El sistema político, económico y social de Puerto Rico atraviesa una crisis gravísima. No solo estamos bajo la imposición de una dictadura colonial que nos regresó a las leyes orgánicas de principios del siglo XX, sino que desde el año 2005 enfrentamos, además, una depresión económica de la cual no se anticipa recuperación a corto plazo.
Simultáneamente, los procónsules de la Junta nos quieren obligar a pagar una deuda injusta y exagerada, negociando acuerdos con los bonistas a costa del sudor y sufrimiento del pueblo de Puerto Rico.
La única manera de revertir la crisis y acabar con el atropello de la junta es mediante un cambio político profundo. Pero esto requiere acabar con el bipartidismo corrupto imperante.
Desde el año 1952, nos gobierna una clase política intermediaria colonial que nos ha llevado a esta debacle. No solamente quebraron el gobierno y sus corporaciones públicas, sino que también han destruido los elementos básicos de gobernabilidad y la viabilidad del país.
Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo: casi el 50 por ciento de su población está bajo los niveles de pobreza y el 60 por ciento de los niños y niñas son pobres. A pesar de esto, la clase política solo legisla para los ricos de capital extranjero y para las corporaciones que no pagan contribuciones sobre ingresos, destruyen el urbanismo y nuestro medio ambiente.
No existe diferencia entre los dos partidos que se han alternado el poder dentro de esa clase política intermediaria y putrefacta. El último ejemplo de esta similitud fue el endoso del PPD a la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Gran parte de nuestro desastre como país nació de las políticas neoliberales que empobrecen al pueblo y de las cuales los dos partidos tradicionales han sido responsables.
Así que la clase política azul y roja nos ha llevado a caer en lo más bajo del coloniaje norteamericano, sin poderes soberanos, políticos ni democráticos. Además, sin control alguno sobre nuestra economía. Sumidos en pobreza generalizada y extrema.
Para colmo, las corporaciones extranjeras se llevan $35 mil millones en ganancias anuales y los incentivos contributivos permiten la fuga de $20 mil millones adicionales. Ante esta injusticia, esa clase política abyecta da la espalda al pueblo y le suple en todas sus acciones más leña a la fogata voraz de la desigualdad y la miseria.
Este panorama ha llevado a que gran parte del pueblo puertorriqueño se haya enajenado de los procesos políticos y electorales. La abstención de los electores hábiles en las elecciones pasadas llegó al histórico 50 por ciento. Si no hay interés, se debe principalmente a que no le ven futuro a las medidas y programas de esa clase política descompuesta.
La gente se ha abandonado a su suerte y han dependido primordialmente de la emigración para resolver sus problemas.
Pero a la luz de los resultados del año 2020, en donde el espectro político se dividió en tres pedazos prácticamente iguales, surgen nuevas perspectivas. El gobernador Pierluisi solo logró el 33 por ciento del voto, mientras que los partidos que podrían representar cambios fundamentales lograron la aceptación del 28 por ciento del electorado. Esto plantea nuevos rutas de acción política.
Hace dos semanas, el Movimiento Victoria Ciudadana anunció formalmente que perseguirá alianzas para alcanzar el poder. Hace par de días, el Partido Independentista Puertorriqueño hizo lo propio. Es decir, se abre un nuevo horizonte para lograr acuerdos y alianzas que permitan constituir una nueva clase política no corrupta en el país y que tenga metas claras para el crecimiento y desarrollo económico-social de nuestro pueblo.
Pero esta gestión no es fácil. La ley electoral lo prohíbe. Claro, los partidos políticos tradicionales no quieren que ocurran alianzas electorales que puedan destronarlos.
Así que será necesario impugnar judicialmente esa legislación.
Los argumentos legales parecen claros. Hay derecho constitucional a la asociación libre y la ley electoral no puede impedir que los partidos se asocien. Pero aún, si eso no fuera posible, y ocurriera un revés judicial, esto no acaba con el futuro de las alianzas.
A mi juicio, cualquier alianza tiene que partir de un programa. Un programa que establezca metas específicas y las estrategias para alcanzarlas. Un programa que sea inclusivo, racional y viable.
Este programa debe incluir todos los sectores: comunidades pobres, el sector obrero y sindical, la comunidad LGBTTQ, los grupos ambientalistas, las organizaciones de mujeres, los empleados a salario mínimo, los desempleados y los retirados, entre otros.
Todos tienen que verse representados en ese programa.
El programa debe plantear una ruta para luchar contra el coloniaje, eliminar el paraíso fiscal y los privilegios injustos a inversionistas extranjeros, la cancelación de la deuda, la reconstrucción de la UPR, el rescate de los bienes públicos mediante la anulación de las privatizaciones, el establecimiento de un sistema universal de salud, el aumento del salario mínimo y muchos reclamos adicionales indispensables para poder controlar nuestro futuro, organizar nuestra economía y atender el bienestar social.
Por otro lado, debe postularse una plantilla electoral consensuada para todas las posiciones del gobierno de Puerto Rico, tanto nacional como municipal. Ya no se deben considerar juegos estratégicos sobre cuántos podemos elegir en cada momento histórico. El pueblo espera por una nueva generación de políticos que puedan generar una alternativa de gobierno pleno. No meramente para fiscalizar. Debe haber vocación hegemónica.
La selección de los candidatos no puede ser a base de dinastías o de tradiciones políticas. Los candidatos tienen que representar legítimamente a los diversos sectores participantes y tener las competencias necesarias para hacer el mejor trabajo.
El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño tienen que hacer un análisis humilde, no egoísta, sobre a quiénes deben postular a base de la verdadera representatividad de las causas. Todas estas personas tienen que estar comprometidas con ese programa y echarlo para adelante.
Estoy seguro de que estos partidos tendrán su idea clara sobre cómo lograr el éxito de esta alianza. Lo importante es que sea inclusiva, con vocación hegemónica y con metas y estrategias claras.
Pienso que solo así, es probable que haya luz al final del túnel.
Que visionario este hombre.
Excelente!
Hay unos esfuerzos concertados bajo el nombre Causa Común por Puerto Rico que abarca todo aquel que quiera derrotar el bipartidismo y lo que ha significado para nuestra isla bendita.
A la actual ALIANZA MVC (independientes, MUS, PPT, descontentos, Vargas Vidot) ahora se le añade a la nueva ALIANZA DE PAÍS: el PIP, Luis Raúl Torres, Sr. Fourquet, Eliezer Molina, Carmen Yulín Cruz, y también más votantes descontentos y no votantes, el sector empresarial, etc…
Visionario, comprometido, gran educador, de extrema sensibilidad, corazón, firmeza, responsabilidad, credibilidad, ¡Dios lo mira de forma especial!
Completamente de acuerdo con el lcdo. Emmanuelli. Nos es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Hay un pueblo necesitado y sediento de justicia. Cansado y ahogado por los desmánes de rojos, azules y sus cómplices.