Priorizan visitar a congresistas para evitar efectos del Plan de Reconstrucción de Joe Biden en la economía de la isla

El representante Jesús Santa Rodríguez, Foto Cybernews

EL CAPITOLIO – La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, recibió el jueves, la comparecencia de diversas agencias y organizaciones que manejan los temas fiscales de Puerto Rico, para conocer el potencial impacto económico que pudiera representar la aprobación del Plan de Reconstrucción de los Estados propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Para el presidente de la Comisión y los deponentes citados, el impacto de un Plan de Infraestructura de Estados Unidos en Puerto Rico sería a mediano y largo plazo.

Por esa razón, coinciden que hay que comenzar de manera inmediata un diálogo multisectorial a nivel congresional para contrarrestar efectos negativos de cualquier legislación que atente contra la capacidad competitiva de la isla para realizar negocios con entidades foráneas.

Según el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el plan de Biden propone aumentar la contribución mínima bajo el Global Intangible Low-Taxed Income, regularmente conocido como GILTIde 10.5 por ciento a 21 por ciento.

“Ante esa realidad, debemos maximizar los esfuerzos para persuadir al gobierno federal a los efectos de considerar que, siendo Puerto Rico una jurisdicción de ciudadanos americanos, el lenguaje legislativo que eventualmente sea presentado ante el Congreso no coloque a la isla en peor posición en comparación con otros países extranjeros”, sentenció.

El plan de infraestructura de Biden, reconocido también como el American Jobs Plan, pretende hacer sustanciales inversiones sobre el tema en los Estados Unidos.

La propuesta presidencial tiene un costo estimado de 2.3 mil millones de dólares y una duración de 8 años. Para sufragar el Plan, el mandatario presentó una propuesta llamada The Made in America Tax Plan (MIAT), que incluiría el aumento del GILTI.

Sin embargo, Parés Alicea también explicó que su participación en la vista pública pudiera representar una mera especulación por no haber una pieza legislativa presentada ante el Congreso de manera oficial.

El ejecutivo de Hacienda, señaló que otra preocupación sobre el Proyecto de Biden, será con el arbitrio de la Ley Núm. 154, la potencial eliminación de la acreditación del mismo y la capacidad de la Agencia para adoptar un régimen en sustitución de dicho arbitrio.

“Un incremento en el GILTI a nivel local podría afectar las alternativas que están siendo actualmente contempladas para sustituir el arbitrio bajo la Ley 154, ya que incrementa las contribuciones federales de los grupos de corporaciones en Puerto Rico, lo que podría repercutir en que no les sea económicamente viable para estas manufactureras y empresas puedan mantener operaciones en Puerto Rico”.

Sobre el Plan, los representantes recibieron también la opinión del secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, quien explicó que el GILTI tax aplica a todas las empresas foráneas controladas por estadounidenses y, para propósitos contributivos, Puerto Rico es considerado como una jurisdicción “foránea”.

“Por lo tanto, al imponer impuestos a empresas estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos para lograr su “retorno” a Estados Unidos, el plan propuesto trata a Puerto Rico como si no fuera parte de Estados Unidos… como si fuéramos China, India, Singapur o Irlanda”, señaló Cidre Miranda.

“Este momento histórico nos exige convertir esta realidad en una oportunidad. Puerto Rico tienen que ir a Washington, D.C. con una sola voz…Tenemos que aunar esfuerzos hacia una misión realista… Quizás no logremos una exención total del GILTI tax. Sin embargo, podemos abogar sustantiva y seriamente por una tasa contributiva preferencial que, si bien adelantan los intereses del presidente Biden, le brinde a Puerto Rico la oportunidad de seguir siendo productivo y competitivo a nivel global”, sentenció el secretario del DDEC.

Para el componente económico, no sería sorpresa que la administración presidencial adelante en el Congreso la medida que ha sido un proyecto ampliamente celebrado en la pasada campaña electoral.

También, detallaron, que no sería la primera vez que una legislación afecta a la industria de la manufactura.

“El primer golpe fue la eliminación en 1995 del crédito contributivo federal que concedía la Sección 936. En ese momento el total de empleos locales era 1,051 millones y los correspondientes a la manufactura eran 172,000 (un 16 por ciento). Lamentablemente, estos empleos que se perdieron en Puerto Rico no regresaron a Estados Unidos, sino que terminaron principalmente en Asia y Europa”, señaló Kenneth Rivera Robles en representación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Además, Rivera Robles, explicó que en el 2010 se adoptó la Ley 154, que impuso el arbitrio del 4 por ciento que representa un impuesto anual de $2,000 millones a estas operaciones.

“Esa legislación, fue aprobada de forma sorpresiva sin consultar a dicho sector, lo que causó gran malestar y desconfianza”.

Por otro lado, la Asociación de Industriales y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, también se expresaron solidarios con la idea de ir al Congreso, para crear conversaciones sobre las limitaciones fiscales y económicas del lineamiento actual.

“La recuperación económica de Puerto Rico ha sido significativamente impactada por la pandemia global, la recesión económica actual, una variedad de desastres naturales y retrasos en el desembolso de fondos federales ya asignados. Por ello, consideramos imperativo la ejecución de iniciativas para acelerar la actividad económica, revertir el declive económico, reducir los costos de funcionamiento del gobierno, recaudar todos los ingresos que permite la ley y maximizar los recursos limitados existentes”, explicó la CPA Rosa Rodríguez Ramos en declaraciones escritas.

Finalmente, la experta en contabilidad mencionó que establecer una postura en estos momentos puede resultar un tanto prematura. “Ello, porque, de una parte, cualquier incremento en las contribuciones a las corporaciones de manera indiscriminada tendría un efecto directo sobre la industria de la manufactura en la Isla. De otra parte, la confección de un proyecto considerando las relocalizaciones de industrias del exterior al suelo de los Estados Unidos pudiera resultar en una potencial ventaja para Puerto Rico. Por lo tanto, la eventual medida debe ser evaluada en todas sus variables para asegurar un impacto adecuado”, explicó.