Proponen cambiar nombre de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos

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EL CAPITOLIO – La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, realizó el jueves una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 534, sometida por el Partido Nuevo Progresista, con el propósito de convertir la “Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico” en la “Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Puerto Rico” y centralizar en esta el reclutamiento de todo el personal del Gobierno de Puerto Rico.

La exposición de motivos de la medida expresa que “mediante la aprobación de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se estableció al Gobierno de Puerto Rico como “Empleador Único”, entiéndase, de todos los empleados de las agencias e instrumentalidades públicas, con excepción de las entidades gubernamentales que expresamente fueron excluidas de la aplicación de la referida ley. En dicho estatuto, la Asamblea Legislativa designó a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), como ente encargado de administrar las disposiciones de la Ley citada”.

Además, resalta que “una vez transformado el sistema, el próximo paso lógico para completar la centralización de la administración de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico, es precisamente, centralizar el proceso de reclutamiento en la Oficina creada en la referida Ley 8-2017, convirtiéndola así en la “Oficina de Administración de Personal” (en adelante, OAP), utilizando el modelo de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (U.S. Office of Personnel Management). La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés) actúa como la agencia administradora de los recursos humanos y políticas de personal del Gobierno federal. Esta administra los recursos humanos, supervisa el reclutamiento basado en el mérito en la administración pública y proporciona un proceso seguro de reclutamiento”.

“Es importante destacar que, debido a su autonomía e independencia, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) está excluida de la aplicación de la Ley 8-2017. De otra parte, es necesario hacer constar que la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), Ley 1-2012 según enmendada, es aplicable a todos los servidores públicos y ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva, independientemente en la agencia e instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en la que se encuentren laborando o laboran”, expresó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

Además, añadió que es fundamental que la propuesta de OAP se continúe trabajando para lograr la uniformidad en todos los planes de clasificación en el Gobierno y así también, contar con planes uniformes en los municipios en virtud del Código Municipal.

“Debemos consignar que, al presente, esta honorable Cámara de Representantes considere el Proyecto de la Cámara 552, que pretende implementar una abarcadora y concienzuda reforma de la LOOEG en su totalidad, incluyendo una disposición de nepotismo absoluto”, añadió.

Por otro lado, la directora de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), Zahira Maldonado Molina indicó que con la creación y desarrollo del Plan de Clasificación de Puestos del Gobierno Central (del servicio de carrera y de confianza), la OATRH culminó una de las fases medulares para la transformación que se perseguía.

La OATRH se encuentra en el proceso de validación de la clasificación de los puestos, en conjunto con las agencias, quienes no aportan y dirigen en cuanto a las necesidades particulares o especializadas de cada puesto de su entidad.

“Dicho proceso se afectó por retrasos o ausencia de envío de la información por parte de algunas agencias, escasez de personal en la OATRH, reestructuraciones en varias agencias que produjeron cambios constantes en la información, la pandemia del COVID-19 y el periodo de prohibición electoral recién finalizado. No obstante, la OATRH requerirá a las agencias concernidas que sometan la información actualizada sobre el estatus y clasificación de los empleados faltantes, para así culminar el proceso de implantación de los referidos Planes”, expresó la directora.

Además, añadió que la oficina se encuentra en el proceso de que los Planes de Retribución Uniforme sean revisados por la Junta de Supervision Fiscal (JSF) para la aprobación. “Los Planes de Retribución de las agencias continúan vigentes, hasta tanto los Planes de Retribución Uniforme del Gobierno Central entren en vigor”.

Según Maldonado Molina, la OATRH cuentan con 70 empleados.

En cuanto a establecer un sistema centralizado para asegurar que los empleados y candidatos a empleo se les brinde la oportunidad de competir en los procesos de reclutamiento y selección, “se le ordena a la OAP habilitar un portal electrónico. Igualmente le ordena a la OGP transferir a la OAP el presupuesto asignado a cada agencia o instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico, cubierto por la Ley 8, correspondiendo al pago de nómina y beneficios de los empleados que sean transferidos a la Oficina”, abundó el director ejecutivo de la OGP, Juan C. Blanco Urrutia, quien también expuso que su oficina no tendría objeción en recomendar favorablemente la aprobación de la medida.

A su vez, añadió que “en cuanto a la asignación propuesta de $3,000,000 para implementar el proceso de reclutamiento y administración del Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno de Puerto Rico y el establecimiento del sistema de evaluación de desempeño debemos hacer la salvedad que dicha cantidad fue incluida dentro del presupuesto preliminar que presentó el Gobernador ante la JSF el martes, 2 de febrero del presente año”.

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres Cruz, le preguntó a la directora de la OATRH si cree que su oficina cumplió con las directrices y criterios que se establecen con la Ley 8.

Maldonado aseguró que su oficina cumplió con la ley aplicable, antes mencionada.

A su vez, el representante Torres Cruz le informó al director ejecutivo de la OGP y a la directora de la OATRH que van a hacer recitados por la Comisión de Desarrollo Económico, bajo juramento por concepto de la Resolución de la Cámara 136.

“Me resisto a darle opciones adicionales a la Oficina de Recursos Humanos del Estado por la forma desastrosa que han manejado todo el proceso de movilidad (de los empleados de la AEE), sin darle cumplimiento a la Ley 8 teniendo en cuenta todos los criterios que allí se establecen antes de movilizar a un empleado. La petición de los miembros de nuestra Comisión fue que orientaran al Gobernador para aplazar la fecha de inicio del contrato (LUMA Energy) de manera que pudiéramos atender de forma ordenada el asunto y no se ha hecho”.

Por otra parte, se excusó el Departamento de Justicia, el cual informó en su ponencia escrita que avala la medida y entiende que la centralización del proceso de reclutamiento en el Gobierno Central es cónsona con la política pública instaurada mediante la Ley 8. “Recomendamos a esta Comisión que recabe los comentarios de las agencias concernientes a esta propuesta, de modo que puedan expresar en detalle cuál sería el impacto fiscal de esta medida, si dicho impacto es cónsono con el Plan Fiscal establecido por la JSF y si el texto del Proyecto es compatible con las funciones de la OATRH.” A su vez, recomendaron que se consulte a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) en cuanto a los aspectos de esta medida.

La Asociación de Alcaldes, quienes también fueron excusados, expresaron en su ponencia sometida la Comisión que les sorprende que la minoría parlamentaria del PNP someta esta medida. “La Oficina a la cual se le quiere cambiar el nombre y funciones fue creada en el 2017 cuando la hoy minoría era mayoría. Esto merece explicación; especialmente el afamado proyecto de Empleador Único”.