Presidenta FMPR denuncia presunta conspiración para transferir a empresas privadas fondos de escuelas públicas

La educación es un derecho que no debe estar sometida al azar”, cuestionó Martínez Padilla

foto: Cybernews

SAN JUAN – La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, catalogó como “una conspiración para transferir a empresas privadas los fondos que corresponden a las escuelas públicas”, el proceso de implementación del programa de vales educativos.

La dirigente magisterial denunció que en el área de Levittown, en Toa Baja, el Departamento de Educación cerró las escuelas Lorencita Ramírez de Arellano, Amalia López y John F. Kennedy para crearle matrícula a instituciones privadas en ese sector.

“A un minuto de una de las escuelas cerradas ubica el Lugrea Central College, que anuncia en su promoción que cuenta con ‘ayudas económicas para estudiantes de escuelas públicas’ y ‘vales educativos del Departamento de Educación disponible’. Esto constituye un descaro y un saqueo de fondos públicos refrendado por el Gobierno”, señaló Martínez Padilla.

De acuerdo a la líder magisterial este escenario se repite a través de todo el país.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente financiar instituciones educativas privadas, pero el Tribunal Supremo, de mayoría política favorable a la administración actual, refrendó la ley que permite los vales educativos.

“No se trata solo de cerrar escuelas para usar el dinero de los niños en el pago de la deuda a los bonistas buitres, sino de una manera burda y evidente de buscarle clientela a los colegios cercanos a las escuelas cerradas. Esa es la verdadera cara de la falsa reforma educativa aprobada por este Gobierno. Nuestros niños fueron usados como carne de cañón para sufragar con fondos públicos a empresarios privados”, aseguró la portavoz de la FMPR.

La ley establece que los vales educativos son otorgados por medio de una lotería donde el acceso de los estudiantes depende del azar. “Es el colmo del cinismo institucionalizado. ¿Cómo es posible que los padres participen y cifren sus esperanzas en una lotería? La educación es un derecho que no debe estar sometida al azar”, cuestionó Martínez Padilla.