Levanta bandera roja destrucción de franja que une al Bosque Seco

“Fue un acto completamente irresponsable”, puntualizó Miguel Canals Mora, quien laboró como guardabosque del Bosque Seco de Guánica por 34 años.

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Otra potencial confrontación entre constructores y ecologistas se fragua en el sector Punta Las Pardas, situado al costado oeste de la Bahía de Guánica.

El pasado miércoles, 8 de marzo, equipo pesado removió corteza terrestre y vegetación de una zona de planificación especial del Bosque Seco de Guánica, para abrir caminos y efectuar estudios de suelo.

Esto como antesala a la propuesta construcción de un complejo turístico de lujo, denominado Dreams Puerto Rico Resort & Spa, que según la cadena AMResort abrirá sus puertas en octubre de 2018 con 250 habitaciones.

En esta ocasión, la zona impactada fue una franja montañosa de casi 30 cuerdas de extensión, clasificada como corredor biológico entre las secciones este y oeste del Bosque Estatal de Guánica. El predio pertenece a una finca de 1,050 cuerdas del pueblo de Puerto Rico, administrada por la Administración de Terrenos.

Como explicó el veterano biólogo Miguel Canals Mora, el territorio manifiesta la misma biodiversidad de aves, flora y fauna de la Reserva Internacional de la Biosfera, y es hábitat tanto para especies protegidas como en peligro de extinción.

Aun así, la extracción de suelo y material vegetal contó con el endoso del nuevo secretario auxiliar de la Secretaría de Permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Moisés Sánchez Loperena, quien autorizó la actividad al amparo de una Consulta de Ubicación aprobada por la Junta de Planificación en julio de 2010.

“Estas personas abrieron alrededor de 20 caminos con ‘bulldozers’. Es una cosa increíble, en un bosque tan maduro como el bosque de Guánica. Causaron un daño impresionante, sin medidas de erosión y sedimentación, y sin la presencia de biólogos del DRNA para supervisar las labores”, puntualizó Canals Mora, quien laboró como guardabosque del Bosque Seco de Guánica por 34 años.

“Fue un acto completamente irresponsable”, agregó.

Permiso con querella pendiente

Como evidencian documentos en poder de La Perla del Sur, la tarea fue autorizada por el DRNA aun cuando esta agencia no ha resuelto una querella radicada el pasado mes de octubre contra el mismo desarrollador, por daños ocasionados en el mismo solar.

En dicho incidente, se destruyeron al menos 11 mil árboles ubicados en un predio de cuatro cuerdas. Los actos fueron detectados y detenidos por personal del Bosque Seco de Guánica.

De acuerdo a la querella Q-MAY-G-033-16, el proyectista utilizó equipo pesado para mover corteza terrestre en exceso a lo que permitía un endoso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

No obstante, a cinco meses de la intervención del DRNA ninguna agencia ha emitido sanciones contra los responsables. En su lugar, el DRNA y OGPe autorizaron las obras más recientes.

“Creo que es el daño ecológico de mayor magnitud que haya visto desde que estoy en el área (1983). Es una cosa increíble”, insistió Canals Mora. “Esto es, incluso, más grave que el daño de Windmar en Guayanilla y en un área aún más sensitiva”.

“Es inverosímil”, continuó. “La misma carta que autoriza la acción que se llevó a cabo la semana pasada, reconoce que aún está bajo investigación lo que hicieron en octubre”.

A juicio de Canals Mora, la autorización emitida por Sánchez Loperena también levanta interrogantes sobre la imparcialidad del DRNA en este caso.

Sánchez Loperena, otrora gerente de proyectos de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), fue presidente de la firma de ingeniería y construcción Engitechnika Group Corp, empresa a la que el Departamento de Estado le revocó su certificado de incorporación en octubre de 2016.

Esto, por incumplir con su responsabilidad de rendir informes y pagar derechos correspondientes a los años 2014 y 2015.

Además, Sánchez Loperena figura en el portal de estadísticas Abre Puerto Rico como consistente donante político del Partido Nuevo Progresista, desde el año 2001.

