Seilhamer Rodríguez: abierto a reexaminar la Ley 40 de cenizas de carbón

Como reconoció el vicepresidente de Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, la contaminación de aguas subterráneas en Guayama y los envíos de miles de toneladas de residuos de carbón al estado de Florida podrían impulsar cambios a la legislación.

Foto archivo

Al cumplirse un año de que se firmara la polémica Ley 40 que legalizó la disposición permanente de cenizas de carbón en vertederos de la isla, nuevos hallazgos podrían abrir la puerta a su revisión.

Como reconoció el vicepresidente de Senado y principal autor de la Ley 40, Larry Seilhamer Rodríguez, la contaminación de aguas subterráneas en Guayama y los envíos de miles de toneladas de residuos de carbón al estado de Florida podrían impulsar cambios a la legislación.

El pasado mes de mayo, el Senado aprobó la Resolución 727 que ordena a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales investigar los hallazgos del Informe de Monitoreo de Aguas Subterráneas de AES, que certificó la presencia de metales pesados y radiación bajo la montaña de cenizas de esa empresa en Guayama.

La resolución, de la autoría de Seilhamer Rodríguez, también ordena a la comisión indagar por qué la carbonera decidió exportar miles de toneladas de cenizas al puerto de Jacksonville el pasado mes de abril, aun cuando representantes de AES en Puerto Rico argumentaron que no era viable económicamente ante la propia Legislatura.

Tanto los hallazgos del estudio de aguas subterráneas como el transporte de cenizas a la Florida, fueron revelados por La Perla del Sur yel Centro de Periodismo Investigativo.

“Ante unas posturas que son preocupantes, uno podría retomar esto”, respondió Seilhamer Rodríguez al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se legisle para modificar la Ley 40.

“¿Cuál sería una razón de mucho peso para que la Asamblea Legislativa reexamine la ley? Los resultados que tenemos (Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017), pero hay que examinarlos y sustentarlos”, continuó.

Aunque en la versión original la Ley 40 contemplaba una prohibición absoluta al depósito de cenizas de carbón en la isla, la versión aprobada fue enmendada a petición de La Fortaleza para excluir de la prohibición las cenizas que presuntamente tuvieran un “uso comercial beneficioso”. De esta forma, se perpetuó mediante tecnicismos de lenguaje la permanencia de millones de toneladas de cenizas en el país.

Ante las críticas de opositores por el lenguaje final de la ley y tras duros choques entre activistas, policías y transportistas en Peñuelas, en agosto de 2017 Seilhamer Rodríguez expresó a La Perla del Surque “no había ambiente” y veía “poco probable” que la legislatura interviniera para enmendar la medida e imponer restricciones más severas al manejo de cenizas en Puerto Rico.

La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, presidida por el senador Carlos Rodríguez Mateo, debe presentar sus hallazgos en el mes de agosto.

Sin pistas del reglamento

Por otra parte, Seilhamer Rodríguez reconoció que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) incumple con el mandato del Senado y la Ley 40, al no haber entregado el reglamento para su implementación.

La propia ley dicta que este requisito debió cumplirse en un periodo de 90 días. Desde que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la firmó ya han transcurrido 12 meses.

“Eso es un mandato de ley y lo tienen que cumplir”, puntualizó el senador antes de señalar que volvería a inquirir a la presidenta de esa agencia, la abogada Tania Vázquez Rivera, sobre el asunto.

Aún así, entre el 11 de julio y 25 de agosto de 2017, la Ley 40 fue utilizada para justificar 18 operativos en los que AES envió cerca de 15 mil toneladas de cenizas tóxicas de carbón al vertedero EC Waste de Peñuelas, con escolta y protección de la Policía de Puerto Rico.

El transporte de al menos 752 camiones cargados con cenizas provocó manifestaciones y enfrentamientos violentos, la mayoría de madrugada, entre la uniformada, los camioneros y residentes de las comunidades Jobos en Guayama y Tallaboa en Peñuelas.

A partir de su firma el 4 de julio de 2017, la ley fue utilizada para justificar 18 operativos en los que AES envió cerca de 15 mil toneladas de cenizas tóxicas de carbón al vertedero EC Waste de Peñuelas, con escolta y protección de la Policía de Puerto Rico.