipios, agencias de Gobierno y empresas privadas para unir esfuerzos en esta lucha y en el desarrollo de un consejo asesor para atender estos y otros aspectos relacionados al suicidio”, dijo el Administrador Auxiliar, quien añadió que es necesario establecer de una manera más clara el motivo por el cual se desea derogar la Ley 227 de 1999.

Por otro lado, la presidenta de la Junta del Colegios de Profesionales del Trabajo Social, Mabel López considera como elemento puntual de esta discusión, prestar atención no solo a la persona, sino también, tener en perspectiva la importancia de atender las dinámicas sociales y los aspectos estructurales vinculados a la conducta suicida, destacando que esta problemática surge como consecuencia de diversos factores: sociales, culturales, psicológicos, biológicos y clínicos.

“Sugerimos que las estrategias de prevención que se consideren prospectivamente, tomen en consideración las realidades subjetivas y objetivas de este acto (investigación científica y clínica), así como la complejidad del ser humano, incluyendo la consideración del contexto que impactan la vida de cada persona (determinantes sociales y económicos)”, dijo López, quien reiteró que favorece la creación del Programa para el Monitoreo, Evaluación, Investigación, Educación y Asesoramiento en Prevención de Suicidio”, y derogar la Ley 227-1999, según enmendada.

Al concluir, la Corporación de Becas de Asistencia de Vida abundó que esta ley, no va dirigida a la acción, solo a la reflexión, delegación y adjudicación de responsabilidades.

“Estos objetivos son encomiables, pero no resuelven el problema. No es necesario crear nuevas estructuras, que implicaría la utilización de un presupuesto sin resultados concretos”, expresó Pablo José Rivera Madera, representante de esta corporación.