Encabeza a un partido político cuyos fundamentos ideológicos han sido bombardeados desde el 2016 por resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y una Junta de Control Fiscal: entidades que han puesto al relieve la subordinación colonial del Estado Libre Asociado y la inexistencia del proclamado “pacto bilateral”.
Incluso, desde el 2023 capitanea a una colectividad que durante este milenio no se ha librado de escándalos de corrupción gubernamental, ni que objetó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante contrato leonino.
Aun así, Jesús Manuel Ortiz González, presidente del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación en las elecciones del próximo mes, pide a la población de Puerto Rico un voto de confianza para concretar propuestas que, a su juicio, podrían corregir “errores” del pasado, como la concesión del contrato a LUMA Energy, y devolverían al partido sus valores sociales.
Para lograrlo, Ortiz González apuesta al fomento de una fuerza empresarial nativa, sólida y sostenible, al igual que a proyectos de ley e iniciativas que prioricen la vivienda accesible.
Sobre este tema, defiende la creación de una unidad especial que opere desde La Fortaleza para maximizar el uso de fondos de FEMA y para que desde allí se encamine la construcción de 10 mil viviendas al año, priorizando la rehabilitación de casas abandonadas; al igual que un programa piloto de Vivienda Intergeneracional para propiciar comunidades integradas por jóvenes y adultos mayores.
También planteó la necesidad de consolidar instituciones para manejar el plan de salud del gobierno y enfatizó la importancia de un nuevo centro médico para el país.
Las plataforma
Sobre modelos de desarrollo económico, reconoció que Puerto Rico lleva años subsistiendo de la denominada “economía del desastre” -las asignaciones multimillonarias aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos para la recuperación de desastres naturales- y que el gobierno “debe moverse a una economía que no dependa del fondo federal”.
Para lograrlo, planteó, “nuestro gobierno tiene que ver a la empresa local como la espina dorsal de nuestra economía”.
En ese tópico, Ortiz González propone una reforma sistémica para que se faciliten y aceleren los permisos a pequeños comerciantes y para que se reduzca el costo de hacer negocios en Puerto Rico. Particularmente, el que consume la factura por energía.
“Nosotros no podemos tener un país que quiera desarrollarse de manera consistente cuando tienes un sistema de energía que tiene dos problemas principales. El primero es un problema de costo, porque es caro, y el segundo es de confiabilidad, porque tenemos un desastre”.
“Los pasos específicos para salir del contrato de LUMA, los pueden ver en la página lumaseva.com”, continuó el candidato. Sin embargo, del portal trasciende que su intención y la de su partido es “tomar control de la gerencia” de forma transicional para luego comenzar la “búsqueda (de un) nuevo operador” que asuma el mando de la operación.
Aun así, el portal no detalla cómo un segundo operador del sistema de transmisión y distribución de energía abarataría la factura a los clientes del servicio, ni hará la red más confiable.
“Lo que tenemos hoy es inaceptable, pero no queremos volver al pasado”, puntualiza de entrada Ortiz González en el mismo espacio electrónico. Allí abunda que desde que LUMA Energy fue contratada, ha recibido $1,820 millones en fondos públicos.
“Esta ganancia directa pudiera haberse utilizado en ofrecer y mejorar el servicio directo a nuestra gente”, agrega.
Sobre la decadente capacidad de la red de generación eléctrica, el también legislador recomienda construir más plantas de generación, en combinación con la integración de fuentes de energía renovable. Ambas estrategias se financiarían con las asignaciones ya aprobadas por el Congreso federal para restaurar la red.
“Hay miles de millones de dólares para eso”, indicó.
A preguntas de La Perla del Sur, reconoció que la central generatriz que propone operaría con gas metano, un combustible fósil eufemísticamente denominado como “gas natural”.
“Tiene que tener diversidad de combustible”, comentó. “Yo prefiero eso a tener el combustible caro que tenemos hoy. Pero el enfoque no puede ser exclusivamente en aumentar la dependencia del gas, sino tiene que haber un movimiento paulatino para combinarlo con fuentes de energía renovable”.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico o Ley 17 del 2019 establece que para el año próximo la cartera de energía renovable de Puerto Rico debe alcanzar el 40 por ciento de toda la oferta y alcanzar el 100 por ciento para el año 2050.
Hasta el año 2022, las centrales eólicas, de energía solar e hidroeléctricas proporcionaban el 6 por ciento de la capacidad de generación de la isla, según el U.S. Energy Information Administration. De esa capacidad, solo un por ciento estaba disponible para la red a las 5:00 de la tarde de este miércoles, 9 de octubre, detallaba el portal electrónico de la compañía GeneraPR.
Entretanto, en el portal de LUMA Energy se mostraba cómo el precio en mercado del combustible residual y el “gas natural” se situó el pasado mes de agosto entre los $80 y $100: un factor que pone en entredicho la presunción sobre la estabilidad del precio y la “economía” del gas metano.
