Prevención de ejecuciones hipotecarias: mano amiga cuando más se necesita

El programa de Prevención de Ejecuciones de Hipoteca de la Clínica de Asistencia Legal de la PUCPR opera en alianza con la Fundación Fondo de Acceso para la Justicia, para brindar apoyo legal gratuito a personas sin recursos económicos.

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Para Yvonne González Cuascut, como a miles puertorriqueños, los pasados años han sido severamente duros.

Tras sufrir múltiples pérdidas, recibir el diagnóstico de una enfermedad grave que la forzó a dejar su empleo y atravesar críticas complicaciones económicas, rozó con el anuncio para el que nadie se ha preparado: la ejecución de su hipoteca y eventual pérdida de su hogar.

Sin recursos económicos ni posibilidades para negociar con su institución bancaria, llegó sin optimismo a la Clínica de Asistencia Legal de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el fondo, sabía y sentía que no tenía otra opción.

Sin embargo, el grupo de estudiantes que la recibió y atendió lo cambió todo. Para ella y su más preciada inversión significó un giro dramático.

“Para mí fue una bendición llegar aquí”, confesó a La Perla del Sur. “La licenciada me orientó y pensé: ‘llegué justo a tiempo’. Yo necesitaba mi hogar y esa es la misión más grande que tiene este programa”, agregó emocionada.

El programa al que aludió es el de Prevención de Ejecuciones de Hipoteca, un proyecto que la clínica desarrolla en alianza con la Fundación Fondo de Acceso para la Justicia, mediante el cual brindan apoyo legal gratuito a personas sin recursos económicos que necesitan defenderse en casos de ejecución hipotecaria o desalojos.

Como explicó su directora, la licenciada Rosalba Fourquet López, la iniciativa nació en enero de 2017, también gracias al tesón y compromiso de profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce: un hecho que González Cuascut subrayó con rotundo convencimiento, ya que los profesores y estudiantes que le atendieron no solo abordaron su situación legal con profesionalismo, sino que también le inyectaron el apoyo emocional que tanto urgía.

“Esto es un salón de clases”, explicó la directora. “Aquí tenemos diez profesores clínicos que reciben a sus estudiantes para que brinden el servicio. Y esos estudiantes, a través de las reglas del Tribunal Supremo, se autorizan para que puedan ejercer, cumpliendo con el código de ética y otros requisitos. Esta es la práctica, cumpliendo con la misión de la universidad de preparar juristas que respondan a las necesidades locales y globales, y que sirvan de instrumento para alcanzar la justicia”, continuó Fourquet López.

Desde sus inicios, el programa ya ha intervenido en cerca de 500 casos, auxiliando con representación legal efectiva a residentes en los municipios de Ponce, Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Villalba y Santa Isabel.

En la mayoría de esos casos, el problema ha radicado en incapacidad para cumplir con pagos hipotecarios luego de situaciones imprevistas, como accidentes o pérdida de ingresos, aclaró la profesora y abogada del proyecto, Janelise Torres Marrero.

“En la mayoría de los casos ocurre que tuvieron una enfermedad prolongada o una incapacidad. Hemos tenido clientes que por muerte de los padres y por el proceso de la sucesión (también) se les complica el asunto. Es bastante variado”, comentó la joven abogada, producto de este centro de práctica.

“Después de tantos intentos, no había opciones según el acreedor”, expuso por su parte otra de las recipientes de la ayuda legal, que solicitó no ser identificada.

“Ellos estaban limitados a un ‘no’. No había buena fe de parte de ellos hasta que llegue aquí y acudimos al tribunal, logrando mediar y hacer la reestructuración de la deuda y estamos pagando bien”, agregó la también madre de dos jóvenes universitarios.

Cada año, el proyecto de la Clínica Legal y la Fundación Fondo de Acceso para la Justicia cuenta con cerca de 80 estudiantes, bajo la supervisión de un profesor clínico licenciado en Derecho, que además de asistir en litigios sobre ejecución de hipotecas participan como recursos voluntarios en asuntos penales y cívicos.

Para ayuda u orientación adicional, las personas pueden comunicarse al 787-841-2000, extensiones 1822, 1860, 1861 o 1915. También pueden escribir al correo electrónico asistencia_legal@pucpr.edu.