LUMA-AEE: Un proceso de privatización mal concebido y peor estructurado

LUMA-AEE no es un proceso tradicional de privatización donde se traspasa lo público a lo privado. Es un proceso amañado que favorece a LUMA sin compromisos, métricas o responsabilidad corporativa alguna.

LUMA no es una entidad privada con capacidad plena de actuar de forma independiente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sin la obligación de responder al pueblo de Puerto Rico.

Tampoco es una alianza público privada con autoridad para destruir relaciones obrero patronales colectivas existentes.

La relación contractual de LUMA con la AEE está bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 130 del 1945 y sus disputas obreras deben resolverse en la Junta de Relaciones Laborales, que en cuestión de disputas obreras tiene jurisdicción exclusiva.

LUMA es simplemente una entidad privada que la AEE contrató para ocuparse de la administración de la transmisión y distribución de su negocio energético. Es decir, no administra la corporación en su totalidad, sino una parte de su operación.

Repito, LUMA no es un ente privado per se, sino administrador de una dimensión de una corporación pública que no ha desaparecido. Es decir, un mero administrador privado que contractualizó con una entidad pública existente.

Eso no le convierte es un patrono privado con derecho pleno. A LUMA se le puede considerar “patrono” por lo que se dispone en el sistema comprensivo de relaciones laborales de Puerto Rico y su legislación habilitadora, no por su constitución como un ente privado, sino porque sus gestiones a favor del patrono, es decir la AEE, lo convierten en aquel.

En la ley habilitadora de relaciones laborales de las corporaciones públicas el término “patrono” incluye a los “ejecutivos, supervisores y a cualquier persona que realizare gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente…” disponiéndose “que incluirá, además, a todo individuo, sociedad u organización que intervenga a favor de la parte patronal en cualquier disputa obrera o negociación colectiva” – Ley 130, 1945. Art. 2 (2).

La mejor prueba de lo expuesto anteriormente es que LUMA reconoció voluntariamente la organización sindical de la UTICE. Ello con el obvio propósito de destruir a la UTIER, lo que resulta ser una práctica ilícita evidente y prohibida por la misma ley.

La relación obrero patronal entre LUMA y la UTIER, incluyendo la disputa entre ambos, se da bajo el amparo de la Ley Núm. 130 del 1945, estatuto que garantiza a los trabajadores de las corporaciones públicas de Puerto Rico el derecho a organizarse y negociar colectivamente.

Si LUMA fuera una entidad privada tradicional, tendría que haber sido organizada bajo la Ley de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos, Ley Wagner del 1935, según enmendada por la Ley Federal de Relaciones Obrero Patronales, Ley Taft Harley del 1947. Casualmente, esta última no habría autorizado el reconocimiento voluntario extendido por LUMA a la UTICE.

La realidad jurídica, sin embargo, es que LUMA no podía reconocer a la UTICE, ni firmar un convenio con esta porque ambos cometieron prácticas ilícitas que afectaron las condiciones de trabajo de la unidad apropiada organizada por la UTIER. Esto impedía, además y según la ley, que la UTICE representara a esos trabajadores.

¿Podía LUMA ofrecer este reconocimiento voluntario a UTICE en un taller organizado por la UTIER? CLARAMENTE NO, porque la relación contractual de la UTIER con la AEE era un convenio de afiliación total, lo que requiere que todos los empleados de una unidad apropiada, que no desapareció y de hecho no desaparece ni aún ante la cesantía de los trabajadores durante una controversia obrera, formen parte y se mantengan siendo parte de una sola organización obrera, y ello como condición de mantener su empleo.

El término “convenio de afiliación total” significa que el convenio entre la UTIER y la AEE en su unidad de negociación colectiva está compuesto por todos los empleados de  la AEE y por su virtud se requería que todas las personas  que formaran parte de esa unidad pertenezcan a una sola organización obrera – Ley Núm. 130 del 1945. Art. 2, (7).

