Piden intervención federal por destrucción de documentos en medio de la transición en Ponce

“Durante este periodo de tiempo ha acontecido la destrucción de múltiples documentos por funcionarios gubernamentales. Desconocemos la naturaleza de esos documentos, pero la eliminación de los mismos ha sido admitida por las propias partes involucradas" reclamó en comunicación escrita Echevarría Vargas.

foto: Cybernews

PONCE – A través de dos cartas, el licenciado Javier Echevarría Vargas, copresidente del Comité de Transición del alcalde electo de Ponce, Luis Irizarry Pabón, se querelló ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, por el delito de destrucción de documentos supuestamente cometido por empleados del Municipio Autónomo de Ponce y la alcaldesa saliente, María Meléndez Altieri, trascendió el martes.
“Durante este periodo de tiempo ha acontecido la destrucción de múltiples documentos por funcionarios gubernamentales. Desconocemos la naturaleza de esos documentos, pero la eliminación de los mismos ha sido admitida por las propias partes involucradas. Por tal razón solicitamos que tome conocimiento de esa situación y, a la brevedad posible, se investigue la potencial comisión de infracciones bajo el alcance del Artículo 2.001(p)(2) de la referida Ley Número 107-2000”, reclamó en comunicación escrita Echevarría Vargas, quien copreside el Comité de Transición junto al licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

Echevarría Vargas denunció la violación al Artículo 2.001(p)(2) de la referida Ley Núm. 107-2000 que prohíbe: Destrucción, Mutilación o negativa a entregar Documentos Públicos, en la misiva enviada a la secretaria de Justicia interina, Inés del C. Carrau.

La misma dispone que “Cualquier funcionario o empleado del municipio que destruya, extravíe, oculte o se niegue a entregar cualquier tipo de información, archivos o expedientes, incluyendo aquellos electrónicos, con la intención de retrasar u obstaculizar el Proceso de Transición, o de evadir su responsabilidad, cometerá delito grave, y convicto que fuera, será sentenciado a cumplir seis (6) años de cárcel. De mediar circunstancias agravantes, la pena podrá ser aumentada a diez (10) años de cárcel. De mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida a un mínimo de cuatro (4) años de cárcel”.

A nivel federal, en la carta dirigida al jefe del FBI, agente especial Rafael Riviere, el catedrático de la Escuela de Derecho explicó que, como consecuencia del resultado de las elecciones del 3 de noviembre, y en cumplimiento con la Ley local Número 107-2000, se comenzó un proceso de transición administrativa en este municipio, que incluye la constitución de un Comité de Transición y la entrega de documentos oficiales.

Y le solicita que el FBI investigue la posible comisión de delito,a la luz de la Sección 2071 del Código 18, que prohíbe la destrucción de documentos.

“Constituye un delito grave, la destrucción de documentos que tenga como objetivo ocular información al Comité Entrante en las transiciones.  Igualmente, existen disposiciones de carácter federal. Me parece pertinente que se pase un escrutinio sobre la posible comisión de delitos”, sostuvo Echevarría. La semana pasada y hoy martes en plena sesión de vistas de transición, trascendió que habían documentos triturados dentro de varias bolsas, en las oficinas de la Legislatura Municipal, oficinas que en esos días, estaban siendo utilizadas por personal de la Oficina de Compras y de Informática.

“Hay unas expresiones públicas para sosegar la inquietud de los ponceños, pero oficialmente no se nos ha explicado. Me parece que es importante que se realice una investigación muy concienzuda. Si no hay ninguna violación, ¡pues excelente! Me agradaría que fuera así. Pero hay que hacer un escrutinio”, puntualizó el profesor Echevarría Vargas.