Rediseño
Ortiz González también declaró que si el electorado puertorriqueño lo favorece sobre sus contrincantes a la gobernación el próximo 5 de noviembre, dará igual atención a la creación de polos económicos en las regiones, tan pronto como asuma el cargo.
“Yo creo que el primer modelo que tenemos que reevaluar y cambiar es el modelo del gobierno actual. Nosotros tenemos un gobierno vertical donde el gobernador es el exclusivo protagonista de la provisión de servicios. Eso ha sido así por décadas… y ese modelo colapsó. La mejor evidencia es que tenemos la cantidad de dinero más absurda en la historia y los servicios no llegan”.
“Por eso, creo en un modelo más horizontal”, continuó, “que tiene al gobernador como el funcionario electo que sienta en la mesa a distintos sectores para atender los problemas principales del país en el tema de desarrollo económico”.
“Y lo veo como un modelo regionalizado, donde se aprovechan las fortalezas de cada región y donde en esa conversación se sientan el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la empresa privada, las sin fines de lucro, la universidad y un componente del Departamento de Educación, para preparar a la futura fuerza trabajadora”, describió.
En esa línea, resaltó la importancia de que el control del Aeropuerto Mercedita de Ponce se transfiera de la centralizada Autoridad de los Puertos a la Autoridad del Puerto de Ponce y, de paso, se delegue el plan estratégico de desarrollo del terminal aéreo a los municipios que integran la región sur.
“Si el gobernador no lo convirtiera en una realidad, yo tengo un compromiso de sí hacerlo”, adelantó a este medio. “Hemos tratado de controlar mucho desde el gobierno central y yo creo que llegó el momento de hacer un cambio”.
En materia de emprendimiento comercial, el candidato popular también reconoció que el gobierno se contradice, impulsando la creación de más empresarios locales al tiempo que obstaculiza su despegue.
“Los pequeños comerciantes no deben estar esperando ocho meses por un permiso y que el gobierno se tire para atrás para esperar por él”, comento. “Yo creo que debe ser un modelo donde se comience la operación y posterior a eso el gobierno inspeccione para que se pueda mover el desarrollo económico”.
Otro ángulo que atendería con celeridad, según relató, sería frenar la migración de profesionales con alta demanda en Puerto Rico, particularmente, en la industria de la salud. De acuerdo a su plan, retendrá a especialistas y peritos en materias esenciales mediante iniciativas como un Fondo de Retención de Profesiones Críticas.
“Redirigiendo recursos del Código de Incentivos”, alegó, “lo que buscamos es poder cerrar la brecha salarial de esos profesionales en Puerto Rico versus en otras jurisdicciones, para tratar de detener que se nos vayan”.
“No siempre se podrá equiparar el salario, pero te puedo ayudar con la hipoteca o te puedo ayudar con el préstamo estudiantil”, manifestó.
Precisamente, en materia de salud pública sugirió consolidar la administración del plan de salud del gobierno bajo una sola entidad, reforzando la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para que maneje el Plan Vital junto con Medicaid, eliminando la duplicidad existente con el Departamento de Salud.
Asimismo, abogaría por leyes ya aprobadas para que las aseguradoras no interfieran con el criterio médico en la atención de los pacientes, para que se fiscalice a los administradores de beneficios de farmacia (PBM por siglas en inglés) y a los proveedores de salud.
Las tres medidas, refrendadas por la legislatura y el ejecutivo, fueron paralizadas por la Junta de Control Fiscal, argumentando que su implementación aumentará la carga del Fondo General.
“La junta dice que el gobierno no ha justificado fiscalmente la aplicación de esas leyes y yo tengo total diferencia con esa apreciación. Pero también tengo que decir que el gobierno ha sido bien tímido”, declaró. “Mi gobierno va a defender la aplicación de esas tres leyes y, si tengo que volver a aprobarlas, lo haré y las defenderé con fuerza”.
En otro ámbito relacionado, Ortiz González opinó que la construcción de un nuevo centro médico es una prioridad crítica y que el mismo debe contar con infraestructura avanzada para atender adecuadamente a la población puertorriqueña.
Vivienda: en el tintero
Además de confrontar a los miembros de la Junta de Control Fiscal, otro desafío que el candidato popular deberá acometer si fuera electo gobernador será subsanar el déficit de vivienda asequible para familias jóvenes, madres solteras y adultos mayores.
Esta galopante crisis, a juicio de Ortiz González, debe ser contrarrestada con alianzas entre el gobierno central y las alcaldías que propicien la rehabilitación de viviendas abandonadas; con incentivos a entidades sin fines de lucro para que conviertan edificios del gobierno en desuso en unidades de vivienda, especialmente para adultos mayores; y con programas que permitan a las personas acceder a un hogar a través de subsidios de pago mensual.
Las tres estrategias complementarían los esfuerzos que planifica encaminar desde La Fortaleza, creando una unidad especial que maximice el uso de fondos de reconstrucción y acelere la construcción de nuevas viviendas en terrenos no inundables.
“La meta es construir 10 mil viviendas anualmente”, sentenció.