¿Podía la UTICE asumir la representación exclusiva de los empleados antes organizados por la UTIER? UN ROTUNDO NO. Los empleados afectados en esta disputa laboral eran de una unidad apropiada organizada por la UTIER.

La existencia de una disputa laboral no elimina ese vínculo sindical, sino todo lo contrario: se acrece el derecho de los empleados a ser representados por su sindicato, especialmente si se le ha cesado por causa o como consecuencia de la disputa o debido a la existencia de cualquier práctica ilícita del patrono, como lo define así la Ley de Relaciones Laborales de Puerto Rico.

“El término ‘empleado’ incluirá a cualquier empleado, y no se limitará a los empleados de un patrono en particular, a menos que la ley explícitamente lo exprese en contrario…, e incluirá a cualquier individuo cuyo trabajo haya cesado como consecuencia de, o en relación con cualquier disputa obrera, o debido a cualquier práctica ilícita de trabajo…” – Ley 130 del 1945, Art. 2, (3).

La unidad apropiada que ahora administra LUMA es parte de la AEE, por lo que su representante exclusivo sigue siendo la UTIER. La disputa obrera es que esa representación no la reconoce LUMA y ha discriminado sindicalmente contra ellos, al exigirles renunciar como condición para recontratarlos.

De hecho, antes de vencido el convenio, LUMA impidió la entrada de los trabajadores a sus lugares de trabajo y llevó a cabo un cierre patronal caprichoso, lo que es “ultra vires” o ilegal en Puerto Rico.  Las acciones de LUMA revelan un ánimo prevenido de un patrono anti-obrero.

Su posición, sin embargo, es inmaterial y no tiene sustancia jurídica que la valide, porque la ley no tolera esa irrazonabilidad patronal en ningún escenario o taller de trabajo puertorriqueño.

Ciertamente, LUMA NI NADIE podía llevar a cabo esas acciones en una unidad apropiada organizada sindicalmente y cobijada por un convenio.

He allí el mal cálculo de LUMA y el gobierno: pensar que los empleados así extorsionados, abandonados a su suerte y despojados de sus derechos, saldrían corriendo para asegurar su trabajo. Su evidente dignidad no les permitió cooperar con tan injusta conspiración.

La Ley Núm. 130 del 1945 no permite dichas conspiraciones y solo le permite ser representante exclusivo a aquellas organizaciones obreras que alcancen legalmente sus aspiraciones, es decir, que no sean beneficiadas en esas aspiraciones por cualquier práctica ilícita. Así, el término “representante” se limitará a “organizaciones obreras…, no establecidas ni mantenidas o ayudadas por cualquier práctica ilícita de trabajo prohibida en este subcapítulo” – Ley Núm. 130 del 1945, Art. 2 (4).

LUMA no podía exigir a los trabajadores que formaban parte de la unidad apropiada de la UTIER que renunciaran para ser nuevamente contratados. Ello era irrespetar el convenio colectivo negociado y vigente, afectando negativamente la unidad apropiada al tratar de destruirla, lo que es una práctica ilícita prohibida al patrono, en este caso la AEE y LUMA, su administrador.

Son muchas más las prácticas ilícitas cometidas por LUMA y que, de hecho, han favorecido a la UTICE en su afán de intervenir en la unidad apropiada organizada por la UTIER.

Entre otras cosas, negociaron un convenio colectivo por encima del ya existente. Por otro lado, actuando individualmente o concertadamente con otros, LUMA ha intervenido, restringido y ejercido coerción o ha intentado hacerlo en el ejercicio de los derechos garantizados por ley a esos trabajadores de la UTIER.

También ha intervenido a favor de la UTICE para desfavorecer a la UTIER como representante exclusivo.

