Planteles en desuso podrían servir de albergue para personas sin hogar

El legislador dijo que según el Departamento de la Familia, durante el pasado año se identificaron sobre 2,500 personas sin hogar en la isla. Esta cifra pudo haber aumentado sustancialmente tras ocurrir los terremotos y la posterior llegada del coronavirus a Puerto Rico. 

FOTO-Doel Vázquez Pérez-CPI

EL CAPITOLIO – El Senado aprobó la Resolución del Senado 1354 del legislador por el distrito de Bayamón, Carmelo Ríos, que promueve que se investigue la viabilidad de utilizar las escuelas públicas en desuso para crear programas de servicios y alojamiento temporero a personas sin hogar, que serán administrados por los municipios.

“Tras la consolidación de planteles hay cientos de escuelas que se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y las comunidades. Por eso, entendemos que con un esfuerzo combinado entre el ejecutivo, tercer sector, los municipios y las entidades sin fines de lucro podemos habilitarlas para desde allí ofrecer servicios. Asimismo, canalizar necesidades tales como alimentación, vestimenta, alojamiento temporero, traslado a gestiones médicas o tratamientos”, indicó Ríos en declaraciones escritas.

El legislador dijo que según el Departamento de la Familia, durante el pasado año se identificaron sobre 2,500 personas sin hogar en la isla. Esta cifra pudo haber aumentado sustancialmente tras ocurrir los terremotos y la posterior llegada del coronavirus a Puerto Rico.

Además, explicó que la legislación sugiere que dado a que en muchas ocasiones las administraciones municipales son quienes le dan mantenimiento a estos inmuebles, para evitar que se conviertan en estorbos públicos, sean ellos quienes tengan a su cargo la administración del plantel. De otra parte, el también portavoz de la mayoría informó que se indagará sobre cuántos recursos económicos requerirían los municipios para realizar esta operación. Respecto a la coordinación de servicios, la medida expone que se ausculte la posibilidad de que el secretario de la Gobernación sea el enlace de esta iniciativa.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia tendrá a su cargo realizar la mencionada investigación la cual deberá someter en 90 días.