Momento decisivo para 50 familias invasoras de Vista Hermosa en Juana Díaz

Los residentes, en su mayoría de la devastada comunidad Manzanilla, arribaron a esta urbanización al no obtener auxilio de las autoridades gubernamentales.

Foto Archivo

Luego de meses de incertidumbre, llegó la noticia.

El medio centenar de familias que desde hace año y medio ocupa viviendas abandonadas del sector Vista Hermosa en Juana Díaz será atendido por funcionarios del Departamento de la Vivienda (DV) para, presuntamente, buscar una solución permanente a su situación.

El pasado domingo, 10 de marzo, caducó el periodo de 90 días concedido por la agencia para que estas familias de escasos recursos desalojaran la urbanización que ocuparon tras perder techo y pertenencias a consecuencia del paso del huracán María, en septiembre de 2017.

Los residentes, en su mayoría procedentes de la devastada comunidad Manzanilla, arribaron a Vista Hermosa al no obtener auxilio de las autoridades gubernamentales.

Sin embargo, a 14 meses de la ocupación, el pasado 10 de diciembre fueron emplazados mediante cartas para el desalojo del lugar.

Aun así, cuando restaban solo horas para que venciera ese plazo, el pasado viernes recibieron otra carta del DV donde los invitaban a reuniones en la Oficina Regional de Ponce el jueves 14 y viernes, 15 de marzo. Durante las mismas, deberían entregar múltiples documentos para participar de un proceso de cualificación, del cual no se ofreció detalles.

La oferta hecha por el DV ocurre a dos meses de que el secretario de la agencia, Fernando Gil Enseñat, declarara a WPAB 550AM que buscaría alternativas para cualificar a las familias invasoras.

“No estamos para desalojar ni quitarle la casa a nadie”, insistió Gil Enseñat durante la entrevista radial con José Elías Torres el pasado 4 de enero.

Reclama acción

A estas declaraciones, se sumaron semanas atrás más reclamos del alcalde de Juana Díaz Ramón Hernández Torres, quien en carta del pasado 25 de febrero reclamó acción urgente del secretario.

“A mí me preocupa el procedimiento, porque no está claro. Le corresponde al Departamento de la Vivienda aclarar esto”, planteó Hernández Torres sobre los criterios que se utilizarán para determinar la elegibilidad de los residentes.

“Lo que se hizo con las 51 viviendas que se habían entregado era que se evaluaba cada caso y si la persona no tenía los recursos, pues no paga nada. En los casos que se demuestre que la persona tiene ingresos, se ponía un tope de hasta $15 mil a 30 años”, explicó. “Así es que funcionaba el programa. Si van a cambiar el proceso en esta etapa, desconozco”.

“No hay razón para que esto no se pueda resolver”, añadió. “Este es un proyecto de vivienda que llevaba tiempo abandonado y ellos (familias) han limpiado las viviendas, les han dado mantenimiento y yo no tengo mayores problemas con ellos”.

La urbanización Vista Hermosa fue construida hace más de una década como parte del programa Hogar Seguro. El proyecto de vivienda fue financiado con fondos federales y se levantó sobre terrenos adquiridos -y luego cedidos- por el Gobierno Municipal de Juana Díaz.

Su finalidad era reubicar a familias que residen en sectores de alto riesgo de inundaciones como Manzanilla.

Desde el año 2011, el alcalde juanadino ha reclamado al DV que complete la entrega de las unidades construidas, pero no entregadas. Inicialmente, la agencia alegó que la demora se debía a que muchas no tenían permiso de uso por problemas con sus líneas sanitarias.

Ante la dilatación, el ayuntamiento demandó al DV por incumplimiento de contrato en agosto de 2016.

A la expectativa

Por su parte, la portavoz de las familias invasoras de Vista Hermosa, Vasti Cruz Droz, indicó que los residentes se mantienen a la expectativa y en tensión por lo que pudiera ocurrir durante el proceso de cualificación.

“Desde que nos enviaron la primera carta en diciembre hablando del desalojo, no hubo comunicación alguna con nosotros de parte de Vivienda. Luego el viernes, a toda prisa, llevan esta carta a los vecinos, dos días antes de que venza el periodo de los 90 días”, relató Cruz Droz, quien habita una de las viviendas invadidas junto a su hijo de 10 años de edad.

Entre los documentos solicitados por el DV figuran identificación con fotos, certificaciones de deuda, planillas y documentos contributivos, del CRIM y ASUME.

Cruz Droz destacó además que la misma carta hace la salvedad de que -en el caso de que personas no cualifiquen o no acudan a la reunión con el DV en la fecha mencionada- tendrán 60 días para abandonar la vivienda que ocupan, o se expondrán a procesos legales.

“Tenemos preocupación porque hay muchas personas que por diferentes razones no laboran y no sabemos cuál va a ser el mecanismo para determinar si cualifican o no”, sostuvo la residente.

“Lo más justo aquí sería que usen la misma métrica que utilizaron  para cualificar a los demás residentes de la urbanización. Aquí habemos personas que estamos pasando por una verdadera necesidad, no estamos aquí por gusto propio”, insistió.