Pondera la vía legal para frenar asfaltera construida ilegalmente en Peñuelas

“Se supone que se consultara al municipio, antes de conceder ese permiso y eso no sucedió. Aquí no hubo vistas públicas”, insistió. Por otra parte, el alcalde cuestionó la legitimidad del proceso de renovación del permiso de operación para el vertedero de EcoSystems, cuyos dueños están vinculados al desastre ambiental del ver-tedero PROTECO.

Foto archivo

La radicación de un recurso legal para frenar la construcción de una asfaltera que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) avaló en el municipio de Peñuelas, está sobre la mesa del alcalde Gregory Gonsález Souchet.

La instalación de la empresa Asphalt Solution Hatillo, edificada casi en su totalidad sin todos los permisos correspondientes, se levantó durante los primeros meses del 2021, aún con la oposición de las comunidades cercanas, lo que ocasionó protestas y la movilización de vecinos al lugar el pasado 5 de abril, quien reclamaron con éxito el fin de las obras.

Sin embargo, endosos de OGPe y de la Junta de Planificación (JP), agencia que levantó una Orden de Cese y Desista el pasado 20 de agosto, despejaron el camino para que la corporación retomara la construcción y culmine el proyecto.

“Es un abuso de poder. No solamente es que le dan permisos de la noche a la mañana, no hubo una consulta directa con el municipio, que es lo que corresponde”, declaró a La Perla del Sur el alcalde.

“Esto no se va a quedar ahí. Hemos pasado esto a la División Legal del municipio. En este momento no puedo adelantar los planes que tenemos o cómo vamos a proceder”, afirmó Gonsález Souchet.

“Estamos considerando la vía legal fuertemente. Se supone que se consultara al municipio, antes de conceder ese permiso y eso no sucedió. Aquí no hubo vistas públicas”, insistió. “Ni siquiera recibimos una notificación formal del permiso”.

En blanco y negro

Entretanto, Gonsález Souchet radicará próximamente una resolución municipal en repudio al proyecto, oficializando así la postura del ayuntamiento.

“Este proyecto va a pasar por la legislatura municipal y cuenta con el (apoyo), tanto de la mayoría como de la minoría”, sostuvo.

A juicio de los opositores al proyecto, la asfaltera tiene el potencial de afectar a cerca de mil familias de las comunidades Tallaboa Encarnación, Pueblito, Ceboruco, Vista Bahía y El Boquete, entre otras. En la zona también ubican dos planteles escolares y un Head Start.

Un estudio del 2016 sobre calidad de aire realizado por la organización Desarrollo Integral del Sur (DISUR) y subvencionado por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) ya había detectado concentraciones peligrosas de partículas finas y hollín de diesel en la zona.

“La compañía intentó comunicarse al principio de la controversia. No obstante, mi posición siempre ha sido en la negativa a dialogar. En estos casos, muchas veces lo que buscan en ejercer presión para lograr la autorización, pero en mi caso, estoy totalmente en oposición a este proyecto”, expresó.

Vistas públicas para vertedero

Por otra parte, el alcalde peñolano cuestionó la legitimidad del proceso de renovación del permiso de operación para el vertedero de EcoSystems.

Esto, ante la ausencia de un proceso de consulta a las comunidades afectadas y a la luz de los vínculos existentes entre titulares de EcoSystems y el desastre ambiental identificado por la EPA en el otrora vertedero PROTECO, también en Peñuelas.

A juicio de Gonsález Souchet, tanto el gobierno municipal como las comunidades han sido excluidas del proceso de consideración de permisos que lleva el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Aquí el problema principal es que tampoco hemos tenido un proceso de vistas públicas, no se está escuchando a la gente y tampoco al municipio”, dijo.

“Se están otorgando permisos sin pensar, a lo loco y sin el debido proceso”, continuó. “En estos momentos, tengo que poner en duda la legitimidad de este permiso, porque no se escuchó a nadie. Esto se está haciendo a puertas cerradas”.

Entre 1975 y 1999, PROTECO (inicialmente bajo el nombre de Carbareón) recibió toneladas de desechos tóxicos de la industria petroquímica y farmacéutica, incluyendo cantidades indeterminadas de mercurio, plaguicidas, lodos residuales de enchapes y solventes peligrosos, en contra de la voluntad de los vecinos cercanos.

Tras confirmarse un amplio patrón de violaciones ambientales, en mayo de 2019 la EPA incluyó a PROTECO en la Lista Nacional de Prioridades de su programa de Superfondo, clasificándolo como uno de los lugares más contaminados en toda la nación estadounidense.

Aunque se limitó a solicitar vistas publicas -sin expresar una oposición absoluta a la renovación de permiso a EcoSystems- Gonsález Souchet cuestionó si se deben otorgar nuevos permisos a personas que estuvieron relacionadas al vertedero PROTECO.

“Participaciones como estas ponen en duda la legitimidad de los permisos”, dijo. “Crea suspicacia y genera dudas sobre el proceso”.

“Se debe considerar todo el daño ya ocasionado y verificar si en efecto, estas personas pudiesen o no estar al frente en esta solicitud (de renovación de permiso)”, agregó.