Más grave aún, (1) ha estimulado y desalentado a la matrícula UTIER, discriminando al emplear y despidiéndoles en relación con la tenencia de su empleo u otros términos o condiciones de empleo; (2) se ha rehusado  a negociar colectivamente con la UTIER que es el representante de una mayoría de los empleados en esa unidad apropiada de negociación colectiva; (3) ha violado los términos del convenio colectivo existente; (4) ha dejado de emplear o reponer a su antigua posición -y de no existir esta, a otra posición sustancialmente equivalente a la anterior- a los empleados despedidos en violación a los incisos anteriores y (5) ha suspendido y demostrado la intención de suspender los pagos por concepto de seguros y planes médicos de los empleados y sus dependientes, mientras ocurre su disputa obrera (Ley Núm. 130, 1945.  Art. 8 (1) a, b, c, d, e, f, i, y k) o se ha estado negociando el Acuerdo de Alianza entre LUMA y la AEE.

¿Debió la UTIER recurrir a la Junta de Relaciones del Trabajo bajo el amparo de la Ley Núm. 130 para evitar esa intromisión y lo pactado entre LUMA y la UTICE? CLARO QUE SÍ. ¿Debió recurrir a la Junta durante la negociación entre LUMA y la AEE a través de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas? SEGURO.

El contrato con LUMA, a pesar de ser descrito y catalogado como una Alianza Público Privada, no cumple con la política pública de la Ley 29 del 2009. Entonces, no puede ser considerado, ni debe ser tratado como una Alianza Público Privada.

Una Alianza Público Privada presume la existencia de una entidad gubernamental que contrata con otra parte para delegar, entre otras, operaciones, funciones, y financiamiento.

En la ley, la Alianza Público Privada o Alianza es definida como “Cualquier acuerdo entre una entidad gubernamental y una o más personas, sujeto a la política pública establecida en esta ley, cuyos términos están provistos en un Contrato de Alianza, para la delegación de las operaciones, funciones, servicios o  responsabilidades de cualquier entidad gubernamental, así como para el diseño, desarrollo, financiamiento, mantenimiento u operación de una o más Instalaciones, o cualquier combinación de las anteriores” – Ley Núm. 29, 2009.  Definiciones (b).

El proceder de LUMA y de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, hasta ahora, ha sido como si la AEE no existiera, como si no fuera una de las partes en la transacción. Ello contrario a la política pública de la ley, dirigida a impulsar proyectos prioritarios para el país.

Esa política pública es clara. Se trata de “favorecer y promover el establecimiento de Alianzas Público Privadas para la creación de Proyectos Prioritarios y, entre otras cosas, fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir entre el estado y el contratante el riesgo que representa el desarrollo, operación o mantenimiento de dichos proyectos, mejorar los servicios prestados y las funciones del gobierno, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo socioeconómico y la competitividad del país” – Ley Núm. 29, 2009. Art. 3.

El contrato con LUMA cumple con muy pocos de estos mandatos. Especialmente si consideramos que solamente son consideradas como los UNICOS objetos de convertirse en Contratos de Alianza un grupo específico de proyectos en los que la AEE no cualificaba por no ser promotora de fuentes de energía renovables no vinculadas al consumo de petróleo.

En el caso específico de la producción de energía, los proyectos que cualificaban eran aquellos donde la construcción, operación o mantenimiento de plantas para la producción de energía existentes o nuevas tenían por obligación que utilizar “combustibles alternos al petróleo o que utilicen fuentes renovables, como la energía eólica, solar y océano termal, entre otras, al igual que la transmisión de energía de cualquier tipo” – Ley Núm. 29 del 2009. Art. 3 (3).

La AEE no cualificaba como proyecto a desarrollar como Alianza Publico Privada y, por lo tanto, el contrato de LUMA y la AEE no lo es. Esas negociaciones no cualificaban como proyectos de prioridad, no se podían establecer contratos de alianzas para la AEE, ni tenían el beneficio del manto de secretividad que se le brindó equivocadamente a su negociación bajo la Ley Núm. 29 del 2009.

