Procuran que nominados a puestos públicos se eduquen mejor sobre corrupción

Actualmente las leyes vigentes obligan a los servidores públicos con funciones de supervisión a que asistan a adiestramientos anuales sobre temas de sana administración, pero no así a los jefes de agencia

Foto: Suministrada

EL CAPITOLIO –El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, junto al legislador Jorge “Georgie” Navarro, radicaron el proyecto de la Cámara 2280 para enmendar la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” y disponer que la mencionada agencia desarrolle y ofrezca cursos y estudios continuos a toda persona nombrada o nominada por el gobernador para ocupar un puesto o cargo que requiera o no la confirmación del Senado de Puerto Rico, de la Asamblea Legislativa, o toda persona designada por el Gobernador para dirigir o presidir una corporación pública o subsidiaria de esta.

Según el representante Meléndez, actualmente las leyes vigentes obligan a los servidores públicos con funciones de supervisión a que asistan a adiestramientos anuales sobre temas de sana administración, pero no así a los jefes de agencia.

La medida legislativa radicada, expone que la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá que desarrollar y ofrecer a los directivos de las agencias gubernamentales cursos y estudios continuos en las siguientes materias: formulación del presupuesto, administración, ejecución y control del presupuesto, evaluación y análisis gerencial y programático, auditoria operacional, gerencia  administrativa, administración y recursos humanos, negociación colectiva y relaciones laborales, finanzas, gerencia, sistema de información y relaciones con la comunidad.

Según el representante José Enrique Meléndez, el desarrollo de esta legislación surge tras los lamentables sucesos de corrupción que han continuado en los últimos años y que han sido relacionados directamente a los ejecutivos que han dirigido agencias de gobierno.

Añadió que la publicación del estudio titulado: “Corrupción gubernamental y estrategias efectivas: La función del liderato gerencial en Puerto Rico”, el cual fue realizado por los doctores José Javier Colón Morera y Héctor M. Martínez Ramírez, ayudó en gran medida a desarrollar la medida legislativa.

La mencionada investigación y su publicación fue sufragada con fondos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a través del Programa de Práctica Intra-Mural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

“En la Isla no se había estudiado la función que realiza el jefe de agencia como ente activo en el proceso de prevenir, detectar y encausar casos de corrupción publica en las múltiples organizaciones del gobierno. Sin embargo, este estudio publicado destaca por primera vez la función de liderato del jefe de agencia y cómo este tiene el potencial para ejercer influencia sobre los procesos gubernamentales, y cómo debe ser el aliado más importante y un componente fundamental para desarrollar estrategias contra la corrupción en las agencias públicas y proteger el bien público. Los lamentables sucesos que hemos vivido en los pasados años donde jefes de agencia han sido vinculados a actos de corrupción en las agencias de gobierno nos demuestra que debemos de hacer más para erradicar esta conducta”, expresó Meléndez.

El estudio demuestra que el liderato gerencial efectivo en las agencias de gobierno puede hacer una diferencia creando una cultura organizacional que rechaza la corrupción y que premia al empleado que tiene una autentica vocación de servicio público.

El gerente efectivo puede crear un clima de intolerancia a los pequeños desvíos de conducta que van escalando hasta convertirse en problemas mayores de corrupción de gran escala.

La exposición de motivos del proyecto 2280 añade que “la Asamblea Legislativa ha impulsado múltiples leyes que buscan atajar la corrupción. Entre ellas  la “Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servido Público”, la cual requiere a todo funcionario gubernamental, con funciones y responsabilidades de supervisión directa, que asista a adiestramientos anuales para el desempeño efectivo de sus funciones.”

Sin embargo, esta Ley se promulga bajo la premisa de que una sana administración pública exige que todo funcionario gubernamental con funciones y responsabilidades de supervisión de personal cuente con la debida capacitación en áreas de supervisión efectiva, política de principio de merito, legislación contra el discrimen y negociación colectiva en el servido publico, entre otros conocimientos necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones.

La misma también le requiere a los funcionarios a cumplir con tres (3) horas contacto anuales de capacitación en varias materias. Inexplicablemente, esta “Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servido Público” no incluye a los jefes de las agencias y de las corporaciones públicas. Simplemente, les exige no impedir que los funcionarios o empleados a su cargo, cumplan con las horas contactos requeridas. Además, solo les impone la responsabilidad de velar que sus supervisores cumplan con las horas contactos requeridas por la Ley.

La medida requiere además que la Oficina del Contralor deberá ofrecer a los servidores públicos cursos y estudios continuos sobre el uso de fondos y propiedad pública.

La ley excluye al Gobernador de Puerto Rico y al Comisionado Residente del cumplimiento de esta Ley.

“Tomando en cuenta las propias limitaciones que le establece la “Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servido Público” a los jefes de agencias, y considerando que son estos servidores públicos “un componente fundamental de una estrategia integral contra la corrupción y para la protección del bien publico”, y los llamados a “prevenir, detectar y encausar casos de corrupción publica” en las agencias de gobierno, nos parece, más que apropiado, ordenarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que desarrolle y ofrezca cursos y estudios continuos dirigidos a empoderar a los jefes de agencia, que tengan la preparación y el conocimiento para combatir los casos de corrupción pública dentro de las agencias de gobierno”, concluyó el representante Meléndez.