Meléndez Altieri pagará a fiscalía federal $100 mil en transacción “confidencial”

La resolución aprobada por la Legislatura Municipal se limita a declarar que la Fiscalía Federal hizo varios señalamientos a la administración de Meléndez Altieri, los que comunicó mediante carta el pasado 28 de junio de 2020, cuando restaban menos de cinco meses para las elecciones generales.

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A punto de concluir sus mandatos y sin rendición de cuentas alguna, la alcaldesa María Meléndez Altieri y Legislatura Municipal de Ponce comprometieron $100 mil en fondos públicos para el pago de penalidades por irregularidades cometidas durante su administración.

En votación partidista 10 a 1, la mayoría novoprogresista en la Legislatura Municipal aprobó el pasado lunes, 28 de diciembre, una medida para autorizar a Meléndez Altieri efectuar el desembolso, como parte de un acuerdo “confidencial” con la Fiscalía Federal.

Aunque se trata de un pago gestionado con fondos públicos, la administración saliente rehusó divulgar públicamente las violaciones incurridas y autorizó la transacción, a menos de dos semanas del cambio de gobierno.

“Al día de hoy, todavía no sabemos cuáles son esos señalamientos y es posible que ya gestionaron el pago, utilizando el dinero del pueblo”, dijo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura Municipal, Justiniano Díaz Maldonado. El legislador emitió el único voto contrario a la medida.

“Le voté en contra, porque yo no puedo refrendar o ratificar el uso de fondos públicos si no explica para qué son”, abundó.

La resolución aprobada se limita a declarar que la Fiscalía Federal hizo varios señalamientos a la administración de Meléndez Altieri, los que comunicó mediante carta el pasado 28 de julio de 2020, cuando restaban menos de cuatro meses para las elecciones generales.

Según Díaz Maldonado, en la sesión extraordinaria representantes de la administración municipal alegaron que la acción respondía a tres señalamientos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, referidos a su vez a la Fiscalía Federal.

Igualmente, representantes del ayuntamiento plantearon -sin más detalles- que la multa original ascendía a $150 mil, pero que mediante acuerdo se redujo a $100 mil.

“Cuando yo solicito que se diga para récord en qué consisten los señalamientos, el licenciado Edgar Hernández del bufete Cancio Nadal -quien aparentemente es quien hizo esta negociación con la Fiscalía Federal- dijo que de decirlo, lo diría en una sesión ejecutiva”, añadió Díaz Maldonado.

“La sesión ejecutiva nunca se hizo. Lo que hicieron fue un caucus entre ellos mismos”, continuó.

“Solicite saber cuál era ese acuerdo de confidencialidad que habían firmado con Fiscalía Federal y lo que me contestó el licenciado Hernández fue que eso era académico, porque ya estaba decidido. ¿Si eso ya estaba decidido, que hacíamos nosotros ahí (en la sesión)?”, preguntó el legislador.

La Perla del Sur intentó obtener una reacción del abogado Edgar Hernández, pero una solicitud de entrevista formulada a través de su secretaria Teresa Laboy, no fue respondida a la hora del cierre.

“Siempre planteé que una vez se divulgaran los señalamientos para récord, los iba a hacer públicos y a mí incluso se me amenazó que yo no podía hacer eso público, porque había un acuerdo de confidencialidad firmado. Pero este legislador nunca firmó ese acuerdo de confidencialidad. Allá el que lo firmó”, puntualizó. “¿A quién protegen? Yo no sé”.

Durante la vista estuvo ausente el legislador municipal del Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde entrante de Ponce, Luis Irizarry Pabón, quien se excusó de antemano.

La también legisladora de minoría del PPD, María Vicéns, estuvo presente al iniciar la sesión, pero se marchó antes de que se discutiera la medida para autorizar el pago mediante acuerdo extrajudicial.

La Perla del Sur solicitó reacción a Luis Irizarry Pabón a través de su directora de Comunicaciones, Mariely Paz Echevarria, pero la funcionaria notificó que el alcalde electo no reaccionaría al asunto.

“Yo emplazo al presidente de la Legislatura Municipal, a la alcaldesa, a la presidenta entrante de la Legislatura Municipal y al alcalde electo, que expliquen cuáles son estos señalamientos”, sentenció Díaz Maldonado.

“Aquí no estamos hablando de dos o tres pesos. Son $100 mil en un municipio en quiebra, que se van a desembolsar sin justificación pública alguna. Estamos hablando de fondos públicos. Esto no se puede hacer en cuartos oscuros, a espaldas de la gente”, añadió.

“La ciudadanía tiene derecho a saber”

En opinión del abogado y expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, el presunto “acuerdo de confidencialidad” entre el Gobierno Municipal de Ponce y la Fiscalía Federal carece de validez.

“Hay que distinguir entre lo que puede ser un acuerdo de confidencialidad dentro del marco de un caso, entre un ente privado que tiene una expectativa de privacidad, y un ente público. En este caso, estamos hablando de dos entidades públicas, el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal”, explicó a La Perla del Sur.

“Me parece que este es el tipo de controversia donde hay un interés público de conocer cuál es el contenido de los acuerdos a los cuales se hayan llegado. Aquí no hay un elemento de privacidad que haya que resguardar y en ese sentido, me parece que la ciudadanía tiene el legítimo derecho a poder reclamar y que se le rinda cuentas, en cuanto al contenido de ese acuerdo”, abundó.

“No se derrota, con meramente decir que hay un acuerdo de confidencialidad, lo que es derecho de la ciudadanía a obtener información de las gestiones que lleva a cabo su gobierno”, añadió.

De vacaciones

Por otra parte, trascendió que desde el pasado 18 de diciembre, la alcaldesa saliente se acogió a una licencia de vacaciones que se extenderá hasta el 10 de enero de 2021, el día previo a la juramentación del alcalde electo Irizarry Pabón.

Como resultado, Meléndez Altieri designó el pasado 21 de diciembre a la gerente administrativa de la Oficina de Finanzas, Yolanda Cruz Medina, como “alcaldesa interina”.

La decisión, que no fue comunicada de inmediato a la ciudadanía, ha generado confusión e incertidumbre sobre quién toma las decisiones en los últimos días de la administración de Meléndez Altieri.

“No se nos ha explicado nada. Advengo en conocimiento de que tenemos una alcaldesa interina cuando veo una carta (con fecha del 29 de diciembre) donde la alcaldesa interina le está diciendo al director interino de Recursos Humanos que algunas dependencias no se fueran en receso”, dijo Díaz Maldonado.

“Nosotros fuimos convocados a la Sesión Extraordinaria por la alcaldesa el 26 de diciembre, cuando se supone que ella estaba de vacaciones. Estas son las cosas que crean suspicacia”, continuó.

“Si ella convocó esa sesión extraordinaria mientras ella estaba de vacaciones (y con alcaldesa interina en funciones) yo no sé qué tan legal fue esa sesión y los proyectos que se aprobaron esa noche”, agregó.

Copia del Proyecto Número 3 donde se autoriza el pago del acuerdo extrajudicial