Por otro lado, estas negociaciones no debieron afectar negativamente a los trabajadores y sus derechos.

Finalmente, y como si fuera poco, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas que administra el contrato de administración no tiene jurisdicción sobre el mismo.

La AEE no puede ser desmantelada por el ente privado que la administra. Aún si asumiéramos por virtud de la argumentación que el proyecto de LUMA-AEE cualificara, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas no tiene entre sus poderes específicos la facultad para “transferir la titularidad de bienes públicos a personas o entidades privadas…” – Ley Núm. 29, 2009. Art. 6 (b) (v) (c), Titularidad y Posesión.

Y si esa titularidad no ha sido transferida, la mantiene la AEE.

LUMA-AEE es un proceso de privatización mal concebido y peor estructurado. No es un proceso tradicional de privatización donde se traspasa lo público a lo privado. Es un proceso amañado que favorece a LUMA sin compromisos, métricas o responsabilidad corporativa alguna.

Los paradigmas del servicio han sido radicalmente transformados y la responsabilidad es huérfana. La inversión es cero, la posibilidad de ganancias absoluta y para ello un mal servicio está garantizado.

La privatización en sí misma no tiene que ser un proceso perverso. Se puede estructurar con garantías. Eso no ha ocurrido en este caso, donde la conspiración corporativa gubernamental se ha ocultado bajo un manto de secretividad que permite el contexto donde LUMA es contratada para administrar a la usanza a que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores en Puerto Rico, es decir, haciendo lo que le da la gana, irrespetando las leyes y convenios colectivos y persiguiendo, tanto a los sindicatos como a los trabajadores.

Esto, al punto de pagarle inmensas cantidades de dinero del pueblo para llevar a cabo estas barbaridades ilegales.

Lo más preocupante es que se está llevando a cabo y en secreto una nueva negociación para privatizar la generación de electricidad en la AEE. Eso no lo debería permitir la UTIER, las agencias reguladoras de las relaciones laborales en nuestro gobierno, la legislatura ni los tribunales. Acaso nadie aprende nada en este país donde son innumerables las experiencias fallidas de este tipo de privatización. ¿Por qué la UTIER y el movimiento obrero han tolerado esto?

Yo no lo entiendo, o tal vez me ha perdido algo por estar fuera de Puerto Rico.

¿Por qué la UTICE ha actuado de tan mala fe, conspirando con LUMA que obviamente está tratando de destruir otro sindicato? Ya la historia los juzgará.

Lo que resulta evidente es que la UTICE está violando la Ley Núm. 130 del 1945, está cometiendo una práctica ilícita al conspirar con LUMA y ello la inhabilita para representar a estos trabajadores.

La inseguridad jurídica es la norma en nuestro país, ello tiene un precio futuro. Ya le tocará su turno a la UTICE cuando LUMA se establezca a plenitud y devele su verdadero rostro especulativo.

También están en turno para ser asediados el resto de los sindicatos organizados en las corporaciones públicas de Puerto Rico. Es cuestión de tiempo, tal y como ha ocurrido por la falta de solidaridad sindical desde que se aprobó la Ley Núm. 7 del 2009 y su desgraciada secuela legislativa neoliberal, mercantilizadora, anti-democrática y contraria a la preservación de la vida.

(El autor es catedrático jubilado de Derecho Laboral y Relaciones Laborales en la Escuela Graduada de Administración Pública, de la Universidad de Puerto Rico. Además profesor e Investigador Adjunto Invitado del Centro Europeo y Latinoamericano de Diálogo Social en la Universidad de Castilla la Mancha, Campus de Ciudad Real, España. Asimismo, consultor en proyectos de internacionalización en América Latina y el Caribe, Amsterdam Law School, Section Labour Law, University of Amsterdam (UvA), antiguos Instituto de Investigaciones Hugo Sinzheimer sobre derecho del trabajo y el Amsterdam Institute for Labour Studies)