Ordenan restituir en la Policía Municipal de San Juan a sargento que demandó a exalcaldesa

“Contra el sargento Camacho comenzó un periodo de persecución en que lo obligó a poner su renuncia”, explicó uno de los abogados que representa al sargento

Foto: Visualhunt

SAN JUAN – El pasado 10 de abril del 2021, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) ordenó al municipio de San Juan la restitución del sargento Luis Camacho, revocando así la expulsión de la que éste había sido objeto por parte de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

El licenciado Michael Corona Muñoz, quien es uno de los abogados que representa al sargento tanto en el foro administrativo como en la demanda por violación de derechos civiles a nivel estatal, explicó que al sargento el municipio lo expulsó por la fiscalización del medio Tu Noticia PR a la administración de Cruz Soto.

“Utilizaron el aparato administrativo para de una forma u otra intimidar al sargento para que éste evitara que salieran noticias negativas que afectaran la imagen de la alcaldesa”, explicó Corona en comunicación escrita.

“Contra el sargento Camacho comenzó un periodo de persecución en que lo obligó a poner su renuncia”, añadió.

Con la restitución, también se ordenó al municipio a pagar todos los sueldos, haberes y beneficios marginales dejados de devengar desde su expulsión en junio del 2017.

La administración sanjuanera bajo el mando de Cruz Soto, en ese momento, expulsó al sargento bajo alegato de que el sargento no podía fungir como periodista y policía al mismo tiempo.

El abogado explicó que la administración molesta, porque nunca pudo castigar al sargento, no permitió su renuncia y decidió expulsarlo saltando todos los procedimientos administrativos.

Los comisionados Luis Navas, Manuel Díaz y Sonia Santana evaluaron la prueba presentada por el municipio y descargaron contra el ayuntamiento.

“Cabe destacar que la parte apelada (municipio de San Juan) acusó al apelante de trabajar simultáneamente como sargento y como periodista, de utilizar información privilegiada para hacer daño al municipio de San Juan y de propiciar un ambiente laboral y hostil.

Desde el 2015, la parte apelada conocía de los alegados actos impropios del apelante y no hizo nada al respecto. Si eran tantos los agravios por qué esperar 3 años para tomar acción”, citó en parte de la resolución.

“No fue hasta que apelante presentó su renuncia que se recurrió al proceso disciplinario. Ahora la parte apelada está impedida de ir contra sus propios actos”, continuó.

“Si no actuaron oportunamente no pueden pretender que en nuestro foro se validen sus actuaciones aceptando prueba que no es confiable ni que tampoco cumple con estándar de ser clara, robusta y convincente. Con generalidades, opiniones suposiciones e impresiones no se justifica la imposición de una medida disciplinaria tan extrema como la expulsión”, concluyó.

Ahora quedan pendientes dos demandas presentadas contra el municipio de San Juan y la exalcaldesa Cruz Soto.

En el foro federal los abogados Jane Becker Whitaker y Jean Paul Vissepó García representan al el exsargento Camacho por violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En la demanda federal, Camacho Ortiz exige que se le restituya a su puesto como sargento de la Policía Municipal, que ordene al Municipio de San Juan que se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen 2 millones de dólares en daños, además de las costas de abogados.

En la demanda estatal es representado por el licenciado Corona, Camacho reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan y 300 mil dólares a la alcaldesa Cruz. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.

En la demanda estatal es representado por el licenciado Corona, Camacho reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan y 300 mil dólares a la alcaldesa Cruz. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.

Documento; 18PM10