La carbonera AES tiene dos proyectos de placas solares a escala industrial en terrenos agrícolas de los municipios de Salinas y Guayama, llamados Salinas Solar Fase 1 y Jobos Solar. En conjunto, han sido denominados como el proyecto Marahu.
El Departamento de Energía federal (DOE) aprobó una garantía de préstamo que asciende a $861 millones a AES para estos proyectos que ponen en riesgo a comunidades de Salinas y Guayama y sacrifican innecesariamente los terrenos agrícolas, los bosques, los humedales, los cuerpos de agua y los ecosistemas de nuestra región.
La garantía de préstamo fue solicitada por la corporación AES para su compañía afiliada, Clean Flexible Energy, LLC (CFE). El monto del beneficio que le brinda el DOE a AES alcanzaría, según varias cotizaciones para proveer más de 50 mil sistemas solares en techos con baterías a residencias.
La Agencia de Protección Ambiental federal también ha dado luz verde a los proyectos de AES a pesar del historial de contaminación y violaciones ambientales de la corporación.
La EPA misma le ha impuesto multas por violaciones ambientales a AES, pero estas son mínimas comparadas con el beneficio de $861 millones que le concede el gobierno federal a la corporación.
De igual manera, la EPA y DOE han asignado fondos para proyectos de sistemas solares en techos en Salinas que son mínimos comparados con el beneficio de $861 millones a favor de AES.
Las instalaciones de estos sistemas solares ocurrirían en tierras agrícolas de alta calidad que incluyen varios cuerpos de agua y áreas ecológicamente importantes en Salinas y Guayama, incluyendo hábitats de especies protegidas.
El Comité Dialogo Ambiental, junto a otras organizaciones, solicitaron que el DOE denegara la solicitud de AES o que, como alternativa, se preparara una Declaración de Impacto Ambiental que considere los múltiples impactos de los dos proyectos en los ecosistemas del área, en la agricultura y las comunidades.
Esta solicitud fue ignorada por el DOE.
El proyecto de AES/CFE, llamado Salinas Solar Fase 1 ocuparía 525 acres y tendría una capacidad propuesta de 120 mega watts (MW) de generación fotovoltaica y 175 mega watts para un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
De otra parte, el proyecto Jobos Solar fue inicialmente descrito como una facilidad de 80 MW PV y 110 MW BESS y ocuparía 318 acres.
Sin embargo, ambos proyectos podrían acaparar sobre mil cuerdas de Suelo Rustico Especialmente Protegido-Agrícola en la segunda fase propuesta.
La falta de información sobre esa segunda fase constituye una segmentación del análisis ambiental y no considera los impactos acumulativos de las instalaciones solares a escala industrial, lo cual es requerido por la Ley federal de Política Ambiental (NEPA por siglas en inglés).
Los impactos a tierras de cultivo por las instalaciones solares a escala industrial incluyen la erosión del suelo, compactación del terreno y pérdida de la estructura del suelo, debido al uso de equipo pesado.
También impactos negativos a causa de la deforestación, segmentación y destrucción de hábitats de especies protegidas, aumento de descargas de aguas pluviales, disminución de la recarga del acuífero y aumentos en sedimentos descargados a la Reserva de la Bahía de Jobos.
Los efectos hidrológicos e hidráulicos de los proyectos de AES incluyen el aumento de los caudales de aguas pluviales, el aumento de los sedimentos suspendidos y el aumento de la severidad de las inundaciones para las comunidades de Barriada López, San Felipe y Mosquito, ubicadas inmediatamente al sur del sitio del proyecto.
Estos proyectos ubican en una zona de fallas geológicas activas. Según los peritos consultados, el fenómeno de la amplificación de las ondas sísmicas también debe ser considerado, porque estas condiciones pueden hacer que los terremotos se sientan más fuertes.
El DOE y la EPA, además, no deberían aprobar beneficios federales a un proyecto que podría literalmente estar bajo el agua.
La propia información de AES indica que las estructuras de los módulos de los paneles solares se colocarían dentro de las áreas de retención de aguas pluviales. Esto significa que, durante períodos de lluvias copiosas, tormentas y huracanes, las estructuras de soporte de los paneles quedarían bajo el agua.
AES tampoco explica de dónde vendría el agua para lavar los casi 300 mil paneles solares propuestos en la fase 1 del proyecto Salinas Solar. Las agencias no le han requerido esta información, a pesar de que el acuífero de la Costa Sur se encuentra en estado crítico y la región ha experimentado racionamiento de agua.
En resumen, las instalaciones de energía eléctrica más contaminantes en Puerto Rico se encuentran en Salinas y Guayama.
El nivel de ingreso, la composición racial y los índices de pobreza en ambos municipios, en comparación con el resto de Puerto Rico, establecen una Comunidad de Preocupación (COC por sus siglas en inglés), lo cual, bajo los principios de la Justicia Ambiental, es una comunidad que podría verse afectada desproporcionalmente por los proyectos en controversia.
El NEPA requiere que las agencias federales analicen alternativas razonables como los sistemas solares en techos, antes de conceder un beneficio de esta magnitud.
El objetivo de energía renovable debe tomar en cuenta la ubicación adecuada de las instalaciones para que no afecten innecesariamente las tierras agrícolas, áreas ecológicamente sensibles o que dependan de sistemas centralizados de líneas, postes y torres de transmisión y distribución.
El DOE no puede imponerle a las comunidades el tener que escoger vivir entre plantas fósiles de generación de energía y proyectos de placas solares a escala industrial en terrenos. Múltiples estudios demuestran la viabilidad de lograr las metas de energía renovable a través de los sistemas solares en techos y otros espacios construidos, como áreas de estacionamiento.
No hay que sacrificar terrenos, la ecología, ni a las comunidades.
El gobierno debe invertir ya los fondos de recuperación de desastres y de mitigación en sistemas solares para techos y baterías, que beneficien directamente a sus residentes. Así se garantizaría la seguridad y la justicia energética.
La autora es abogada especializada en Derecho Ambiental y miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de Casa Blanca.
