El candidato a gobernador por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, presentó este miércoles su plan integral anticorrupción gubernamental, junto a un grupo representativo del liderato de su partido.
Jiménez expuso la necesidad de reenfocar la lucha contra la corrupción a una más agresiva en cuanto a la educación, prevención, fiscalización e integración de recursos, dotando a las agencias fiscalizadoras de mayores recursos y herramientas tecnológicas.
Su plan también incluye la asignación mediante ley, al Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, funciones específicas y un papel preponderante en la lucha contra la corrupción.
“La corrupción ha sido el cáncer que ha frenado nuestro progreso por tanto tiempo. Mi compromiso es claro, cada acto de corrupción será perseguido y castigado con todo el peso de la ley. No habrá impunidad ni inmunidad para los conspiradores y participantes de estas acciones”, aseguró el presidente de Proyecto Dignidad.
“No descansaremos hasta que eliminemos este mal. Estableceremos un ejército de auditores que velarán constantemente por la utilización de los fondos públicos y dotaremos a nuestras entidades fiscalizadoras de mayores herramientas para lograr nuestra misión como sociedad”, señaló el candidato.
Con este plan, el contador público autorizado y alcalde de San Sebastián por los pasados 20 años busca no solo combatir la corrupción sino restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales, asegurando que cada dólar del presupuesto se utilice de manera transparente y eficiente en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
“El gobierno no puede ser secuestrado por los grandes intereses económicos y mucho menos tolerar el desprecio en la utilización de los fondos públicos exhibido por algunos funcionarios.”, puntualizó Jiménez.
Jiménez citó un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que revela que la corrupción y la mala gobernanza han costado a la economía puertorriqueña un promedio de $527 millones anuales durante la pasada década.
Además, conforme a los informes emitidos y declaraciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, se estima que las pérdidas anuales por corrupción y mala gobernanza alcanzan el 10 por ciento del presupuesto gubernamental.
