Organizaciones piden se garanticen derechos de afectados por terremotos

"Mientras el Gobierno de Puerto Rico ha hecho caso omiso a los reclamos de los grupos feministas y de la sociedad civil para la declaración de un estado de emergencia por la alta incidencia de la violencia de género, nuevamente nos encontramos ante un desastre natural donde no existen protocolos para atender la violencia de género" precisó Vilma González, directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres

foto: EFE

San Juan – El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico junto a varias organizaciones en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en la isla, denunciaron este lunes las violaciones a los derechos de las personas directamente afectadas por los sismos ocurridos en el suroeste de la isla y pidieron la atención de la emergencia desde una perspectiva de derechos humanos.

“Específicamente los derechos de vivienda, educación, seguridad y salud han sido vulnerados, en estos momentos de incertidumbre, luego del terremoto y los continuos sismos en el área sur, así como la pobre respuesta del estado. Desde el 28 de diciembre y luego el 7 de enero, nuestra isla enfrentó la realidad de otro fenómeno de la naturaleza al que las generaciones presentes no estábamos preparadas a pesar de las advertencias que personas expertas en la materia habían realizado”, indicaron.

Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo social indicó que la crisis económica “no resuelta, los desastres naturales y los creados por las administraciones del gobierno en el pasado, la falta de conciencia sísmica, la improvisación en la respuesta y la falta de transparencia, han sumido al país en un estado de inestabilidad y vulnerabilidad de los derechos humanos de la ciudadanía, que nos obligan a denunciar y exigir escuchar las voces de quienes requieren protección, niñez, juventud, mujeres, y adultos mayores”.

Puntualizó que sigue siendo “inaceptable que estas poblaciones, alrededor de 5.000 personas, no tengan repuestas organizadas frente a un futuro incierto, y que la salud mental y sus derechos continúen en deterioro por ser ciudadanía de los pueblos con mayor pobreza”. También denunció la situación de varios profesionales del trabajo social de las zonas afectadas en el sur, a los cuales se le exige cumplir con sus trabajos en el contexto de su propia vulnerabilidad, lo cual debe ser considerado para no violentar sus derechos laborales”.

Annette Martínez, abogada del Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad (DeCiudad) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana señaló que la actividad sísmica, al igual que los huracanes Irma y María, “pusieron al descubierto la falta de voluntad del Estado en reconocer que la vivienda es un derecho humano y no un privilegio para unos cuantos. Uno de los grupos más afectados son los que no son dueños o titulares de sus viviendas, porque vivían en residenciales públicos o bajo programas como Sección 8”.

“Desde los terremotos de diciembre y enero, muchas de estas personas no-dueñas, tuvieron que abandonar sus viviendas, y continúan pernoctando en la calle, bajo carpas, o en sus carros. Desde el Proyecto DeCiudad, hemos escuchado testimonios de residentes de vivienda pública que fueron desalojados de sus viviendas sin haber recibido ninguna alternativa viable de realojo, y en ninguno de estos casos el Departamento de Vivienda les ofreció ayuda profesional para lidiar con esta terrible situación”, dijo.

También “conocemos de residenciales donde se han desalojado a los residentes, pero la administración continúa cobrándoles la renta. Exigimos al Departamento de la Vivienda que haga pública la información sobre el proceso de desalojo de los residentes de vivienda pública y los derechos que les cobijan, informe a los residentes sobre el resultado de las inspecciones a las unidades de vivienda, detenga todos los procesos de cancelación de contratos en los municipios afectados, y que explique por qué a estas alturas no se ha emitido una moratoria del pago de renta de vivienda pública”.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional Puerto Rico a través de su directora ejecutiva, Liza M. Gallardo, indicó que “uno de los retos más grande que enfrenta el Gobierno es atender la crisis de vivienda en el área sur a causa de los terremotos”.

Según declaraciones públicas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la meta del Gobierno es que en 60 días “ya no haya necesidad de tener refugios abiertos. Sin embargo, las ayudas disponibles no son suficientes para atender el problema de las casas que sufrieron daños mayores o colapsaron de acuerdo a declaraciones de alcaldes del área sur. Ante la falta de una respuesta eficiente del gobierno estatal y federal tenemos a miles de personas que ahora están a la merced de las autoridades para que los reubiquen en un lugar seguro”.

La Relatora Especial, Leilani Farha, publicó un informe del Consejo de Derechos Humanos con las Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada.

El informe se enfoca en los requisitos fundamentales que debe cumplir el Gobierno para ofrecer respuestas eficaces que atiendan las verdaderas necesidades de los desplazados internos.

“Hacemos hincapié en esta publicación pues según la experiencia de la Relatora Especial y la nuestra ante el paso del huracán María, los Estados no siempre son conscientes de cómo aplicar las obligaciones de derechos humanos en el contexto de la vivienda. Al igual que han demostrado su incapacidad para que esas obligaciones pueden traducirse en medidas concretas para hacer frente a la crisis”, dijo.

“Estamos ante una situación sin precedentes en la historia moderna de Puerto Rico en cuanto a violación de derechos humanos en contextos de desastres. El paso de los huracanes Irma y María en el 2017 trajo desafíos que han afectado las vidas de mujeres y niñas, especialmente las sobrevivientes de violencia de género. Tras el paso de los huracanes vimos un incremento en la violencia de género en la isla. No hay duda de que el período posterior al paso de estos huracanes sacó a la luz desigualdades preexistentes”, precisó Vilma González, directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres.

A su vez, indicó que estas desigualdades “hicieron nuestra población mucho más vulnerable. Ahora, dos años después, nos enfrentamos a un nuevo desastre. Tras la continua actividad sísmica que mantiene a la población en estado permanente de alerta y ansiedad”.

“Mientras el Gobierno de Puerto Rico ha hecho caso omiso a los reclamos de los grupos feministas y de la sociedad civil para la declaración de un estado de emergencia por la alta incidencia de la violencia de género, nuevamente nos encontramos ante un desastre natural donde no existen protocolos para atender la violencia de género, no hay un plan de relocalización de las personas desplazadas y, nuevamente, vemos cómo son las organizaciones sin fines de lucro, las que asumen la responsabilidad del estado para atender la emergencia”, concluyó