Más hostil el camino judicial para víctimas de violencia de género

“Con eso ya tú sientes ganas de quitarte. Si tenías miedo en el proceso de las agresiones, sigues teniendo miedo en el proceso judicial”, advirtió la directora ejecutiva del Proyecto MATRIA, Amarilis Pagán Jiménez.

Foto suministrada

Como si los traumas y la inseguridad que ya sufren no fueran suficientes, ahora cientos de víctimas de violencia de género en Puerto Rico deben enfrentar casi a solas los tediosos procesos judiciales en los que denuncian a sus agresores.

Según advirtió la directora ejecutiva del Proyecto MATRIA, Amarilis Pagán Jiménez, los selectivos recortes presupuestarios del gobierno les han pasado factura, dando un golpe mortal a los intercesores legales: una figura creada para apoyar, proteger y asesorar a las víctimas a lo largo de sus reclamos en los tribunales.

Como consecuencia, aseguró Pagán Jiménez, muchas de ellas ya desisten y declinarán en el futuro continuar con sus reclamos, dejando así impunes a los victimarios.

Los intercesores legales son personas que no necesariamente son abogados, pero conocen el proceso judicial y las dinámicas emocionales de la violencia doméstica, así como su efecto sobre las víctimas, por lo que acompañan a las querellantes durante el proceso en los tribunales.

Además, para muchas víctimas de violencia de género, este servicor público se convierte en la primera línea de orientación y referidos para albergue y consejería.

¿Requisito o escollo?

En entrevista con WPAB 550 AM, Pagán Jiménez además explicó que esfuerzos gubernamentales por reglamentar la práctica de los intercesores legales también están teniendo el efecto de alargar el proceso para que más profesionales asuman la encomienda de servir de guías y apoyo para las víctimas de violencia de género en Puerto Rico.

En específico, la Ley 18 de 2017 enmendó la Ley para la prevención e intervención con la violencia domestica, para requerir que todo intercesor legal sea certificado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

“Una figura que nació de las comunidades y de las organizaciones, de momento la regulan y entonces no puedes ser intercesora legal a menos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres te certifique”, explicó Pagán Jiménez.

“Si las mujeres no tienen asesoría en el tribunal, será otra de las razones por las cuales desistan de los casos”, añadió.

A juicio de la directora ejecutiva de MATRIA, los servicios de los intercesores legales se han vuelto indispensables en Puerto Rico, ante un proceso judicial que es insensible y hostil al estado emocional de la querellante.

“Cuando tú estás en una situación de violencia de género y vas a un proceso en un tribunal, llegas ese primer día a la sala de investigaciones y el abogado de la parte agresora te intimida o está la familia del agresor intimidándote”, describió Pagán Jiménez en entrevista de José Elías Torres.

“Con eso ya tú sientes ganas de quitarte. Si tenías miedo en el proceso de las agresiones, sigues teniendo miedo en el proceso judicial”, continuó.

“A eso se le suma que empiezan a suspenderse las vistas en el tribunal. Si tienes un trabajo que es precario o tienes niños o tienes que cuidar a personas mayores, esa visita al tribunal implica una ruptura de tu rutina. Si te siguen suspendiendo vistas, eso lo que te da es ganas de quitarte del caso”.

“Encima de eso están todas las situaciones emocionales y mentales que está manejando la mujer, y muchas veces sola. Con más razón se quitan porque llega el punto que piensas, ‘¿para que yo me estoy sometiendo a esto, si me están tratando a mi como si fuera un criminal?’”.

No dan abasto

Por otra parte, La Perla del Sur supo que el Tribunal de Ponce cuenta con solo dos intercesoras legales que atienden cerca de 30 casos mensuales, cada una, mientras que en las salas judiciales en Yauco y Juana Díaz estas figuras ya no existen, por lo que las víctimas de violencia de género están sujetas a la disponibilidad de los recursos de Ponce.

“El problema es que cuando la víctima llega a los tribunales pequeños, no tienen una persona que los oriente. Si el juez entiende que es un caso de alto riesgo nos llama, pero si no, (la víctima) se queda desprovista durante todo el proceso”, afirmó Yazmin Vargas Santiago, intercesora legal en el Tribunal de Ponce.

“Es un proceso tedioso”, reconoció Vargas Santiago sobre el trámite de certificación de intercesoras de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. “Hay personas que están capacitadas y tienen las ganas de trabajar, pero se les dificulta muchísimo poder ejercer”.

“En el proceso de ahora, entras a una lista de espera y luego tienes una entrevista. Solo si pasas la entrevista es que entonces puedes ir a la academia. Puede tardar un tiempo”, añadió.

Alerta, para las gradas

Por otra parte, Pagán Jiménez se mostró insatisfecha con la declaración de alerta nacional por violencia de género anunciada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 4 de septiembre, al igual que por la falta de acciones concretas desde entonces.

En su declaración, la gobernadora aseguró que se reuniría con sus jefes de agencia para ordenarles el cumplimiento de leyes a favor de la mujer y al Departamento de Educación extender a todas las regiones el proyecto de escuelas coeducativas, para enseñar equidad de género a nivel elemental.

La alerta nacional, sin embargo, no se emitió mediante una orden ejecutiva, ni se elevó a una declaración de “estado de emergencia”, como reclamaron múltiples grupos y organizaciones en defensa de la mujer.

“Todavía estamos esperando que el famoso ‘estado de alerta’ tenga alguna consecuencia en la vida de las mujeres”, criticó Pagán Jiménez.

“Cuando nosotras solicitamos una declaración de emergencia, estábamos pidiéndole al gobierno que se comprometiera a hacer lo que la ley y los protocolos le exigen hacer, porque seguimos viviendo una situación de impunidad”, continuó.

“Lo que estamos pidiendo es que se investiguen los casos, se recopile la evidencia y se radiquen cargos. Eso no quiere decir que queremos que a la gente se le quite el derecho a la fianza o que los procesen sin evidencia. Lo que queremos es que se atiendan los casos como a cualquier caso en el sistema penal”, concluyó.