Movimiento Una Sola Voz en defensa del fondo para erradicar la pobreza infantil

"se estima que el nivel de pobreza de la niñez aumente en un periodo de cuatro meses de 58% a 65%, lo que representa 43 mil niños" detalló Marcos Santana

foto: EFE / MIGUEL GUTIERREZ

San Juan – Las organizaciones sin fines de lucro que integran el Movimiento Una Sola Voz (MUSV) cuestionaron al grupo 20/22 Act Society, quien por medio de su portavoz, Robb Rill, ha amenazado con retar en los tribunales el aumento por la radicación de informes anuales impuesto a empresarios e inversionistas que se benefician de los incentivos contributivos de la Ley 22.

El alza de $300 a $5,000 forma parte de las disposiciones que se incluyen en la Ley 40, firmada por la Gobernadora el pasado mes de abril.

Este dinero que deben aportar a los negocios exentos en Puerto Rico que operan bajo el decreto de la Ley 22, y cualquier otro otorgado a individuos residentes inversionistas bajo el Código de Incentivos, es destinado directamente a un fondo para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios dirigidos a erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico.

Para los integrantes del MUSV, las pretensiones de la entidad que reúne a los inversionistas extranjeros, que se benefician de amplias exenciones, intentan frenar el proceso, tratándose además de una aportación mínima, en comparación con el monto de sus ganancias, que sería utilizada para ampliar y fortalecer muchos de los servicios que brindan organizaciones del tercer sector para mitigar los problemas de pobreza y desigualdad que enfrenta el país.

“Sentimos mucho que este grupo de inversionistas que residen en la isla, presenten una traba innecesaria para la implantación de una ley que está destinada a aliviar las necesidades de nuestros sectores más vulnerables, sobre todo la niñez”, manifestó Ana Yris Guzmán, presidenta de la Junta Directiva del MUSV.

Asimismo, Guzmán Torres, en representación de las organizaciones sin fines de lucro del país, catalogó la intención legislativa de reglamentar este aumento a los inversionistas extranjeros, del representante Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como una loable y más que justificable.

Haciendo eco de las expresiones de la presidenta, el copresidente de la Junta Directiva del MUSV, Marcos Santana Andújar, señaló que ahora más que nunca es imperativo que las organizaciones sin fines de lucro puedan contar con todos los recursos necesarios para servir las comunidades incluyendo los fondos destinados bajo la Ley 40, dirigidos a trabajar con la erradicación de la pobreza infantil en el país.

“La pandemia del COVID-19, ha recrudecido las condiciones de pobreza y violencia en la que viven miles de familias puertorriqueñas, lo que representa un impacto directo en las condiciones de vida de nuestra niñez. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, se estima que el nivel de pobreza de la niñez aumente en un periodo de cuatro meses de 58% a 65%, lo que representa 43 mil niños más viviendo en desventaja económica, elevando la cifra de menores en pobreza a 386 mil. Exhortamos a los empresarios e inversionistas a que cumplan con su responsabilidad social empresarial y aporten al desarrollo pleno de nuestra niñez por el bien y el futuro del país.”

Con Guzmán Torres y Santana Andújar coincide la directora ejecutiva de Filantropía Puerto RicoGlenisse Pagán, quien por su parte expreso que “Apoyar los esfuerzos de las organizaciones que lideran el desarrollo social del país es responsabilidad de todos. Es vital que los beneficiados por la ley 22 reconozcan y aporten a esta labor tan esencial para la isla que los recibe.”

El MUSV hizo un llamado de alerta al país ante las intenciones del grupo 20/22 Act Society de invalidar el pago de la contribución que le exige la ley por las implicaciones que tendría para las organizaciones sin fines de lucro, máxime cuando el momento que vive el país demuestra nuevamente la capacidad de respuesta del tercer sector a favor del bienestar de los sectores más desprotegidos de la ciudadanía.