Permea la incertidumbre ante potencial eliminación de la Ley 29

Alcaldes consultados reconocieron que sus presupuestos no contemplan reservas que cubran los pagos a Retiro y ASES, en caso de que el tribunal los obligue a cumplir con estas obligaciones.

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Si la Junta de Control Fiscal (JCF) logra invalidar la Ley 29 que exime a los municipios de la emisión de pagos para la Reforma de Salud y el Sistema de Retiro, más de una alcaldía en el sur del país encarará una crisis fiscal aún mayor.

Como trascendiera el pasado 2 de julio, la JCF radicó una demanda en el Tribunal Federal de San Juan para impedir la implementación de la Ley 29.

El estatuto, firmado el 17 de mayo por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, fue severamente criticado por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien calificó la pieza como “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”. Además, Jaresko advirtió que su implementación potenciaría un descuadre multimillonario en el presupuesto gubernamental, por lo que acudiría a los tribunales para impugnarla.

Aun así, alcaldes consultados por La Perla del Sur reconocieron que sus presupuestos no contemplan reservas que cubran los pagos a Retiro (PayGo) y la Administración de Seguros de Salud (ASES), en caso de que el tribunal los obligue a cumplir con estas obligaciones.

Esta posibilidad, añadieron, resultaría en descuadres presupuestarios y despidos de empleados, recortes de jornada o eliminación de servicios, como remedios para cubrir la insuficiencia.

En el caso de Ponce, el presupuesto recién aprobado por la alcaldesa María Meléndez Altieri no incluyó una reserva para PayGo o ASES, exponiendo al ayuntamiento a un potencial descuadre millonario.

El PayGo es un cargo impuesto desde el 1ro. de julio de 2017 por la JCF, para evitar que las alcaldías y agencias de gobierno sigan incumpliendo con las aportaciones al retiro de sus empleados.

Tras su implementación, el Gobierno Central asumió el pago de los beneficios de los pensionados, a cambio de que los ayuntamientos y agencias reembolsen el dinero al Departamento de Hacienda, mediante un abono mensual.

En el caso de Ponce, el PayGo requiere un pago anual de $7.4 millones. Entretanto, la aportación del ayuntamiento a ASES se estima en $9.9 millones anuales.

Peor en municipios pequeños

En los municipios pequeños, empero, la situación podría ser aún más grave.

Aunque los pagos por PayGo y a ASES no son significativos para municipios como Villalba, el impacto que tendría la eliminación de la Ley 29 para el Fondo de Equiparación podría ser devastador.

La Ley 29 contempla que se utilice el 50 por ciento de los fondos municipales destinados para ASES y hasta el 90 por ciento de lo que serían dirigidos al PayGo para reabastecer el Fondo de Equiparación del gobierno, del cual muchos municipios pequeños dependen hasta en 70 por ciento para su operaciones.

“Sin el Fondo de Equiparación, no hay forma que cerca de 40 municipios puedan funcionar, aún haciendo las economías que sean”, expuso el alcalde villalbeño, Luis Javier Hernández Ortíz.

“Para esto no existe un Plan B, porque el golpe es grande. Si tú miras el caso del Municipio de Comerio, si le quitas el Fondo de Equiparación, la merma es de más de 50 por ciento de su presupuesto”, continuó.

“Ya hemos hecho todas las economías habidas y por haber. Elimine fiestas patronales, reduje nómina, eliminé la partida de donativos y hemos absorbido servicios que antes se daban (mediante contratación privada). Ya no tenemos más de donde recortar”, añadió.

Hernández Ortíz además defendió la decisión de muchos alcaldes de no crear una reserva para los pagos de ASES y PayGo, toda vez que muchos municipios simplemente no tienen fondos o proyecciones de ingreso para justificar tal reserva.

“Nosotros no podemos hacer un presupuesto a base de la posible eliminación de una ley que todavía está vigente. Nosotros, responsablemente, tenemos que hacer nuestro presupuesto a base de la ley vigente y en este momento, eso es la Ley 29”, explicó.

“Le corresponde al gobierno defender la Ley 29, porque de lo contrario, pondría en dificultad operacional a casi 40 municipios”, enfatizó.

A su reclamo se unió el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien advirtió que de invalidarse la Ley 29 las repercusiones para la Villa de San Blas serían devastadoras.

Según estimó, el impacto neto para este año fiscal sería de $700 mil, en un presupuesto de $10.3 millones.

Adelantó que una nueva reducción de jornada y la cancelación de actividades y ayudas están entre las medidas que tendría que adoptar para amortiguar el golpe.

La situación, empero, podría ser aún peor cuando expire por completo el Fondo de Equiparación en el año 2023, según contemplado en el Plan Fiscal certificado por la Junta.

“Ya en el año 2022, el Municipio no tendría dinero para operar o se reduciría a una operación mínima, con muy pocos servicios”, dijo García Padilla.

“Las propuestas que han sido llevadas a la Junta han sido rechazadas. Estamos esperando ahora reunirnos con la nueva gobernadora a ver qué va a pasar”, sostuvo.

“Con el desgobierno que hay ahora mismo en el país, creo que ha quedado claro que los únicos que todavía funcionan son los municipios. Por eso, hago un llamado a la nueva gobernadora a reconocer la importancia de la descentralización y de que los municipios continúen operando”, añadió.

Por último, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, estimó en $350 mil la pérdida neta para las arcas municipales, de invalidarse la Ley 29.

A su juicio, esto además provocaría que se tengan que enmendar múltiples partidas del presupuesto.

“Creo que te vas a encontrar con que la mayoría de los municipios no incluyeron este cantazo en sus presupuestos, porque no hay fondos para ello, sin afectar adversamente a los empleados y los servicios”, afirmó Torres Ortíz.

El alcalde yaucano reconoció que el descuadre presupuestario seguramente resultaría en una reducción de jornada o cesantías de empleados irregulares y transitorios.

“Hemos recortado en contratos de servicios profesionales y ya no tenemos renta externa alguna en el Municipio”, sostuvo. “No tenemos mucho más que podamos cortar”.

“Ya hemos hecho todas las economías habidas y por haber. Elimine fiestas patronales, reduje nómina, eliminé la partida de donativos y hemos absorbido servicios. Ya no tenemos más de donde recortar”, advirtió el alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. (Foto archivo)