Con 10 aportaciones que totalizan $7,050, el funcionario ha realizado donativos al exgobernador Luis Fortuño Burset, al presidente del Senado Thomas Rivera Shatz y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. A este último, le ha donado $4 mil desde mayo de 2014.

La última aportación registrada a nombre de Rosselló Nevares fue por $1,000: ocurrió el 13 de mayo de 2016, meses antes de que Sánchez Loperena fuera nombrado Secretario auxiliar de la Secretaría de Permisos del DRNA.

“Por lo que hemos visto de su resumé, no es la persona indicada para dar este tipo de permiso”, dijo Canals Mora. “Ha sido un gestor de permisos, un ingeniero que viene de una compañía de construcción. Según tengo entendido, no tiene ningún tipo de peritaje en evaluaciones de este tipo”.

Proceso cuestionable

El proyeto original contemplado para Punta Las Pardas -uno de mayor envergadura- fue presentado hace más de una década por Puerto Ensenada Development Group (PEDCO), una empresa presidida por el convicto desarrollador Joseph McCloskey Díaz.

Con el apoyo de la Administración de Terrenos, PEDCO había obtenido la aprobación de agencias reguladoras, incluyendo la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE, hoy OGPe).

Sin embargo, sobre la marcha el DRNA y la agencia federal Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés) levantaron serias objeciones.

Entre otras, porque los predios donde ubicaría el proyecto abarca zonas naturales altamente sensitivas, incluyendo el Bosque Seco, advirtió el FWS en una carta del 11 de enero de 2005.

Incluso, un mes después el FWS recomendó que no se ratificara la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar y concluyó que el proyecto tendría un impacto adverso en terrenos donde se han identificado al menos 11 especies de plantas y animales amenazados o en peligro de extinción.

Estos planteamientos chocaron de frente con un estudio de flora y fauna comisionado por PEDCO en el 2001. En el mismo, la desarrolladora proclamaba que la mayoría de los terrenos no eran similares al Bosque Seco y que el impacto sobre los recursos naturales de la zona sería “mínimo”.

No obstante, el DRNA retiró sus objeciones luego de que el proponente eliminó del diseño una marina y acordó en octubre de 2008 compensar los daños que acarreara la obra con un banco de mitigación de 538.2 cuerdas de terreno.

“La vegetación en el Bosque Seco es centenaria y no lo vamos a encontrar en próximas generaciones. No hay forma de reemplazarlo. No es posible mitigar ese tipo de terreno”, ripostó Canals Mora.

“Por el Plan Maestro de Bosques, se supone que desde el 1972 sea prioridad incorporar estos terrenos al Bosque Seco de Guánica. Se ha luchado por décadas por eso, pero aquí vemos que, en vez de cumplir con eso, le van poner un hotel encima”, añadió. “Esta va a ser la nueva gran batalla que se da por el Bosque de Guánica y la ecología de la región sur de Puerto Rico”.

¿A escena nuevamente?

Por otro lado, dos fuentes de este Semanario coincidieron al señalar que el convicto desarrollador McCloskey Díaz podría estar detrás del resucitado proyecto hotelero de Guánica.

Como argumento, plantearon que en meses recientes lo han visto participar en reuniones gubernamentales relacionadas a la obra.

En febrero de 2013, McCloskey Díaz fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por orquestar un esquema de fraude bancario con el cual defraudó a Doral Financial, FirstBank, Santander Mortgage y RG Mortgage por $14 millones.

El juez federal Francisco Besosa, además, le impuso tres años de libertad supervisada, al término de la condena. El reconocido desarrollador restituyó $1,058,671.

Según el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal en octubre de 2009 -periodo en que PEDCO aún gestionaba su Consulta de Ubicación- un total de 33 cargos por conspirar para cometer fraude hipotecario y por elaboración de documentos falsos fueron radicados contra McCloskey Díaz, el cantande Aldo Matta y otros ocho coacusados.

“Esto da mucho que pensar, porque esta persona ya tiene antecedentes. Hay que averiguar bien cómo es que se están llevando estas negociaciones para los permisos”, subrayó Canals Mora.